Un imputado en ‘Trigo Limpio’ llama "sinvergüenza" a otro acusado

Las descalificaciones mutuas de dos imputados en la ‘Operación Trigo Limpio’, que eran socios en operaciones de intermediación inmobiliaria en la época de los hechos, caldearon la tercera jornada del juicio, en el que doce personas, que se enfrentan a un total de 72 años y medio de prisión, se sientan en el banquillo acusadas de formar una red delictiva para eludir el pago de impuestos.

Después de oír cómo el abogado acusado de ser el ideólogo de la trama negaba haber confeccionado facturas falsas para evitar el fisco y desviaba la atención hacia su supuesto testaferro, un hombre de 83 años que ha sido excluido de la causa por sufrir alzhéimer, y después de escuchar al principal intermediario encausado refutar torpemente cualquier vinculación con el despacho profesional bajo sospecha, tocaba el turno a los demás imputados. Se trata diez intermediarios que, según el fiscal y la Agencia Tributaria, realizaron distintas operaciones inmobiliarias de compraventa de parcelas cuyas retributaciones fueron imputadas a empresas pantalla que el abogado ponía a su disposición para no pagar impuestos. Cada uno de ellos se enfrenta a penas menores, que no supondrían su ingreso en prisión, ya que oscilan entre los dos años y los nueve meses.

Dos de ellos, que eran socios en el momento de los hechos y a los que se acusa de valerse de una sociedad instrumental opaca para cobrar las elevadas comisiones que recibieron por mediar en la compra y posterior venta de varias fincas en Santander, situadas en la calle Arrabal y en la calle Alta, se acusaron mutuamente para eximir su propia responsabilidad.

Uno de ellos, Rafael U., de 80 años, tildó a su exsocio de "sinvergüenza" por hacer negocios a sus espaldas. En concreto, le acusó de haber llevado a sus espaldas las gestiones para vender varios solares de la calle Arrabal, una operación de la que se enteró dos meses después y por la que "no cobré ni un duro". Sin embargo su socio, Rafael A. B. le desmintió. Dijo que él cobró una comisión de 26.000 euros, que declaró a Hacienda un año después, y su socio 12.000. Respecto a la operación de la calle Alta, en la que hubo una comisión de 189.000 euros, Rafael dijo que no cobró "ni un duro" porque apenas intervino y se trataba de un amigo, aunque su firma aparece en un contrato, lo que atribuyó a un error.