Nueve cámaras centinela para vigilar la Zona de Bajas Emisiones de Torrelavega
El sistema informático registra las matrículas y emitirá las propuestas de sanción, que siempre serán cotejadas por un agente de la Policía Local
Torrelavega se convirtió el pasado 10 de junio en la primera ciudad cántabra en estrenar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Entre los vecinos, ... las primeras reacciones fueron de algunos afines y de muchos detractores, sobre todo, víctimas de la falta de claridad en su funcionamiento. Los hubo que achacaron al Ayuntamiento afán recaudatorio, quienes vieron la medida «ilegal» y hasta quienes no confiaron en la eficacia de la tecnología para registrar las matrículas de los vehículos que accedan al espacio restringido. Lo cierto es que el sistema está basado en un diseño complejo de lectura que se fundamenta en la vigilancia que realizan nueve cámaras estratégicamente ubicadas en los puntos de acceso a las calles restringidas.
Son nueve vigías que permanecen operativos, de día y de noche, y que se ocuparán de identificar a todos los vehículos que entren en el espacio de ZBE, limitado por las calles José María de Pereda, Julián Ceballos, La Llama y Julián Urbina.
la cifra
200 euros
es la cuantía de la multa que deberá pagar el que infrinja la norma
«La clave de todo ello es que el sistema de las cámaras está conectado con la Dirección General de Tráfico (DGT) y por eso nos permite tener todos los datos del vehículo con la simple lectura de la matrícula», aclara la concejala de Urbanismo de Torrelavega, Jezabel Tazón. «Lo que se hace es comprobar las características de ese vehículo para saber si puede o no acceder y en qué condiciones», detalla la edil.
Estos ojos artificiales están localizados en las calles perimetrales de la ZBE, en el Bulevar Demetrio Herrero y en la calle Conde de Torreanaz. Han de estar colocadas a una altura de unos cuatro y ocho metros y a una distancia de la zona de detección de unos 8 o 25 metros; con un ángulo de inclinación vertical máximo de 30 grados y horizontal máximo de 20 grados.
Cerca de las cámaras se han instalado también sensores que medirán los niveles de emisión de gases de efecto invernadero y partículas: 03, NO2, SO2, CO, PM2,5 y PM10, así como los niveles de ruido. Es algo que permitirá definir los valores iniciales de los indicadores que se deberán actualizar de manera periódica para valorar si se cumplen los objetivos de reducción de contaminación atmosférica y sonora establecidos.
Lo importante de todo ello, según informan desde el Ayuntamiento, es que se trata de una medida obligada por Europa y que se ha aplicado «con una ordenanza muy laxa para que el mayor número de vecinos pueda acogerse a las excepciones».
Así, están libres de sanción los vecinos que residen en ella -incluidos de oficio por el Ayuntamiento en el Registro de Vehículos Autorizados (REVA)-, los propietarios de garajes ubicados igualmente en la zona, así como aquellos que estacionen en los aparcamientos subterráneos de La Llama o el Bulevar Demetrio Herrero.
La lista de excepciones contempladas se alarga, además, en los siguientes casos: los vehículos de empresa y servicios -incluidos todos los de carácter público-; vecinos con movilidad reducida o bien que necesiten transportar a una persona en esa situación, otra discapacidad o requieran un tratamiento médico en general -incluidos animales-; así como las entradas para dejar el coche en el taller, carga y descarga de equipajes o realizar mudanzas.
«Lo más importante es que cada vez más gente que pueda tener una excepcionalidad la acredite para ser registrado en el REVA», recuerda la concejala de Urbanismo. Aún con todo, la ordenanza concede 24 accesos anuales sin amonestación, lo que significa que, de momento, y tengan el coche que tengan, podrán entrar todas esas veces en la ZBE sin recibir los 200 euros de sanción en su buzón. «Por el momento no se han comunicado sanciones», explica Tazón, lo que quiere decir que los vecinos están cumpliendo con la norma.
La información de las cámaras queda registrada en un programa informático que se ocupa de cruzar los datos con la información de la DGT. La firma EYSA se encarga de dar ese servicio. Es la que remite las posibles sanciones a la Policía Local, que en cualquier caso revisaría uno por uno los expedientes sancionadores. «Es importante que todo el mundo sepa que eso sucede. Que siempre va a haber una persona contrastando la información y viendo que es un hecho sancionable. Y que esa persona es un agente de la Policía».
Desde el Ayuntamiento dicen sentirse «orgullosos de haber cumplido». «Era un requerimiento obligatorio que deben tener los ayuntamientos con más de 50.000 habitantes y hay que entenderlo. No tenemos ningún afán recaudador y por ese motivo hemos incluido tantas excepciones. Lo que hacemos es aplicar la ley y esperamos que se comprenda». Algo que, sobre todo en los primeros días, ha costado. «Somos conscientes de que había gente desinformada porque hay personas que no escuchan la radio, no ven la televisión y no leen periódicos. La única forma de llegar a ellos es con los agentes informativos que tenemos trabajando en la plaza de La Llama y que están moviéndose por diferentes comercios. Esperamos llegar a todos», apunta Tazón.
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