Polémica por los sueldos del programa de contratación de desempleados en el Ayuntamiento de Santander
Los nuevos trabajadores lamentan que sus salarios bajan «drásticamente» respecto a otros años y el Ayuntamiento dice que aplica la normativa que indica Intervención
Es la tercera vez que Ángel participa en el programa de Corporaciones Locales. En su caso, en el Ayuntamiento de Santander. Este programa, impulsado por ... el Servicio Cántabro de Empleo del Gobierno regional, coloca a desempleados en diferentes puestos de las administraciones locales en función de su formación durante seis meses y allí realizan las mismas tareas que sus compañeros de puesto. Y también cobraban lo mismo. Al menos, hasta el año pasado. La última convocatoria arrancó la semana pasada y Ángel, que es maestro e informático, participa por tercera vez como profesor de nuevas tecnologías en un centro cívico. Ha pasado de cobrar algo más de 2.000 euros mensuales brutos en 2019 y 2024, a 1.338 euros mensuales brutos en 2025. Y como él, los 73 desempleados que han entrado en esta última convocatoria; cada uno con una bajada diferente en función de su puesto pero «drástica» en todos los casos. De hecho, según apuntan desde el sindicato CCOO, algunos rechazaron firmar el contrato porque el salario es «muy inferior» al que tenían en la empresa privada. Y, según añaden desde Csif, esta «discriminación retributiva ya se produjo en convocatorias pasadas».
Desde el Gobierno de Cantabria, que es quien financia el programa, apuntan que los salarios «dependen completamente de los ayuntamientos». Y desde el Consistorio santanderino explican que la remuneración salarial que el Ayuntamiento asigna a los empleados procedentes del programa de empleo «se fundamenta en un informe del Servicio de Intervención, que determina que la normativa de aplicación al respecto es autonómica». En concreto se refiere a los artículos 4.2 y 14.8 de la Orden IND/1/2024, de 23 de febrero del Gobierno de Cantabria.
Así, el artículo 4.2 especifica que «las obras o servicios no podrán consistir en el ejercicio de funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas, que corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos». Mientras que el artículo 14.8 recoge que «las entidades beneficiarias contratarán a las personas trabajadoras entre las preseleccionadas por la oficina de empleo utilizando la modalidad de contrato vinculado a Políticas Activas de Empleo o contrato que lo sustituya, aplicando el convenio que corresponda. En defecto de convenio aplicable, las entidades beneficiarias asumen la obligación de pactar en los contratos de trabajo la aplicación de las previsiones, con carácter de mínimos, contenidas en los convenios colectivos de sector que correspondan a los puestos de trabajo subvencionados, como si de una empresa del sector privado se tratase».
Se basa en una norma que permite elegir el nivel básico del salario base y de complemento de destino
Los sindicatos exigen la subsanación de las desigualdades retributivas entre compañeros
Como conclusión a estos artículos en los que se basan para establecer ahora los sueldos, desde el Ayuntamiento apuntan que «atendiendo a esta Orden, la Intervención municipal emitió su instrucción especificando que, con el fin de llevar a cabo la contratación de los trabajadores de este programa, para los cálculos salariales se tendrán en cuenta los conceptos de salario base y el complemento de destino en su nivel básico según lo determinado en el convenio colectivo para el personal laboral del Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Santander, como no puede ser de otra manera, siempre actúa conforme a la legalidad y a las disposiciones técnicas que emiten los servicios municipales y, en este caso, atiende la instrucción recibida desde el servicio de Intervención».
Pero, para los sindicatos, el asunto no quedará aquí. Desde CCOO, afirman que en la última comisión de Personal Laboral, hace varios meses, «nos traladaron que iban a realizar una adenda en el convenio colectivo para equiparar los salarios, pero aún no lo han hecho. Si vamos por el juzgado de lo social, se puede tardar hasta un año en celebrar el juicio y lo suyo es llegar antes a un acuerdo, porque si vamos a juicio pediremos que se pague a los trabajadores un 10% más por cada mes». Por su parte, desde Csif lamentan «que se continúe produciendo una discriminación retributiva con compañeros que a efectos nuestros es tan evidente. Seguiremos trabajando para erradicarla y que se aplique el principio de igual trabajo igual salario». Recuerdan que ya denunciaron hechos similares a principio de año, cuando presentaron un escrito «exigiendo que se subsanasen las desigualdades retributivas. No sólo no se recibió respuesta, sino que finalizaron los contratos de esa convocatoria sin que se rectificase la problemática».
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
