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El tasazo de las basuras despertó inquietud el pasado octubre cuando el Gobierno de España anunció que, por mandato europeo, todos los ayuntamientos del país ... tendrían que repercutir a sus vecinos el coste real de la recogida y gestión de la basura que generasen. Así, la nueva Ley de Residuos y Suelos contaminados para una Economía Circular obliga a que cada habitante pague por sus desperdicios en vez de que el Ayuntamiento cobre una cantidad fija por cada vivienda. A partir de ahí se desató el lío en las Administraciones locales, ya que muchas no sabían cómo calcular cuánta basura genera cada persona individualmente como para repercutirle su gasto concreto. Por eso, el Ayuntamiento de Santander encargó un informe a la Universidad de Cantabria (UC) para que fuera el departamento de Ingeniería Ambiental quien diera una solución.
Tras ofrecerles varias opciones, el Consistorio ya ha definido qué mecanismo seguirá y este viernes lo dio a conocer la alcaldesa, Gema Igual, junto a los concejales de Medio Ambiente y Economía, Margarita Rojo y Javier García, respectivamente. Así, la factura se dividirá en dos conceptos, uno fijo y otro variable. El primero será de algo más de 103 euros anuales –casi dos euros más que la tasa actual– y el segundo irá de los 11 euros a los 48, en función de los habitantes de cada casa. De media, cada hogar pagará 33 euros más y la nueva tasa entrará en vigor el 1 de enero de 2026. La alcaldesa descartó utilizar fórmulas que han usado otros ayuntamientos, como vincular otros consumos como el agua con la generación de residuos, al considerar que «no es justo» porque «alguien puede reciclar mucho o no utilizar plástico y ducharse mucho y gastar más agua».
Hasta ahora –y hasta que termine el año–, la tasa de basuras está incluida en la factura del agua de Aqualia y se cobra conjuntamente. A partir del año que viene, cada tasa se cobrará por separado: la de Aqualia será más baja porque solo incluirá el gasto de agua, y por otra parte vendrá la de basura. Actualmente cada casa paga 101,86 euros al año por el concepto de recogida de basuras –dividido en las facturas de Aqualia, que llegan de forma trimestral– y, a partir del año que viene, habrá una parte fija que será de 103,64 euros –1,74 euros más que lo que se paga ahora– a la que habrá que sumar una parte variable que dependerá de la cantidad de personas que vivan en cada domicilio: entre 0 y 1 habitante, 10,92 euros anuales; dos personas, 28,39 euros; tres personas, 39,31 euros; y, si viven 4 o más, 48,04 euros. Así, por una casa con tres habitantes –la alcaldesa puso su caso como ejemplo– pasará de pagar 101,86 euros a 142,95.
La factura llegará a las viviendas en marzo o abril del próximo año y cada hogar podrá decidir si paga el impuesto de una sola vez o si divide el cobro en tres. También podrá domiciliarlo de cara a los siguientes ejercicios. Para que no pille a nadie por sorpresa, el Ayuntamiento mandará una carta el año que viene a cada vivienda informando sobre esta nueva tasa y cuánto tendrá que pagar cada núcleo familiar.
Pero estas cantidades no son definitivas y podrán ser más bajas, ya que los ciudadanos no tienen por qué pagar la parte variable de la factura al 100% si cumplen con algunas condiciones, ya que esta tasa viene con bonificaciones. Así, las familias en riesgo de exclusión podrán ahorrarse hasta el 90% de la parte variable y, el resto, podrán restar hasta un 30% si participan en campañas de concienciación, fidelización o formación. Por ejemplo, acudiendo a charlas o realizando encuestas sobre contaminación o medio ambiente. La regidora también apunta que la medida favorece a las familias numerosas, ya que la parte variable es la misma para viviendas de cuatro habitantes o más. Por lo tanto, si en una vivienda reside un matrimonio con dos hijos, pagarán lo mismo que si tienen más niños o más familiares en casa. En ambas situaciones, la parte variable será de 48,04 euros (151,63 euros al año sumando la parte fija).
Y, ¿cómo se ha calculado cuánto debe pagar cada vivienda? Como explica la alcaldesa, «a los ayuntamientos nos mandan la obligación de crear una tasa diferenciada, no deficitaria, específica y obligada». Por eso, entre la UC y los servicios municipales, han calculado cuánto cuesta todo lo que engloba el servicio: desde la recogida, el canon del vertedero, el tratamiento, el personal, todo el papeleo... En total, 17,6 millones que son los que ahora deben abonar los vecinos. Hasta ahora, lo que recaudaba el Ayuntamiento era en torno a 12 millones, «un servicio que era deficitario como otros, por ejemplo el transporte público», explica Igual. Y que dejará de serlo en algo más de siete meses.
Ahora, queda por delante toda la tramitación. El Ayuntamiento presentó ayer el borrador de la ordenanza fiscal y el lunes la aprobará en la Junta de Gobierno Local. Después, convocará una comision extraordinaria de Hacienda para compartir el documento con la oposicion y que hagan sus aportaciones y consultas. El borrador tendrá que llevarse al Pleno para su aprobación provisional, publicarse en el BOC, y volver al Pleno para su aprobación definitiva. Aunque la previsión es que todos estos pasos se resuelvan antes del próximo año, no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2026.
La reacción desde la oposición no se ha hecho esperar. El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santander, Daniel Fernández, destaca su «más enérgico rechazo al brutal incremento de la tasa de basuras». El edil critica que «una vez más los grupos de la oposición nos enteramos por la prensa de una decisión de gran calado que afecta directamente al bolsillo de los santanderinos, sin haber recibido ni un solo dato oficial, ni una propuesta formal». También apunta que «la ley se puede aplicar con justicia social. Pero para eso hay que trabajar, dialogar y pensar en los que más lo necesitan».
En lo que se refiere a los usos no residenciales, la cifra se calculará según el tipo de actividad y la superficie del local. De este modo, se han establecido 12 categorías –que no el Ayuntamiento no ha revelado– con coeficientes que tienen en cuenta la naturaleza y la intensidad en la generación de residuos. También podrán acceder a bonificaciones por conceptos relacionados con buenas prácticas ambientales, como la contratación de un gestor autorizado de residuos, medidas contra el desperdicio alimentario, contenedores de separación de residuos y adhesión al programa municipal voluntario de recogida de papel y cartón comercial, entre otras.
Santander es el cuarto de los grandes municipios en revelar qué mecanismo llevará a cabo para cobrar la nueva tasa de basuras. El primero fue Torrelavega, que ya implantó la tasa a principios de este año –el resto esperará a que sea obligatorio en 2026– con una nueva tarifa fija de 19 euros más otra variable en función del consumo del agua –de 0,12 euros por metro cúbico–. Si hasta ahora se pagaban 19,25 euros fijos cada trimestre, a partir del 1 de enero serán 19 fijos más ese nuevo 'extra' en función del consumo.
En el caso de Camargo, la tasa dependerá de la gestión de los residuos por parte de los vecinos. Es decir, de lo que reciclen. La ordenanza se establecerá con una tarifa básica –aún sin concretar– que variará en función del grado de separación de los residuos. Será de los propios vecinos de quien dependa el importe. Además, contempla una serie de reducciones para aquellos vecinos que se encuentren en riesgo de exclusión social (reducción del 80%) y para familias numerosas y monoparentales, que verán reducido el pago en un 50%.
En Piélagos, el equipo de gobierno ha optado por aplicar la misma subida a todos los vecinos. Es decir, una cuota fija y única que asciende a 36,14 euros al trimestre, frente a los 21,43 euros trimestrales que se pagan actualmente. Esta opción no convence a la oposición, ya que no cumple con ese eslogan de «quien más basura genera, más paga», aunque el alcalde considera que es «lo más igualitario».
Por su parte, tanto El Astillero como Castro Urdiales están aún analizando qué mecanismo seguir para poner en marcha su nueva ordenanza fiscal para la basura. Aún tienen siete meses por delante, pues su implantación se ha retrasado y no será obligatoria hasta 2026.
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