Así lo ha anunciado hoy el presidente de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC), Jorge Marquínez, quien ha explicado que el crédito necesita la aprobación del Consejo de Ministros -algo que "espera" ocurra este mismo año- para, inmediatamente después, asignar "directamente" el encargo, y sin concurso previo, a una empresa especializada en cimentaciones.
Marquínez ha explicado que, en total, serán 52 las edificaciones que requieren un refuerzo en su cimentación, una actuación para la que se ha optado por una herramienta administrativa "muy rápida", una especie de "atajo", que permitirá resolver el problema "a corto plazo", a "finales de diciembre o, a más tardar," a principios de año.
Ha anunciado además que la CHC está revisando la licencia que otorgó en 2003 al Consistorio para la extracción de agua de los pozos que, supuestamente, ha agravado los daños en las infraestructuras y la creación de los soplaos.
Marquínez ha señalado que la explotación del acuífero, "si es que debe seguir", tiene que producirse en unas condiciones de "seguridad absoluta" para las edificaciones actuales y las futuras para evitar la "incertidumbre" entre los vecinos de la zona.
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