La asociación de vecinos de Cañadío se integra en una organización nacional contra el ruido
La Asociación de Vecinos Pombo-Cañadío-Ensanche de Santander acaba de formalizar su integración en la Federación Nacional de Asociaciones contra el Ruido, entidad que agrupa a numerosos colectivos españoles a los que une su deseo de vivir en barrios y ciudades «libres de ruidos y de la basura procedente del ocio que se desarrolla junto a las viviendas», así como el de recuperar espacios públicos y calles, ahora saturados por mesas, sillas y taburetes de las numerosas terrazas de hostelería. Esta organización santanderina lleva años batallando contra el Ayuntamiento de Santander, al que ve permisivo con los negocios de hostelería, y contra este sector, al que considera causante de gran parte de los problemas del centro de la ciudad.
La Federación está formada por diferentes Asociaciones de Vecinos de Cáceres, Badajoz, Granada, Madrid, Miranda de Ebro, Gran Canaria, Tenerife, Ibiza, País Vasco, Zaragoza, Barcelona, Valencia, Logroño, Cartagena, Murcia, y ahora Santander. Todas se declaran «conscientes de las graves situaciones de indefensión que sufren los vecinos de estas localidades ante la creciente generación de ruido», por lo que han decidido unir esfuerzos y coordinar acciones para realizar una defensa común y constructiva del derecho a la salud y bienestar de los vecinos de las zonas afectadas.
Una de las primeras acciones realizadas por la Federación ha sido plantear ante el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de la Presidencia y en todos los Ayuntamientos en los que existe representación, un escrito-denuncia en el que se exige el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención de la Covid-19, entre las que se encuentra garantizar una anchura mínima de 3,5 metros en cada calle para procurar la máxima accesibilidad y seguridad. También se ha solicitado que se posibiliten itinerarios peatonales de manera colindante o adyacente a la línea de fachada, de forma que se disponga de una anchura de 1,80 metros en cada uno de los márgenes de las calles.
Por último, la organización recuerda que las Entidades Locales están obligadas a que se mantenga la distancia de seguridad en el reparto del espacio público a favor de los que caminan y de los que van en bicicleta, en ese orden de prioridad, garantizando de este modo el uso de este espacio. Desde la Federación no se descarta el acudir a la vía penal para hacer efectivo el cumplimiento de estas medidas.
