El Gobierno sanciona a 18 propietarios de pisos sociales por fraude e investiga a 30

El Gobierno cántabro ha multado con cerca de 30.000 euros a 18 titulares de pisos protegidos e investiga a otros 30 por haber cometido algún fraude con el inmueble, la mayoría de las veces, por tenerlo vacío. Tras haber inspeccionado 1.612 viviendas de calificación pública durante los últimos dos años, la Consejería de José María Mazón ha abierto 53 expedientes sancionadores, de los cuales el 46% ha concluido con una penalización económica. La multa media es de 3.000 euros.

El examen a fondo del parque público de viviendas, que en Cantabria se compone de casi 22.000 inmuebles, arrancó durante la pasada legislatura, primero con una empresa contratada para poner en marcha el servicio y más tarde con funcionarios de Obras Públicas, según indican desde la Consejería. En el año 2014 se inspeccionaron un total de 744 viviendas en los municipios de Bareyo, Cartes, Castro Urdiales, Miengo, Piélagos, Suances y Santander. Al año siguiente hicieron lo propio en Camargo, Campoo de Yuso, Laredo, Marina de Cudeyo, Miengo, Piélagos, Reinosa, Santander, Santillana del Mar, Torrelavega, Val de San Vicente y Voto. Como resultado de esas inspecciones se archivaron las diligencias previas en el 97,27% de los casos.

La revisión se retomará ahora con el II Plan de Control bianual que afectará especialmente a aquellas zonas donde mayor demanda hay, de modo que se pueda comprobar que sus titulares respetan la legislación.

Con lupa

«En cualquier caso, las inspecciones no concluirán. Cuando finalice la primera vuelta, las iremos repitiendo por sectores, como hacen en Hacienda», indicaron, de manera gráfica, fuentes de la Consejería. En el futuro se intensificará el control del parque de alquiler social, entre otros motivos para verificar si con el paso de los años los inquilinos continúan cumpliendo los requisitos de ingresos para residir en una casa de ese tipo.

Pero hay otros ámbitos donde poner la lupa. La Administración quiere extremar la vigilancia sobre todos los arrendatarios beneficiarios de ayudas de alquiler a fin de verificar el mantenimiento de las condiciones y los requisitos exigidos en el momento de la calificación y posterior concesión de las ayudas percibidas. Estas infracciones determinarán, en caso de constatarse el incumplimiento de los solicitantes, la iniciación del correspondiente procedimiento de revocación y reintegro de las ayudas percibidas.

A tenor de los datos disponibles, el fraude en los pisos de protección «no se puede considerar excesivo», subrayan portavoces del Ejecutivo. En descargo de los funcionarios encargados de investigar posibles irregularidades, que «tienen que escuchar de todo», desde Obras Públicas sostienen que ese trabajo no tiene un fin recaudatorio. Los casi 59.000 euros que se han llegado a recaudar, en el mejor de los casos algunos afectados piden el fraccionamiento por lo que se tarda más en cobrar «representan una cifra ridícula e ínfima dentro del presupuesto global de Vivienda».

No obstante, el Gobierno insiste en que, cuando concluya esta ronda de inspección de los pisos protegidos, la principal conclusión que se extraerá es que el sistema para detectar irregularidades «está montado» y «tiene efecto disuasorio. La función social de ese parque residencial está garantizada, ya que las personas que residen en él tendrán muy presente que un funcionario pasará a verles tarde o temprano. Y sabrán que se ejerce un control en todas las fases de la vida del inmueble», recalcan desde el departamento que dirige el regionalista José María Mazón.

La «mayor preocupación» del Ejecutivo es impedir que el adjudicatario de un piso protegido lo mantenga desocupado. Hay otros fraudes, pero ese es el que se ha tratado de combatir con particular denuedo. No obstante, desde el Gobierno admiten que algunos casos no son sencillos de resolver, razón por la cual actúan con «cierta flexibilidad» cuando el ciudadano alega motivos fundados. Por ejemplo, desde el comienzo de la crisis económica no es extraño que el titular deVPO alegue falta de liquidez para pagar. «Pero lo tiene que demostrar», advierten.