Los trabajadores culpan tanto al actual como al anterior gobierno del cierre de Ecomasa

De izquierda a derecha, José Alberto García (secretario del comité de empresa de Teka), Luis Fernández Obregón (presidente del comité de empresa de Teka), José Manuel Ortiz (secretario del comité de empresa de Ecomasa) y Luis Gómez Laredo (presidente del comité de empresa de Ecomasa), durante su declaración en el Parlamento.
De izquierda a derecha, José Alberto García (secretario del comité de empresa de Teka), Luis Fernández Obregón (presidente del comité de empresa de Teka), José Manuel Ortiz (secretario del comité de empresa de Ecomasa) y Luis Gómez Laredo (presidente del comité de empresa de Ecomasa), durante su declaración en el Parlamento. / Javier Cotera
  • En la comisión de investigación del Parlamento han explicado que Ignacio Diego les aseguró que era "viable" y por eso aportaron los 3,5 millones de sus indemnizaciones de Teka. Ahora se sienten "estafados" y "engañados"

Los trabajadores recolocados de Teka en Ecomasa, proyecto empresarial en el que aportaron 3,5 millones de euros de sus indemnizaciones, han repartido este martes la "culpa" del cierre de la fábrica de estufas de Maliaño (Camargo) entre los gobierno del PP y del PRC-PSOE.

"La culpa la tiene Ignacio Diego por empezarlo y el Gobierno actual por acabarlo", ha afirmado el secretario del comité de empresa, José Manuel Ortiz, ante la comisión de investigación de Ecomasa en el Parlamento de Cantabria, en la que ha comparecido con el presidente de ese órgano, Luis Gómez Laredo.

A preguntas de los grupos políticos, Gómez Laredo ha explicado que los trabajadores de Teka involucrados en el expediente de extinción de empleo en 2012 aceptaron su recolocación en Ecomasa por el "aval" del expresidente de Cantabria, Ignacio Diego (PP), y de su Gobierno, queles aseguró que era "viable", por el que se consideran "engañados" y "estafados".

Sin embargo, ha añadido que en su primera reunión con el consejero delegado de Sodercan, Salvador Blanco, tras la llegada del Gobierno de coalición PRC-PSOE, éste les dijo que "las noches que él no había dormido con GFB, las iban a empezar a no dormir otros".

"Cuando salimos de esa reunión ya sabíamos que la empresa se iba a cerrar", ha manifestado el secretario del comité de empresa de Ecomasa, que ha estado acompañado también por representantes de los trabajadores de Teka.

En esta comparecencia, el presidente del comité de empresa de Teka, Luis Fernández Obregón, ha explicado que cuando esta compañía planteó el despido de casi 200 trabajadores, fue Ignacio Diego quien les "presentó" el proyecto de Ecomasa para recolocar a parte de esos despedidos, que "solo querían continuar con su vida laboral".

Ha declarado, sin embargo, que no tuvieron acceso a los informes sobre su viabilidad y que fue el Gobierno de Cantabria el que les aseguró que tenía futuro, lo que para ellos suponía una "pequeña luz" para solucionar la situación de esos trabajadores.

"Un conejo salido de la chistera"

De todos modos, el secretario del comité de Teka, José Alberto García Obregón, ha puntualizado que el proyecto planteaba "muchas dudas" porque "parecía un conejo salido de la chistera de la noche a la mañana", aunque ha incidido en que desde el Gobierno se les trasladó que era "muy viable" y que en el futuro "iba a doblar su plantilla".

Fernández Obregón ha relatado, además, que a los trabajadores lo que se les presentó fue el proyecto industrial para Ecomasa en "unas diapositivas", pero ha aclarado que no tuvieron acceso a los informes "positivos" que se les decía que existían por parte del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF).

Y ha dicho que los trabajadores recibieron llamadas para "apremiar" una respuesta, que tuvieron "tres días" para decidir, y que la entonces directora general de Trabajo, Rosa Castillo, les manifestó que "de no aceptar" no se aprobaría "en Madrid" el acuerdo con Teka y que los despidos sería los 197 previstos inicialmente.

"A nosotros nos vendieron algo diametralmente opuesto a lo que ha resultado al final", se ha lamentado Gómez Laredo, quien ha alegado que para aceptar su recolocación los trabajadores entendieron que "con el aval del Gobierno era más que suficiente".

De hecho, el secretario del comité ha recalcado que, si no hubiera existido ese respaldo del Ejecutivo regional, los trabajadores "no hubiesen perdido" su dinero, porque no se lo habrían entregado a los propietarios de la empresa, Luis Lavín y Andrés de León, a los que no conocían de nada.

"El aval que hemos tenido nosotros ha sido Ignacio Diego y el Gobierno de Cantabria que fue a buscarnos", ha remarcado Ortiz, quien ha reconocido que los trabajadores se sienten "estafados", por haber salido de Ecomasa "sin dinero y sin paro".

Revilla aseguró que no se iba a cerrar nunca

Ha declarado también que cuando se reunieron con el secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, antes de las últimas elecciones autonómicas les aseguró que la empresa "no se iba a cerrar nunca", pero que "quince días después" de los comicios se les trasladó que "era inviable y que no podía continuar".

El presidente del comité ha añadido que Revilla, siendo ya presidente, les explicó que "se iban a instalar 6 o 7 empresas en Cantabria y que se iba a buscar una solución para los trabajadores", pero ha criticado que ocho meses después solo hay dos personas recolocadas. "Y no están por parte del Gobierno", ha puntualizado su compañero José Manuel Ortiz.

El secretario del comité ha continuado afirmando que el consejero delegado de Sodercan, Salvador Blanco, les "amenazó" con "tirar a la basura" los currículum de los trabajadores si seguían con la denuncia contra la empresa pública por el cierre de la fábrica.

"A mí me parece que Blanco no quiere tener nada que ver con nosotros ni con Ecomasa", ha sentenciado el presidente del comité de empresa, quien ha criticado que en este proyecto "lo que era necesario" era el dinero de los trabajadores, aunque cree que ellos "no tanto".