El vertedero de Castañeda ya tiene los permisos para recibir el amianto

En concreto, lo que ha hecho la Dirección General de Medio Ambiente y Cambio Climático ha sido dar el visto bueno a la modificación no sustancial que solicitó el pasado 27 de octubre la empresa Iacan, propietaria de este vertedero que inició su actividad en 2009 como centro de gestión de residuos no peligrosos. Lo hace estableciendo una serie de condiciones para que el tratamiento del amianto se haga «bajo estrictas medidas de seguridad». Tras el análisis del expediente, la Dirección General considera que la inclusión de residuos con amianto no altera la naturaleza de la instalación, no implica incrementos significativos de emisiones ni cambios sustanciales en los procesos y no supone riesgos adicionales en términos de seguridad o salud pública siempre que se adopten las medidas de gestión legalmente exigidas. Es decir, que lo que se ha hecho es ampliar el catálogo de residuos admisibles, pero no hay un cambio sustancial de las condiciones del vertedero.

¿Cuáles son esas condiciones que acompañan a la autorización? Básicamente, las que ya figuran en la ley para este tipo de centros. Medio Ambiente obligará a que el amianto se deposite de forma exclusiva en una celda independiente al resto de residuos y que la manipulación sea segura y sin rotura de envases. Además, sobre la celda de vertido debe hacerse una cobertura diaria obligatoria y una cubierta final de seguridad. Cuando se clausure el depósito, el espacio quedará limitado a usos muy específicos y quedará georreferenciado para su control futuro.

Estos requisitos encajan con el proyecto presentado por Iacan, que defiende que aunque el amianto sea un residuo peligroso, resulta relativamente fácil de manipular. El riesgo que representa este material para la salud reside en que puede liberar fibras microscópicas que se expanden por el aire y que, al ser inhaladas, se introducen en los pulmones, llegando a originar distintas enfermedades. Por eso los residuos de amianto deben llegar a su lugar de depósito envasados en plástico o convenientemente encapsulados para evitar precisamente esta emisión de fibras.

La operación más delicada de todo este proceso reside en la manipulación del amianto, que prevé realizarse de tal forma que no se rompa el embalaje que lo recubre, puesto que, una vez depositado, el material no sufre reacciones: ni se degrada, ni da origen a lixiviados, motivo por el que puede ser llevado a vertederos de residuos no peligrosos.

La utilización y comercialización del amianto están prohibidas desde 2002 y la Ley de Residuos de 2022 dio un paso más y estableció un calendario para su eliminación de espacios públicos antes de 2028, priorizando emplazamientos atendiendo a su grado de peligrosidad y exposición a la población más vulnerable, siempre bajo la supervisión de un agente gestor autorizado, tanto en el ámbito público como en el privado. Sin ir más lejos, a Castañeda irán las 4.000 toneladas de amianto que saldrán del derribo de la Residencia Cantabria, que de no haber sido por los retrasos tenía que haber empezado el pasado mes de junio.

«La actual instalación viene a dotar a Cantabria de un medio seguro para poder hacer frente a esta obligación impuesta en la normativa estatal, dando salida al residuo, haciéndolo de forma segura y económicamente viable, lo que contribuirá de forma decisiva a la correcta gestión de estos residuos evitando su proliferación en depósitos incontrolados, donde su peligrosidad es máxima», señalan desde el Gobierno de Cantabria.

El proyecto cuenta con la oposición de distintos colectivos y también de partidos como el PSOE y el PRC, que han tratado de paralizarlo sin éxito por distintas vías.