La redacción de un nuevo plan ferroviario pondría en riesgo la financiación del Ministerio
La Ley de Movilidad Sostenible que entrará en vigor en 2023 limita la intervención económica del Gobierno central a un máximo del 30%
La redacción de un nuevo proyecto de integración ferroviaria en Santander, además de sumar una década más de informes y permisos, pondría en riesgo ... la financiación del Ministerio de Transportes. Esto se debe a que la nueva ley de Movilidad Sostenible, cuyo anteproyecto ya se ha presentado y que se espera aprobar durante el último trimestre de 2023, limita la intervención económica del Gobierno central en actuaciones del sector ferroviario. Tras su aprobación, el Ejecutivo sólo podrá aportar hasta el 30% del presupuesto previsto para el proyecto de integración ferroviario previsto para la capital cántabra.
Según el convenio firmado en 2018, Adif se hará cargo del 100% de las actuaciones de carácter ferroviario (87,99 millones de euros) y del 50% de las actuaciones no ferroviarias pero necesarias para la integración de la estación y las vías en la ciudad (49,56 millones de euros). En total, la operadora se comprometió a asumir 137,55 millones de euros de los 187 que costará el proyecto completo. Aunque este lunes el secretario general de Transportes, Xavier Flores, comunicó al Ayuntamiento su intención de ponerlo en marcha tras tres años de parálisis y a pesar de las reticencias de una parte del equipo de gobierno (Ciudadanos), el concejal de Urbanismo, Javier Ceruti, aseguró que pondrá todas las trabas posibles desde sus áreas al considerar que puede lograr un proyecto mejor para la ciudad a través del concurso de ideas que tiene previsto iniciar en octubre.
Si Ceruti se sale con la suya -aunque no concreta de qué manera puede frenar el proyecto-, supondría empezar de cero el estudio informativo -que podría demorarse entre 10 y 15 años, según Adif- y Santander vería muy reducida la aportación del Ministerio. El anteproyecto de la Ley de Movilidad Sostenible recoge varios supuestos. En el caso de que las intervenciones de integración se refieran a pasos superiores o inferiores a lo largo de la traza ferroviaria, o sean actuaciones en los márgenes de la infraestructura ferroviaria que mantengan la traza -como tratamiento vegetal de taludes, creación de zonas verdes, pantallas...-, Adif podrá asumir hasta el 50% de la financiación total.
El convenio actual recoge que Adif asumirá el 50% de las actuaciones de carácter no ferroviario
ACUERDO
Cs cree que se incumple el pacto al imponer el proyecto de Adif porque no respeta sus competencias
ENFRENTAMIENTO
Ceruti prefiere esperar al proyecto resultante del concurso de ideas que arrancará en octubre
NUEVO PLAN
Pero aportará menos dinero en el caso de las obras de mayor envergadura, como las de Santander. Según reza el anteproyecto, en el caso de que las obras supongan una solución de integración basada en la eliminación sustancial de infraestructuras ferroviarias de la superficie, bien mediante la construcción de una variante, un viaducto o un soterramiento, con nuevos elementos estructurales como pilares, muros y losas, Adif financiará hasta un máximo del 30% del coste de dichos elementos.
El pacto PP-Cs
Tras el anuncio de la reactivación de la integración ferroviaria en Santander, las posturas del PP y Cs se han vuelto a enfrentar. Los primeros están a favor de que las obras comiencen ya y sus socios prefieren esperar a que el concurso de ideas guíe las actuaciones. Y el pacto de gobierno ha salido a relucir. Igual asegura que se está cumpliendo, mientras Ceruti está convencido de que no. No tanto por el apartado dedicado a la integración ferroviaria sino porque el acuerdo entre ambas partes recoge que Ceruti es el responsable de la Concejalía de Urbanismo y, si el proyecto arranca sin su aprobación, se estará incumpliendo su control sobre dicha área.
En concreto, el segundo apartado del pacto de gobierno PP-Cs, dedicado a la integración ferroviaria, recoge que se explicará públicamente el estado actual de la tramitación y contenido exacto del convenio (cumplido), que se declarará, junto a la alcaldesa, la parálisis de cualquier actuación que pueda condicionar el proyecto futuro que se elija (cumplido, aunque el PP cambia ahora de postura), que se convocarán mesas de participación ciudadana con intervención de las asociaciones de vecinos, colegios profesionales, Universidad y técnicos municipales antes del 1 de noviembre de 2019 (cumplido, aunque con retraso) y que se cumplirá la exigencia del PGOU vigente de redactar un Plan especial para la integración ferroviaria (sin cumplir).
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