El alcalde de Ruiloba no convocará el pleno exigido por el PRC si no se retiran acusaciones «delictivas»

El alcalde socialista de Ruiloba Julio Pinna anunció ayer que no convocará el pleno exigido la semana pasada por el grupo regionalista - que está en la oposición- hasta que sus integrantes subsanen algunos aspectos de su solicitud, entre los que destaca la vulneración de su derecho al honor. Pinna explicó en un comunicado que los regionalistas le atribuyen hechos tipificados como delictivos «sin prueba alguna», lo que considera que puede suponer un «delito de injurias y calumnias».

El regidor informó de que ha enviado «un burofax a cada uno de los firmantes de la petición» de la sesión plenaria para advertirles de que, si no retiran las alusiones personales y presentan excusas públicas, él iniciará el ejercicio de todas las acciones civiles (demanda de protección del derecho al honor con petición de indemnización por daños morales y materiales) «que en derecho procedan, solicitando la condena en costas correspondiente; así como también las acciones penales correspondientes».

Este no es el primer encontronazo entre el alcalde y la exalcaldesa regionalista Sara Portilla (portavoz del PRC en el Ayuntamiento), que esta legislatura ya han limado asperezas más de una vez recurriendo al arbitraje de un juzgado. Todo el ciclo político está siendo accidentado por el enfrentamiento continuo entre el equipo de gobierno y el PRC, como lo demuestra que, en el pleno exigido, uno de los puntos del orden del día iba a ser la reprobación del regidor.

Ahora, en una resolución de Alcaldía emitida tras examinarse la documentación que el PRC presentó para pedir ese pleno extra, se da a los ediles de este partido un plazo de diez días para las correcciones. Además, se suspende el procedimiento de la convocatoria , y por tanto, el cómputo de los plazos. En teoría, según los datos aportado por el PRC cuando informó de la obligación legal de Pinna de convocar la sesión, esta debería fijarse para el 9 de diciembre.

Como es conocido, el grupo regionalista de Ruiloba forzó la celebración de un pleno extraordinario que, según sus palabras debería ser «automático y obligatorio por ley» en la fecha citada, tras haber ignorado el alcalde (que gobierna en minoría con el apoyo del PP) la petición que le plantearon los regionalistas el 3 de noviembre en el mismo sentido.

Estos concejales se acogieron al Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales para obligarle. Según informó entonces el partido reclamante -dirigido en el municipio por la exalcaldesa Sara Portilla, cuyo partido fue el más votado en las elecciones de 2023- su petición se produjo tras abandonar todos los ediles de la oposición una sesión anterior entre acusaciones de que el equipo de gobierno «no facilita los expedientes completos» de los asuntos a tratar.

Pero en este momento, Pinna reclama, a su vez, que se saquen del orden del día de ese pleno hipotético varios puntos. Uno es el referido a una subvención que ya ha sido concedida, por lo que no existe al respecto materia pendiente de decisión por el Pleno. Portilla también pedía información sobre un procedimiento independiente «que está actualmente judicializado, por lo que tampoco se puede tratar» en la sesión. Sobre ello, la teniente alcalde María Eugenia Martínez dice que la regionalista «incurre en un abuso de derecho en fraude de ley».

Además, desde el equipo de gobierno se quiere que se elimine un punto más, centrado en el estado de ejecución de modificaciones presupuestarias y solicita la aprobación y suspensión de acuerdos plenarios previos.

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