La subida de impuestos tendrá un impacto de 64 millones en los bolsillos de los cántabros

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/ Vídeo: Pablo Bermúdez

  • El recorte en las bonificaciones reducirá en 15,6 millones el ahorro fiscal de los ciudadanos

El consejero de Economía dijo esta semana, delante de la patronal y los sindicatos, que la subida de impuestos del año que viene será «mínima». Ahora, tras conocer los detalles de la reforma fiscal elaborada por el Gobierno, ese incremento ya se puede cuantificar con más exactitud. El bipartito espera recaudar 1.237 millones de euros entre los tributos cedidos por el Estado y los propios. Es decir, 64 millones más que este año. Alrededor de 108 euros más que cada cántabro tendrá que poner de su bolsillo de media, aunque el incremento, según el Gobierno, no será para todos igual. «Pagarán más los que más tienen», ha insistido Miguel Ángel Revilla cada vez que se le ha preguntado por la reforma fiscal.

Los beneficios fiscales, esos descuentos que determinados ciudadanos disfrutan en el pago de los tributos, irán en dirección contraria. Las bonificaciones se recortarán en 15,6 millones de euros. Esto quiere decir que durante este año los cántabros se han podido deducir un 13,1% de lo que pagaban en impuestos, mientras que en 2017 sólo podrán hacerlo en un 11,2%.

Por ejemplo, en materia de IRPF, se limitarán las ventajas fiscales por obras de mejora en la vivienda o por gastos sanitarios, reservándose únicamente en favor de los colectivos que se encuentran en mayores dificultades. En concreto, a las familias o individuos que tengan unos ingresos inferiores a los 31.000 euros si la tributación es conjunta o a los 22.000 euros si lo hacen individualmente.

Una de las medidas más políticas de esta reforma fiscal es la recuperación del impuesto de Sucesiones y Donaciones. Como se puede leer en la Ley de Acompañamiento del Presupuesto, que el Ejecutivo entregó ayer a los grupos de la oposición, se resucita el pago por herencias entre familiares directos: padres, hijos y cónyuges. Después de que el PP lo redujera hasta prácticamente eliminarlo hace cuatro años, tras un enconado debate parlamentario en el que tuvo que hacer valer su mayoría absoluta, el Gobierno ahora «lo retoca», en palabras del propio Sota.

Si el bipartito, en minoría parlamentaria, consigue que otro partido apoye el Presupuesto, la bonificación del 99% en las sucesiones se mantendrá solo para las cantidades menores de 60.000 euros. A partir de esa cantidad, todo sube. Pasa del 99% al 95% hasta los 200.000 euros; se fija en el 90% hasta los 400.000, y en el 70% para toda cantidad superior. Con esta medida, el Gobierno espera recaudar 58 millones de euros, apenas 1,2 millones más que este año. Eso sí, las deducciones se reducirán en global un 8%.

El IRPF no se toca

Lo que no se tocará, como ya había confirmado el propio consejero, es el tramo autonómico del IRPF. Desde la propia Agencia Tributaria, encargada de preparar la reforma fiscal, también eran reticentes a subir por segundo año consecutivo este tributo. Después del incremento en este curso a las nóminas superiores de 46.000 euros anuales, exigido por Podemos para dar su apoyo al Presupuesto, Cantabria ha escalado posiciones entre las comunidades con el IRPF más alto. Y, de hecho, es la autonomía donde más dinero tienen que pagar las rentas altas, las superiores a 160.000 euros.

Lo que sí habrá esta vez será una reducción de las bonificaciones, que este año suponían un 1,4% de los ingresos y el que viene será del 1,3%. Debido, sobre todo, a las citadas limitaciones en las obras de mejoras de viviendas y gastos sanitarios. Pero se pondrán en marcha otras para «ayudar en los numerosos gastos que soportan las personas con discapacidad y las familias y entidades en las que se apoyan», como se puede leer en el documento. Estos colectivos se beneficiarán de una deducción del 15% en el IRPF, del mismo modo que la disfrutan los donativos a fundaciones o a Cantabria Coopera, y se les incluirá en la deducción por cuidados de familiares.

«Cantabria ha de iniciar un periodo de firmeza económico-financiera que se traduzca en un incremento de su credibilidad ante los inversores, y ese objetivo ha de alcanzarse sobre la base de una lucha sin cuartel contra la desigualdad instalada en nuestra sociedad desde hace ya unos años. Para lograrlo la Comunidad ha decidido adoptar una serie de medidas fiscales que permitan alcanzar la disciplina presupuestaria rigurosa exigida en las actuales circunstancias pero respetando en toda caso la capacidad económica de los contribuyentes», destaca la Consejería de Economía en la Ley de Acompañamiento.

En el marco de esa política, el impuesto sobre Patrimonio crece un 33% y el Gobierno prevé recaudar 26,3 millones de euros. Se mantiene el mínimo exento, pero se elabora una nueva tabla para regular los tipos de gravamen «de manera progresiva que permita aumentar el esfuerzo fiscal a los contribuyentes que disponen de una mayor capacidad económica».

Otras subidas de recaudación importantes se dan en los impuestos cedidos por el Estado, como el tramo autonómico del IRPF (+4,5%) y del IVA (+7,6%). El de transmisiones pasa del 8% al 10% «para equipararlo con el tipo de IVA medio que tenemos en España», según Sota, mientras que en el capítulo de multas y recargos, el Ejecutivo tiene la previsión de ingresar un 41% más que este año.

Una serie de incrementos que han encontrado el respaldo de los sindicatos, pero no el de la patronal. El presidente de la CEOE, Lorenzo Vidal de la Peña, aseguró que «va a restar capacidad de inversión y que, por tanto, afectará al empleo». «Cuando se merma la capacidad de invertir, las posibilidades no son las mismas. Eso es lo que se consigue con esta subida fiscal», se quejó.

Otros expertos también se postularon este año contra la fórmula de elevar la presión fiscal a los ciudadanos. El economista Daniel La Calle, que participó en el foro de El Diario Montañés, fue uno de ellos: «El incremento de tributos es letal para la economía, está haciendo que las empresas se deslocalicen, ya que tienen muy cerca regiones con un sistema fiscal más atractivo».