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Los acusados se han declarado inocentes
La fiscalía pide 89 años para los acusados de obligar a mujeres a prostituirse

La fiscalía pide 89 años para los acusados de obligar a mujeres a prostituirse

Los presuntos proxenetas han insistido en declararse inocentes y no conocer a las chicas hasta haberlas visto en el juicio

dm| agencias

Miércoles, 9 de marzo 2016, 20:00

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En la última sesión del juicio de la llamada 'Operación Centaurus' contra los acusados de obligar a chicas a prostuirse en clubes de Torrelavega y Polanco, la Fiscalía ha solicitado para ellos 89 años de cárcel.. Una pena que rebaja la petición inicial y se adecúa al nuevo Código Penal, que modifica a la baja las penas para este tipo de conductas.

A pesar del volumen que implica esta petición, supone casi la mitad de lo que el Ministerio Fiscal solicitaba en su escrito provisional. Además de esa variación del Código Penal, se da la situación de que solo cuatro de las siete personas citadas a declarar se han sentado finalmente en el banquillo.

No se trata de que hayan huido o tuvieran otras ocupaciones más relevantes para no responder a la llamada de la justicia; uno de los hombres acusados por la Fiscalía ya fue juzgado y condenado por los mismos hechos en Rumanía, país del que procedían varias de las chicas extorsionadas; un segundo se encuentra en rebeldía y el tercero se personó sin abogado el primer día del juicio y, en su caso, tendrá que volver al Juzgado para repetir el proceso.

Los acusados han tenido la opción de hacer uso del derecho a la última palabra. El supuesto gerente de los clubes se ha limitado a afirmar que es inocente mientras que el presunto cabecilla de la red, ha asegurado que nucna había visto a las mujeres antes de coincidir con ellas en el Juzgado; "Ni he pagado un euro a nadie ni he ido a ningún lado", ha concluido.

Mujeres engañadas

La Fiscalía ha insistido en que los acusados trajeron a mujeres de Rumanía engañadas para que se dedicaran a la prostitución y las amenazaron, mientras que las defensas han destacado que no han cometido delitos y han puesto en cuestión las declaraciones de las chicas.

El fiscal atribuye a estos hombres delitos de detención ilegal, contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, y sostiene que existía una organización en la que el cabecilla y la persona en rebeldía daban las órdenes y el resto cumplían.

El Ministerio Fiscal ha reconocido que lo que ha contado la mujer que declaró como testigo protegido supone "el cuerpo principal" de la acusación, y ha destacado su "credibilidad" y la ausencia de contradicciones.

El fiscal ha recordado que esta mujer contó al testificar, a puerta cerrada y por viodeoconferencia, que pensaba que venía a España para trabajar como camarera pero que en realidad la trajeron para prostituirla, y que no lo supo hasta que llegó.

Y ha añadido que esta testigo acusó al supuesto cabecilla de amenazarla con que no iba a salir del club si no cumplía con su trabajo.

Para "cobrar una indemnización"

El abogado de este acusado cree que el relato de ese episodio por primera vez en el juicio, once años después de iniciarse el proceso, tiene como motivo que la testigo protegido quiere cobrar una indemnización.

"Está buscando vivir a costa de estos señores que no han cometido ningún delito, pero busca que le den dinero para vivir como una marajá en su Rumanía natal", ha dicho el letrado.

El fiscal piensa que el acusado que supuestamente actuaba como gerente de los clubes era el que "daba la cara" y a quien pusieron "para parar los golpes", mientras que otros dos acusados actuaron como jefe de seguridad y guardaespaldas y como encargado de uno de los clubes.

Y no se cree que los acusados no se enteraran de la actividad que ejercían las chicas o de los detalles del día a día, tal y como manifestó alguno de ellos. "No somos tan tontos como para no enterarnos de nada", ha agregado.

La defensa del supuesto cabecilla entiende que, ante la ausencia de pruebas en el juicio, la sentencia tiene que ser absolutoria. "Estamos una vez más ante elucubraciones, suposiciones y pensamientos en voz alta del Ministerio Fiscal", ha lamentado en su intervención.

La defensa del supuesto administrador de los clubes ha asegurado que este hombre no cometió delitos, que solo se sirvieron de él "para cubrir determinadas apariencias", y que, de hecho, ninguna de las chicas lo conocía.

Y la letrada del supuesto jefe de seguridad ha achacado la imputación y el juicio contra este hombre a un error, a "una enorme confusión" por "tener el mismo nombre" que otro trabajador de los clubes y porque en ningún momento se hayan especificado los apellidos.

"Su implicación en la causa es circunstancial y una simple coincidencia de nombre. Él no ha participado en nada", ha advertido.

El Ministerio Fiscal, a su vez, quiere que se deduzca testimonio por las declaraciones de dos personas que comparecieron ayer: el hombre ya condenado en Rumanía por traer chicas y una de las testigos.

Las defensas han pedido que, en caso de que haya condena, se aplique a los procesados la atenuante de dilaciones indebidas, dado que la tramitación de la causa se ha prolongado durante diez años.

El fiscal no aprecia esas dilaciones de forma clara, porque durante la instrucción varios de los acusados han estado fugados y porque la existencia de testigos protegidos ha complicado la tramitación. Pero tampoco ha descartado que se aplique esa atenuante, que no ve "descabellada".

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