El PRC apoya a los afectados del censo en San Pedro del Romeral y estudia acciones judiciales

El conflicto por la paralización de las altas de empadronamiento en San Pedro del Romeral se tensa, al entrar en juego el Partido Regionalista de Cantabria, que amenaza con llevar el caso a la Fiscalía, mientras ofrece su apoyo a los afectados. Estos, por su parte, están estudiando también denunciar las «trabas» puestas por el Ayuntamiento para formalizar los empadronamientos, según han adelantado a este periódico.

El PRC advirtió ayer de que el bloqueo del censo «ordenado por la alcaldesa, Azucena Escudero (PP), y ejecutada por la secretaria municipal», según han dado a conocer varios afectados, puede constituir un delito de prevaricación administrativa por vulneración de los derechos fundamentales de las personas, por lo que no descarta presentar una denuncia ante la Fiscalía General de Cantabria. La situación afecta ya a alrededor de 12 vecinos, según adelantó ayer este periódico.

Ante este escenario, el Comité Local del PRC, partido que perdió la alcaldía en favor del PP en las elecciones municipales de 2015 por un margen de 14 votos, ha trasladado el caso a los servicios jurídicos del partido para que concreten las medidas legales ante esta situación «inédita», que se viene produciendo desde hace varios meses, con cierres constantes de las puertas del Ayuntamiento en el horario oficial de atención al público, de 09.30 a 14.00 horas, y negativas reiteradas de la secretaria a facilitar el trámite, según señala en un comunicado .

El PRC precisa que los perjudicados han dado a conocer que la secretaria municipal justifica su negativa aduciendo que el empadronamiento no es competencia suya, sino de la auxiliar, que en este momento se encuentra de vacaciones «y sin fecha conocida para reincorporarse» a su puesto de trabajo. «Incluso, ante la insistencia de los afectados, ha llegado a asegurar que tiene orden directa de la alcaldesa para no realizar ninguna inscripción en el padrón municipal en este momento». Además de condenar esta actitud «inexplicable», el PRC avisa de que la actuación de la regidora y la secretaria municipal no sólo puede ser constitutiva de un delito, sino que además «atenta contra derechos fundamentales de los vecinos y ocasiona en algunos casos perjuicios personales».

De hecho, mientras el Ayuntamiento permanece con las puertas cerradas, «hurta a los ciudadanos» la posibilidad de acceder a los servicios públicos que está obligado a prestar, denuncia el PRC.

Los regionalistas denuncian que Escudero «ha llegado al extremo de poner un candado» al servicio público de empadronamiento «por su temor a perder la Alcaldía», dado que el censo para las elecciones municipales del próximo 26 de mayo se elabora con los datos que estén registrados el próximo 30 de enero.

«Mucho nos tememos que es una más de sus trampas y triquiñuelas para tratar de mantenerse en el sillón, creando trabas que pueden impedir el ejercicio del derecho de voto a determinados vecinos, con una clara vulneración de sus derechos constitucionales y democráticos que resulta totalmente reprobable e intolerable», sostiene la formación regionalista. La agrupación municipal ha ofrecido «todo el apoyo» a los afectados para tratar de reconducir la situación «y buscar una solución que, salvo rectificación de la alcaldesa, puede acabar pasando por los tribunales de justicia».

Según ha podido saber este medio, alguno de los vecinos damnificados estudia también presentar una denuncia contra la primera edil municipal. Escudero señaló a este periódico que «no sabe nada de nada» sobre la paralización de las altas de empadronamiento.