Derribar los 254 chalés de Argoños e indemnizar a los propietarios costará cerca de 50 millones

El fallo echa por tierra la hoja de ruta que fijó el anterior Ejecutivo regional para intentar regularizar algunas de las casas de este municipio. Y es que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Argoños, aprobado de forma definitiva en octubre de 2022 por la Crotu, era el mecanismo imprescindible para lograr salvar de la piqueta las viviendas. Ahora, ese PGOU tendría que decaer al incluir un PORN que ha sido declarado nulo.

«Igual tengo que esperar otros once años para tener una vivienda de sustitución. Con 75 años que tengo ahora no sé si llegaré a verlo», lamenta este vecino, vicepresidente de AMA (Asociación de Maltratados por la Administración), «agotado» tras tanto años de lucha sin haber conseguido el objetivo marcado.

Llegados a este punto, los afectados de Argoños tienen muy claro que ahora lo único que les interesa y lo que reclaman al Gobierno de Cantabria es la firma de convenios para elegir entre una vivienda de sustitución o una indemnización acorde al coste de su vivienda actual. «Todo esto es un sinsentido. La Fiscalía nos ha abandonado y los jueces ni siquiera nos han permitido personarnos en los distintos procedimientos como perjudicados. Se han equivocado y tengo claro que en la actualidad no se dictarían sentencias de derribo contra nuestras casas», lamentaba ayer Juan Antonio Viota, otro afectado de la urbanización Las Llamas, que tiene muy claro que «hasta que no me den las llaves de la nueva vivienda no abandonaré la mía».

La sensación de hastío y cansancio entre los afectados de Argoños se palpa a simple vista. Maite Gómez y su marido José Granado están a punto de perder su primera vivienda, en la que residen a diario a pesar de proceder de Madrid, y no entienden una circunstancia que se da en una gran parte de las 254 viviendas que hay que derribar en un municipio que supera ligeramente los 1.800 habitantes. «Resuelta que van a demoler nuestras casas, que están sobre suelo urbano consolidado, para luego construir otras en el mismo lugar. No hay quien entienda eso».

El presidente de AMA, Antonio Vilela, que considera que esta situación viene derivada de un «fracaso total del Gobierno de Cantabria y de la Justicia», del que «nadie se ha hecho responsable», pone cifras a la situación. Una de unos 50 millones de euros correspondientes al coste de derribar todas las viviendas e indemnizar a los propietarios, y otros 20 millones que se han invertido «sin éxito» en intentar regularizar las viviendas. «Todo ese dinero sale de los bolsillos de los cántabros, mientras que ninguno de los responsables de este despropósito ha pagado por ello».

Pero si hay algo que critica Vilela es que durante los dos años que han tenido que esperar para conocer el fallo definitivo del Supremo, «los servicios jurídicos del Gobierno regional, que se han lucido, nos han vendido que había altísimas posibilidades de que el recurso prosperase y se salvasen las viviendas». «Han sido dos años perdidos y encima no había una plan alternativo por parte del Gobierno», lamenta.

Ese plan pasaba por, al menos, tener contemplados unos terrenos en el municipio donde poder construir las viviendas de sustitución. «No hay parcelas miradas», reconoce el alcalde de Argoños, Juan José Barruetabeña (PP), quien considera que el fallo del Supremo es un «varapalo importantísimo, brutal». Y más, teniendo en cuenta que, con un presupuesto municipal de 2,1 millones de euros, «vamos a tener que hacer frente a indemnizaciones millonarias que nos pueden hipotecar durante años». De ahí que haya pedido amparo al Gobierno de Cantabria, a quien agradece la rápida respuesta que dieron el pasado miércoles al convocarles a una reunión la próxima semana.

Barruetabeña, que durante los últimos 17 años como alcalde ha estado apoyando en todo momento a los afectados, tampoco entiende que se llegue a esta situación. «Los jueces, a veces, no ven la realidad. Tendrían que venir aquí a ver dónde están estas viviendas, porque yo no veo dónde está el impacto paisajístico después de veinticinco años. No tiene sentido».