Castañeda albergará el primer centro de Cantabria para tratar el amianto
La empresa que gestiona el vertedero de Carceña, que tiene en marcha una obra para ampliar sus instalaciones, espera la aprobación del proyecto
Que Cantabria contaría en los próximos meses con su primer centro para el tratamiento del amianto ya se sabía. Lo dijo primero el consejero ... de Salud, César Pascual, que explicó hace justo un mes que la creación de un centro de tratamiento de este tipo de residuos dentro de la comunidad autónoma abarataría los costes del desmontaje de la Residencia Cantabria y del edificio del Idival, porque se evitaría así el trasladado fuera de las fronteras autonómicas. También había hablado del asunto el consejero de Fomento, Roberto Media, que señaló que estaría ubicado en las inmediaciones de Torrelavega. ¿Entonces, se llevaría al entorno del vertedero de El Mazo? Las pistas apuntaban a que sí. Pero no.
El vertedero de Carceña, en Castañeda, será «dentro de unos meses» el elegido para esta operación impulsada por el Gobierno de Cantabria para liberar los terrenos sobre los que se levantará el futuro Parque Científico de la Salud.
Tal y como ha podido confirmar El Diario Montañés, la decisión pone fin a años de traslados obligados de este tipo de residuos a instalaciones especializadas de Bilbao y Zaragoza, lo que implicaba elevados costes tanto para las empresas como para la Administración autonómica. Ahora, estos materiales podrán tratarse íntegramente en Cantabria, dado que la empresa propietaria, Integraciones Ambientales de Cantabria (Iacan), está ejecutando actualmente la segunda fase de las obras de impermeabilización del vaso de residuos, una condición indispensable para recibir amianto debidamente gestionado como residuo inerte. Aunque no se ha solicitado aún de forma oficial la autorización ambiental para almacenar este material altamente contaminante, técnicamente el vertedero ya cumple con los requisitos para ello gracias a la última gran ampliación de las instalaciones que se licitó en el año 2022.
Y es que esta planta no solo estará destinada a albergar el amianto de los derribos ejecutados por el Gobierno autonómico. Si un ciudadano necesita derribar partes de su casa afectadas por este material, la empresa especializada que se encargue podrá derivarlo al vertedero de Carceña, mucho más cerca que antes.
El traslado del amianto a la planta de Castañeda será una realidad «en los próximos meses»
El tratamiento en Cantabria supondrá un ahorro para Gobierno, empresas y particulares
Hasta ahora, el amianto retirado en la región se trata en plantas ubicadas en Bilbao y Zaragoza
El alcalde de Castañeda, Marcos García, ha destacado en conversación con este periódico que se trata de una instalación que lleva funcionando desde 2012 y que, tras la adecuación del vaso, «es el vertedero más apto para ello». Según ha explicado el regidor, los residuos que se almacenarán «serán tratados de manera segura, conforme a la normativa», como el resto de materiales que se procesan en este vertedero. Ha subrayado también el ahorro que supondrá dejar de enviar el amianto fuera de la comunidad: «Hasta ahora ese amianto se llevaba a Zaragoza o a Bilbao, con el consiguiente aumento de costes, por lo que es una buena noticia para todos los cántabros». Además, ha reconocido que esta actividad genera ingresos para los vecinos del municipio ya que considera que «cuanto más vertido haya, mejor, porque el Ayuntamiento cobra un canon por la entrada del material».
Iniciativa privada
El vertedero está gestionado desde su apertura por Integraciones Ambientales de Cantabria (Iacan), una sociedad privada promovida por FCC Construcción, y cuenta con una vigencia de explotación de 25 años ampliables.
El Gobierno de Cantabria, por boca del titular de Fomento, Roberto Media, ha evitado confirmar públicamente la ubicación, al tratarse de una inversión cien por cien privada: «Lógicamente se sabe en qué municipio se ubica, pero se anunciará oficialmente cuando lo comunique la empresa», declaró la semana pasada.
Esta nueva capacidad cobra aún más importancia si se tiene en cuenta que, a día de hoy, solo dos municipios de Cantabria -Ramales de la Victoria y Laredo- cuentan con un censo oficial de instalaciones con amianto, tal y como exige la Ley estatal. Fomento abrió el año pasado una línea de ayudas, dotada con 150.000 euros, para que el resto de ayuntamientos puedan elaborar este inventario obligatorio y planificar su retirada antes de 2028, en aquellos casos que presenten mayor riesgo para la salud pública.
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