El Ayuntamiento ultima la compra de 10 pisos para destinarlos a alquiler social

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento dio su visto bueno, por unanimidad, a la documentación presentada por los propietarios de las viviendas, situadas en las calles Julio Ruiz de Salazar, Colonia El Impulsor, Julián Urbina, Bonifacio del Castillo, Avenida de Solvay, General Ceballos, Marqueses de Valdecilla y Pelayo, Cid Campeador, Plaza de la Antigua Ferretera, Río Saja y Lasaga Larreta.

El concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega, recuerda que el parque municipal de vivienda está integrado por 14 inmuebles y que se ha «duplicado» en los últimos años para «atender las necesidades sociales». La última adquisición de este tipo tuvo lugar en 2018 y consistió en cinco pisos, también repartidos por la ciudad, cuyo precio se situó entre 53.000 y 65.000 euros, cifras que se espera sean similares en esta ocasión.

«La competencia en vivienda la tiene el Gobierno de Cantabria –explica Pérez Noriega–, pero sabemos las carencias que tiene Torrelavega y por eso intervenimos». El edil regionalista aclara que, una vez concluya el proceso de licitación, será el departamento de Servicios Sociales el encargado de destinar los pisos a las familias que más lo necesiten».

La Plataforma de Contratación del Sector Público dio a conocer el anuncio de licitación de la adquisición de viviendas destinadas al parque municipal de Torrelavega el pasado 27 de enero, con un presupuesto de 500.000 euros y un plazo de un mes para formalizar la escritura pública. El plazo de presentación de ofertas concluyó el 14 de febrero.

El objetivo de la oferta pública es destinar esas viviendas a resolver situaciones de emergencia habitacional y favorecer el acceso a la vivienda de alquiler. Las propuestas tienen que cumplir diversos requisitos. Entre ellos, que la superficie construida útil mínima del piso sea de 60 metros cuadrados, sin tener en cuenta terrazas y tendederos.

Respecto a la ubicación, las ofertas deben llegar desde los distintos sectores censales. Los garajes y trasteros no se incluyen en la licitación, salvo que se trate de «anejos vinculados» a la vivienda. La antigüedad del edificio no podrá superar los 65 años y la estructura tendrá que ser de hormigón armado. El inmueble también deberá estar constituido en comunidad de propietarios y las zonas comunes en buen estado de conservación y cumplir la normativa técnica y de habitabilidad.

Los pisos tendrán al menos dos dormitorios y un salón, una cocina y un baño. Todas las habitaciones tendrán ventana al exterior y una superficie mínima de seis metros cuadrados. Las viviendas también contarán con instalación fija de calefacción de gas o similar y todos los demás servicios necesarios, además de encontrarse en buen estado de conservación y disponer de célula de habitalibidad y el preceptivo certificado de eficiencia energética. Igualmente, tienen que estar libres de ocupantes, cargas y gravámenes.

En noviembre de 2021 se eligieron los adjudicatarios de las 36 viviendas que el Gobierno de Cantabria adquirió en 2020 a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) en una urbanización de Ganzo, con el fin de destinarlas a alquiler social. El pabellón Vicente Trueba fue escenario del sorteo ante notario, con muchos de los 163 solicitantes en la grada, la mayoría jóvenes. Unos meses antes ocurrió lo mismo con las primeras viviendas de protección oficial que construye el Gobierno de Cantabria en la última década y también las primeras en régimen de alquiler. Se trata de 22 pisos construidos en Campuzano.