El Ministerio ya avisó en 2016 de que los diques de La Magdalena eran «llamativos»

El Ministerio de Medio Ambiente ya avisó al hacer público el estudio ambiental de los espigones de La Magdalena: las estructuras con las que se iban a estabilizar las tres playas (Bikini y Los Peligros, además de la citada) causarían un «llamativo impacto paisajístico». Fue en febrero de 2016, al difundir el análisis del proyecto que suponía, de facto, la luz verde a un plan que Santander reclamaba desde hacía una década. Justo dos años después de ese visto bueno a la construcción, han despertado los foros de opinión ciudadana, alarmados por el pegote que ya dibuja en el mar uno de los diques, que cambiará la imagen de la bahía santanderina.

También se han revuelto los partidos, si bien las escolleras provocaron chispas políticas desde el minuto uno: la oposición de Podemos al proyecto arrastró al bipartito a un rechazo temporal que -incluso- llegó a los juzgados e hizo romper relaciones a Miguel Ángel Revilla y al entonces aún alcalde de Santander (Íñigo de la Serna), que habían iniciado esta legislatura haciendo votos mutuos por llevarse bien. De la Serna llegó a denunciar que la Administración autonómica acosaba a la ciudad por la vía de la paralización de las inversiones previstas (esta construcción estaba presupuestada en más de dos millones de euros).

El hoy ministro de Fomento fue el principal valedor de esta obra desde hace una década, al extremo de que al día siguiente de conocerse el estudio del Mapama (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente) con la advertencia de que las estructuras traerían consigo un choque paisajístico, él respondió a preguntas de los periodistas con un rotundo «no tendrán ningún impacto».

El exalcalde siempre mantuvo que había que elegir entre dos opciones: o aceptar los espigones y mantener las playas o no intervenir y resignarse a perder tres arenales emblemáticos para la ciudad porque forman parte importante de la imagen turística de Santander.

Él y su equipo del PP en el Ayuntamiento (ahora liderado por Gema Igual) y Podemos han sido los dos partidos cuya opinión no se ha movido en estos dos años. Los populares se mantienen en su firme defensa de la bondad del proyecto pese a que el Servicio de Urbanismo municipal -en el periodo de consultas del ministerio- no apostó por la alternativa escogida por el Gobierno central, precisamente por su impacto en el paisaje. Los podemitas, por su parte, exigieron desde el primer minuto garantías de que la construcción no supondría daños para los equilibrios medioambientales de la bahía y siguen en ese discurso.

Más vaivenes han sufrido los mensajes lanzados por el PRC y el PSOE (tanto el bipartito autonómico como los grupos municipales). Apenas tres semanas después de tener el proyecto luz verde del ministerio, la consejería regionalista de Medio Rural anunció que lo recurriría, alegando que no tenía constancia de que se hubiera realizado un estudio en profundidad sobre la dinámica hidrológica en el litoral y, sobre todo, que se desconocía cómo afectaría a los hábitats y especies de los dos Lugares de Interés Comunitario (LIC) afectados: las dunas de El Puntal y el estuario del Miera.

Los socialistas en el gobierno se alinearon con su socio, si bien optaron por un perfil bajo, dejando en manos del PRC la vanguardia de la demanda. Así, los regionalistas iniciaron un camino de reproches al Mapama y durante un año mantuvieron un contencioso con la Administración central que solo concluyó en el verano de 2017. En aquel momento, el Gobierno de Revilla llegó a un acuerdo con el Ministerio tras recibir la información adicional sobre las consecuencias medioambientales del plan que satisficieron a los técnicos de la Consejería de Medio Rural sobre la repercusión de la construcción en el medio marino.

Una vez que la asociación ecologista Arca, el Grupo Alceda, Ecologistas en Acción y grupos de vecinos de Santander se han organizado en la plataforma 'Salvar La Magdalena, escolleras fuera', el PRC se ha reconvertido en la fuerza política más significada, junto a Podemos, en la oposición a los espigones.

Esta semana, las adhesiones a la petición de paralización cristalizaron con rapidez en unas organizaciones y otras. El martes, los regionalistas adelantaron propuestas tanto en el Ayuntamiento como en el Parlamento para exigir la paralización «inmediata» de la construcción, mientras Podemos presentó el miércoles una proposición no de ley en el Parlamento de Cantabria para instar al Gobierno del Estado a la «paralización inmediata» de la obra y exigir «la retirada de las escolleras para que la zona recobre su estado». También el miércoles, el presidente del Ejecutivo declaró que el dique no le gusta nada.

El PSOE, por su parte, se está sumando a las iniciativas de sus aliados en la Administración regional. Lo mismo Pedro Casares (portavoz municipal) que Eva Díaz Tezanos (vicepresidenta del Gobierno) se han posicionado esta semana contra los espigones, si bien la dirección general de Medio Ambiente (dependiente de Díaz Tezanos) fue una de las que tuvo oportunidad de alegar ante el ministerio en la ronda de consultas previas a organismos e instituciones y entonces no puso pegas a la afección paisajística que tendría el proyecto pese a reconocer que sería importante.