La indemnización a Nocanor compromete el futuro económico del Ayuntamiento de Noja

De hecho, estamos hablando de que esa cantidad, sobre la que ahora se tiene que pronunciar la Audiencia Provincial, supone el triple el presupuesto anual de este Ayuntamiento, que en 2024 alcanzó los 12,4 millones de euros. Sin embargo, la regidora popular cree que todavía es pronto para ponerse ante ese posible escenario, teniendo en cuenta que ante el peritaje del profesional independiente cabe recurso. «No podemos dar por hecho que va a tener que pagar el Ayuntamiento cuando al final no es el responsable principal. Es decir, primero, entiendo que lo que se tendría que hacer es una persecución a los bienes del responsable principal (el exalcalde condenado Jesús Díaz). Eso lo tendrá que investigar el juzgado, no el Ayuntamiento. Lo primero que tendrán que hacer es ir contra él», sostiene la alcaldesa nojeña.

En caso de que finalmente se determinara que el exalcalde Díaz es insolvente, «se tendría que ver de qué manera se hace responsable el Ayuntamiento. Pero desde luego estamos dando por hecho cosas y adelantándonos a situaciones que todavía no se han dado».

En el informe pericial presentado por el exalcalde condenado se concluye que la indemnización a percibir por la empresa familiar de su predecesor, Miguel Ángel Ruiz, «por parte de quien resulte responsable en Derecho», asciende a 12,9 millones de euros. Un cantidad que resulta de sumar 2,4 millones por los retrasos en la obtención de la licencia urbanística y su paralización, y otros 10,5 millones por el lucro cesante en forma de beneficios dejados de percibir por la constructora Nocanor. Sin embargo, la alcaldesa responde que en ese documento «puede poner lo que sea, pero el condenado es él. Es el responsable principal y será el que se tendrá que hacerse cargo de ello».

Preguntada por el hecho de que hayan pasado dos años ya sin que se haya ejecutado la sentencia, la regidora no se muestra sorprendida. «Son los tiempos del juzgado, la verdad es que tampoco me esperaba algo diferente», apunta.

El 'caso Nocanor', en el que se juzgaron unos hechos entre 2006 y 2011, parte de la interposición de una denuncia de la empresa de la familia Ruiz Lavín, en la que acusaban a Jesús Díaz y al que fuera su secretario municipal (salió absuelto) de «retrasar deliberadamente la concesión de las licencias para la construcción de 184 viviendas en la finca Socaire, con la finalidad de perjudicar económicamente a la constructora».

La Audiencia concluyó que se habían impuesto indebidamente obligaciones urbanísticas para perjudicar a Nocanor –que adquirió los solares que Díaz quería comprar–, determinando con ello que se produjera una retraso en la ejecución de la obras y que las viviendas se culminarán en el peor momento de la crisis inmobiliaria. Por estos hechos fue condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa Jesús Díaz.

En diciembre de 2023 y tras dictar la Audiencia el auto de ejecución de sentencia, Nocanor presentó ante la Audiencia Provincial la reclamación en la que cuantificaba la cantidad que entiende que el condenado (o el Ayuntamiento) debe indemnizarle, que son 26,8 millones.

Sin embargo, el Ayuntamiento consideró que esta reclamación «no se encuentra respaldada por documentos contables suficientes» en relación a los honorarios y el sobrecosto de intereses.