La anulación del Plan de Urbanismo de Santander también afectará a la reforma del Cabildo de Arriba

Vista de varios edificios en el Cabildo de Arriba./Javier Cotera
Vista de varios edificios en el Cabildo de Arriba. / Javier Cotera
Santander

El Ayuntamiento pretende hacer una modificación puntual en el PGOU de 1997 para poder ejecutar las actuaciones que se preveían en el Plan anulado por el Supremo

DM .
DM .Santander

La anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander de 2012 se lleva también finalmente por delante el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Área Específica del Cabido de Arriba (PEPRI) y ahora lo que se pretende es tramitar una modificación puntual al planeamiento de 1997 para recuperar las determinaciones urbanísticas que se preveían en el plan anulado.

También «todo apunta» a que se recurrirá a una modificación puntual del PGOU de 1997, que es el que ahora está en vigor, para dar una nueva ordenación a los terrenos desafectados en el Frente Marítimo que quedaron en un «limbo» con la anulación del planeamiento de 2012.

Así lo ha dado a conocer este lunes el concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César Díaz, durante el Pleno extraordinario solicitado por PRC y PSOE para hablar de los efectos de la anulación del PGOU de 2012 decretada por el Tribunal Supremo.

Díaz ha insistido en que dicha anulación se produjo por una causa «externa y sobrevenida» como fue la anulación del bitrasvase, una afirmación con la que no se han mostrado de acuerdo algunos de los grupos de la oposición.

El pasado enero, dos meses después de la sentencia que anulaba el PGOU, que es de noviembre de 2016, Díaz ya hizo una primera estimación de los efectos del PGOU, en el que avanzó que solo dos proyectos decaían: el Plan Parcial de La Remonta, que preveía la construcción de 1.300 viviendas, y el Parque Litoral Norte, un parque verde y público con 4 millones de metros cuadrados y cuyo plan especial ya se había contratado.

Respecto al Plan Especial del Cabildo de Arriba aprobado en Pleno en 2015, Díaz señaló entonces que «no se sabía» si se anulaba o no pero este lunes ha confirmado su anulación.

De forma genérica, Díaz ha defendido que el equipo de Gobierno (PP) «trabaja todos los días» para «minimizar» los efectos de la anulación del PGOU pese a la «nula ayuda» de los partidos de la oposición y de la Consejería que en el Ejecutivo regional tiene las competencias de urbanismo, que es la dirigida por la socialista Eva Díaz Tezanos, vicepresidenta de Cantabria y exsecretaria general del PSOE autonómico.

Díaz, que ha hecho un repaso a casi una treintena de actuaciones previstas en el PGOU anulado y ha detallado cuáles se ven afectadas por dicha circunstancia, ha explicado que en los casos que es posible los efectos de la anulación del PGOU se "intenta paliar a través de modificaciones puntuales" del PGOU de 1997.

Algunos de los casos en los que, según ha dicho, será posible hacer frente a las consecuencias de la anulación del PGOU de 2012 a través de una modificación puntual son, por ejemplo, la construcción de las 70 viviendas sociales en la finca de Tabacalera de la calle Alta; o la rehabilitación del Club de Regatas, o los ya citados del Plan Especial del Cabildo o el Frente Marítimo.

Los otros proyectos SÍ afectados

Plan Parcial de la Remonta.
El plan que reordenaba la gran finca de La Remonta, que tardó 11 años en redactarse y aprobarse, ya no es válido. Es el único plan parcial al que se dio luz verde en el contexto del Plan General anulado. 
Parque Litoral Norte
El proyecto para convertir cuatro millones de metros cuadrados en un gran parque público tampoco sigue adelante. Una consultora ya había redactado dos fases para definir usos, pero se desistirá del contrato. Este parque se deja para el siguiente plan general.
Frente Marítimo.
Los terrenos desafectados por Puertos del Estado (187.000 metros cuadrados entre Varadero y San Martín) para que la ciudad los ordenase se han quedado sin paraguas. Están en el limbo. Para desarrollarlos habrá que firmar un nuevo convenio con el Ministerio de Fomento y otras instituciones.
Concurso Internacional de Ideas para el Frente Marítimo.
Ya tenía cinco finalistas, pero se apoyaba en el PGOU de 2012. Por tanto, tampoco sigue adelante. Los finalistas aún no habían sido invitados a presentar sus proyectos para desplegar el área.
Hospital Valdecilla.
Hoy, el complejo tiene agotada su edificabilidad. No podrá construirse una nueva cafetería junto a Valdecilla Sur ni el edificio que acogería el Instituto Anatómico Forense. Sí podrá acometerse todo lo previsto para el Hospital Virtual.
Reordenación Ferroviaria.
La primera fase (recuperar para la ciudad 45.000 metros cuadrados en las estaciones liberados por Fomento) requiere una modificación puntual. Este proyecto también la necesitaba con el Plan General de 2012.
70 viviendas de protección oficial en la calle Alta.
No se puede seguir con la tramitación de la licencia porque el diseño actual precisa cambios.
Ampliación del convento de Las Clarisas.
El proyecto del Gobierno regional de rehabilitar el convento de la calle Alta donde estuvo Tabacalera para acoger una sede del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) no podría ejecutarse actualmente porque el plan del 97 no permite aumentar el espacio.
Colegio La Enseñanza (Compañía de María).
El plan de trasladar este colegio a San Román y construir en su lugar viviendas, zona verde, aparcamientos y un local municipal ya no es posible, aunque todas las partes afectadas quieren mantener viva la idea inicial.
Residencia de mayores de Caja Cantabria en Cazoña.
El inmueble pierde el uso residencial con el que se había recalificado y ha vuelto a convertirse en equipamiento socio-sanitario. El Ayuntamiento ya había cobrado los siete millones de plusvalías que le correspondían por la recalificación del edificio. Ahora Consistorio tiene que devolver a la Fundación Caja Cantabria esos 7 millones de euros.

Frente Marítimo

En cuanto al Frente Marítimo, el edil ha señalado que la «voluntad» es suscribir un nuevo convenio entre Administraciones para llevar a cabo esta modificación puntual.

Este acuerdo interadministrativo sustituirá al firmado a finales de 2013 entre el Ministerio de Fomento, la Autoridad Portuaria, el Ayuntamiento de Santander, Puertos del Estado y el Gobierno de Cantabria.

Díaz ha señalado que habrá que «replantearse» el balance econonómico de la actuación y la edificabilidad, que será, según lo previsto, «inferior» al que se preveía en el PGOU de 2012.

Además, ha anunciado que no se ha producido «ninguna reclamación» de las empresas que participaron en el concurso de ideas que se convocó para la reordenación del Frente Marítimo y del que «hubo que desistir» tras la anulación del PGOU de Santander de 2012.

Otras actuaciones previstas en el PGOU de 2012 anulado no podrán llevarse a cabo a través de modificaciones puntuales, como la recuperación del suelo productivo previsto entre el puente de Arenas y Rucandial, una de las áreas previstas en dicho planeamiento para la ampliación del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN) o el Parque Litoral Norte.

Pese a reconocer el efecto de la anulación del PGOU, Díaz ha reivindicado que la ciudad está «más viva que nunca» y con «múltiples» proyectos en marcha.

Así, ha opinado que han quedado en «agua de borrajas» los «peores augurios» de la oposición tras la anulación del PGOU.

El edil ha acusado a la oposición de no haber hecho «absolutamente nada» tras la anulación de ese planeamiento ni haber planteado alternativas para minimizar sus efectos. «¿O están aquí para maximizar los efectos del plan?», se ha preguntado.

En este sentido, la oposición sí ha advertido de la gravedad de los efectos de la anulación del PGOU pues, según han opinado algunos de ellos «ha acabado con grandes proyectos urbanísticos», como el que estaba previsto en La Remonta.

Sin embargo, otros como Mantecón han señalado que la anulación del PGOU van a posibilitar que no se lleve a cabo la «locura» y «barbaridad» que se preveía en el mismo. Además, varios de los integrantes de la oposición han opinado que dicha anulación puede servir para elaborar y aprobar un mejor PGOU.

Nuevo PGOU

En relación al futuro PGOU, Díaz ha señalado que se está cerrando la cuantificación del coste que conllevará una nueva redacción del PGOU.

«Santander tiene que tener un plan revisado dentro del modelo de ciudad que defina el modelo de ciudad», ha dicho el edil, que ha explicado que «se está trabajando en la elaboración de los pliegos», aunque ha avisado que hacer uno nuevo es una cuestión que lleva actualmente en torno a 8 o 10 años.

Así, el edil ha reclamado que la nueva ley del suelo elaborada por el Gobierno regional permita que el contenido de los PGOU sea «mucho más simplificado» y permita una tramitación más ágil.

También ha incidido en la dotación de unas Normas Urbanísticas Transitorias como posible solución a esta anulación del PGOU y ha criticado la negativa del Gobierno regional a introducirlas en la 'ley de acompañamiento' a los Presupuestos o con una proposición de ley y ha opinado que su tramitación no puede durar lo mismo que el nuevo planeamiento.

Impacto económico

Además, Díaz ha dado explicaciones en el Pleno sobre el impacto económico de la anulación y ha anunciado que el Ayuntamiento «defenderá en todas las instancias» que éste sea «cero».

Así, ha señalado que, de forma genérica, se ha acordado que «cualquier repercusión económica» de esa anulación del PGOU «se va a repercutir» al Gobierno de Cantabria, Administración General del Estado y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

El concejal ha avanzado que hasta el momento se ha presentado una reclamación patrimonial contra estas Administraciones por el gasto de 3 millones en los costes de la elaboración del PGOU y se va a plantear otra por los 6,9 millones que el Ayuntamiento de Santander tendrá que devolver a la Fundación Caja Cantabria por el convenio urbanístico de la parcela de la antigua residencia de Cazoña y que quedó sin efectos por la anulación del PGOU.

Díaz ha señalado que «a día de hoy» no se ha presentado «ningún tipo de reclamación patrominal por la anulación del PGOU» y sobre las posibles que se presenten ha señalado que es «complicado» el «sacar la bola de cristal».

Además, ha apuntado que únicamente hay un procedimiento judicial planteado por las licencias concedidas al supermercado ALDI junto a la S-20 sin que hasta el momento haya una sentencia al respecto.

Al margen del contenido del debate sobre la anulación del PGOU, casi toda la oposición ha acusado al equipo de Gobierno de no haber aportado antes de la sesión documentación y también le ha reprochado que se haya convocado este pleno monográfico el mismo día en que se ha celebrado el pleno de presupuestos.

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