Una familia reclama 150.000 euros a un colegio de Bilbao por un caso de bullying

Según la denuncia, todo se remonta en el curso 2022/23, cuando la estudiante, que llevaba matriculada en el colegio toda su trayectoria académica, estaba en 2º de ESO. Comenzó a padecer acoso por parte de varios compañeros, pero de uno en especial. Sufrió «vejaciones, humillaciones, insultos, aislamiento deliberado de forma pública y privada, dentro y fuera del centro docente, burlas, humillaciones y hasta agresiones físicas, como cogerla de las axilas y del pelo y arrastrarla por el suelo mientras otros compañeros intentaban quitarle los zapatos», según se puede leer en la demanda, a la que ha tenido acceso El Correo, y que va acompañada de informes médicos y psiquiátricos.

A consecuencia de las agresiones, que también tuvieron lugar fuera del horario escolar, la menor ha desarrollado un cuadro ansioso-depresivo con un patrón de inestabilidad emocional, autolesiones, conductas evitativas y falta de estructura de rutinas cotidianas. En este tiempo ha tenido múltiples ingresos en plantas de psiquiatría y está fuertemente medicada con ansiolíticos. A principios de este curso, se desmayó en clase y los docentes no pudieron despertarla, aunque «parecía ser habitual que la menor se quedase dormida en el aula». Al parecer, la joven hizo ese día un consumo desmesurado de los medicamentos «sin que ningún profesional docente se percatara de ello o informara a los progenitores».

La situación llegó a tal punto que los padres decidieron solicitar el régimen de enseñanza domiciliaria, por lo que la adolescente ha terminado el curso en casa. Había desarrollado ansiedad, sentimientos de soledad y fobia a acudir al centro escolar. Incluso tuvo ideas de muerte.

«Este caso es de extrema gravedad, ya que la menor ha tenido varios intentos de suicidio», señala a este periódico Celia Larrocea, abogada del despacho JRY Legal Abogados y Asociados, que ha llevado el caso. Este bufete es el mismo que el pasado noviembre logró una sentencia favorable en otro caso de bullying. Un juzgado condenó a un centro educativo de Bilbao a indemnizar a una familia con 40.000 euros por un asunto similar.

Entonces, los magistrados determinaron que los centros educativos «son responsables de los perjuicios que sufran los alumnos mientras estén en sus instalaciones; esto es, el centro educativo no puede ser un mero espectador y adoptar una actitud pasiva frente a un posible caso de acoso escolar», continúa Larrocea. Algo que, considera, se repite en este caso. «Una vez más, el centro educativo, a pesar de tener pleno conocimiento de lo que estaba ocurriendo, no adoptó medida alguna para evitar el perjuicio que se estaba causando a la menor», apunta la abogada.

Hay varios motivos por los que la demanda apunta a la responsabilidad del centro. La familia alertó a la dirección de la grave situación pero, según recoge la demanda, «las propuestas del centro para resolver el problema se han basado a lo largo de estos meses en reuniones». Los progenitores exigían medidas efectivas, como cambiar de clase al agresor principal de su hija. Petición que en un primer momento les fue denegada alegando «cuestiones burocráticas», aunque semanas más tarde fue planteada por el propio centro.

En paralelo, se puso en marcha el protocolo contra el acoso escolar y se notificó a Inspección Educativa, pero no se avanzó más allá del primer paso. El centro «no ha cumplido con las directrices básicas de un protocolo de acoso escolar», afea la demanda. «No ha acreditado actuación debida para minimizar los efectos lamentables de no aplicar debidamente el protocolo frente al acoso escolar», señala el texto, que también achaca a la dirección del centro «pasividad e inactividad» en su actuación, así como «restar importancia» al caso. En una de sus respuestas por correo electrónico, el colegio manifiesta que la joven «ya tenía problemas» ante de padecer el acoso, aunque lo cierto es que nunca había requerido atención psiquiátrica, como sí ha sucedido desde que comenzó el bullying.