El notario de Castro imputado actuó fuera de la legalidad, según un perito

El culebrón judicial de Castro Urdiales vivió ayer un capítulo más. En esta ocasión, le tocó al notario José Graiño Ferreiro -imputado por presunto delito de prevaricación- pasar por las dependencias judiciales para declarar ante el magistrado Luis Acayro Sánchez.

Allí se encontró con un informe pericial redactado por José Manuel Beneitez, notario de Soria, que no deja en buen lugar su actuación en la unidad de ejecución 1.26, donde se levanta una promoción de 51 viviendas, junto al polideportivo Pachi Torre, que han sido paralizadas por el instructor. «La actuación notarial del notario de Castro Urdiales D. José Graiño Ferreiro en relación con la llamada 'Acta' autorizada por el citado notario en la fecha de 19 de diciembre de 2005 es, a juicio de este perito, contraria a las normas que rigen la función notarial, pues dicho notario no tenía competencia ni por razón de la materia, ni por razón de su renuncia al turno, para la citada autorización, que debió ser en todo caso denegada tanto por el contenido de la citada 'acta' como por su renuncia al turno de reparto de documentos oficiales».

En este informe, el perito asegura que las escrituras que autorizó Graiño (conformidad con el estudio de detalle, proyecto de reparcelación y proyecto de urbanización de la Unidad de Ejecución 1.26) no son competencia de los notarios. A partir de esa firma de escrituras, se construyeron las 51 viviendas paralizadas después por el juez.

«El notario debió abstenerse de intervenir por carecer manifiestamente de competencia por razón de la materia, pues dicha espontáneo reunión (sin resolución administrativa alguna que facultara la intervención del notario) quedaba completamente fuera de la posible actuación notarial».

Más razones

El perito aporta otra razón por la que Graiño no actuó de acorde a la ley, ya que en noviembre de 2002 renunció al turno de reparto de documentos oficiales en Castro Urdiales. «Ferreiro debió abstenerse de autorizar el citado instrumento público, manifestando a los representantes del Ayuntamiento su incompetencia reglamentaria por haber renunciado al turno, poniendo en conocimiento del alcalde y del secretario municipal que debían seguir el correcto procedimiento de solicitud de notario competente para el turno de reparto de documentos oficiales».

Por otra parte, la ingeniero municipal, Mari Carmen Villanueva, imputada por prevaricación administrativa dentro de estas diligencias, también tuvo que personarse ante Acayro, pero prefirió no declarar.