Los trabajadores de Parques y Jardines llevarán a los barrios de Santander su denuncia

Los trabajadores de Parques y Jardines llevarán a los barrios de Santander su denuncia
María Gil Lastra

Dos centenares vuelven a concentrarse en el Ayuntamiento para advertir de que el nuevo contrato pone en riesgo sus empleos y el servicio

PILAR CHATO y JUAN CARLOS FLORES-GISPERTSantander

Los casi 200 trabajadores de Parques y Jardines de Santander han vuelto a echarse a la calle para denunciar el riesgo para sus empleos y para la calidad del servicio del nuevo contrato de Parques y Jardines . Una adjudicación a la UTE Imesap-La Encina-Copsesa por 7,7 millones de euros que supone una rebaja sobre la licitación del 17%. Es precisamente en esa rebaja donde trabajadores y oposición -ayer pidieron la paralización del contrato- ven una baja temeraria que pondría en riesgo el pago de las nóminas.

Hoy, ante el Ayuntamiento de Santander, han pedido la dimisión del concejal de Medio Ambiente, José Ignacio Quirós, por las «graves irregularidades» en el proceso para la adjudicación y han anunciado que llevarán sus reivindicaciones a los barrios para explicarle a los vecinos cómo va a afectar el nuevo contrato a la calidad del servicio.

En la plaza del Ayuntamiento se han escuchado pitidos y las pancartas apelaban al freno en los recortes de los servicios públicos y pedían a la alcaldesa, Gema Igual, que no juegue con el futuro de los empleados de Parques y Jardines.

La propuesta de adjudicación a la UTE de la que forma parte una empresa del grupo de Florentino Pérez -que ya tuvo este contrato hace años- es de un importe de 6,5 millones anuales (7,7 incluido el IVA). Una cantidad que, dicen, «no dan ni para que cobremos» por lo que, «por mucho» que el equipo de Gobierno diga que está protegiendo los derechos de la plantilla, «no confiamos en ello», porque «ni siquiera han querido que les presentemos nuestros números». Y advierten de que no sólo es que la oferta «casi no dé ni para pagar salarios», sino que «no da para hacer un mantenimiento justo y adecuado de las zonas verdes, parques y jardines». Además, la empresa que se haga cargo deberá realizar la asistencia veterinaria y alimentación de los animales del minizoo de La Magdalena, así como el control de gaviotas y eliminación de sus huevos y nidos, que antes se hacían a través de otros contratos.

En la concentración, informa E. Press, los trabajadores han acusado al equipo de Gobierno (PP) del Consistorio de «permitir que la oferta de peor calidad técnica y de menor viabilidad económica», «sea la que tenga la máxima puntuación» para hacerse con el servicio.

El presidente del comité de empresa, Óscar González (USO), ha enfatizado que lo que quieren los trabajadores es que «se garanticen los puestos de trabajo y el cobro de los salarios a final de mes» porque, a pesar de que el concejal diga «que no nos preocupemos», la plantilla, formada por 200 empleados, tiene una «falta de confianza total» debido a todo lo acontecido en el proceso de adjudicación.

González ha señalado que el comité de empresa ya vio «irregularidad en el pliego desde el principio» pero «no lo impugnamos» porque así se lo solicitó el equipo de Gobierno, pero «ahora nos encontramos con que la oferta ganadora no cubre ni nuestros derechos ni prácticamente nuestros salarios» para los cuatro años de vigencia del contrato.

En este sentido, González ha lamentado que antes Santander «tenía unos servicios municipales que eran motivo de orgullo para los vecinos, que presumían fuera de ello», pero al equipo de Gobierno «parece que esto le importa bien poco» como, a su juicio, se evidencia con las adjudicaciones a la baja que se están haciendo de los servicios esenciales.

El Ayuntamiento, a la espera de informes

Desde el Ayuntamiento de Santander insisten en que se está a la espera de los informes económicos que debe presentar la UTE en los que se justifique el coste y la valoración de los servicios e inversiones incluidas en la oferta. Explican que una de las cláusulas del contrato establece la obligación de la empresa de subrogar a los trabajadores de la plantilla y de «respetar tanto las condiciones salariales previstas en el convenio, como el resto de pactos laborales suscritos entre la actual adjudicataria y los trabajadores». Insisten en que la empresa tiene la obligación de justificar su oferta económica y los compromisos laborales «antes de la adjudicación».

 

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