El delegado del Gobierno comparecerá en el Parlamento, pese a las críticas del PP

El Parlamento de Cantabria ha aprobado este martes la comparecencia en Comisión de delegado del Gobierno, Samuel Ruiz, para informar sobre la Ley de Seguridad Ciudadana con el voto en contra del PP, que ha advertido de que las instituciones no son el "escenario de una comedia" y tampoco "la pista de un circo".

La comparecencia del delegado del Gobierno, que no está obligado a acudir al Parlamento, había sido solicitada por el grupo parlamentario Podemos ante los "alarmantes datos" sobre la aplicación de esta Ley en Cantabria.

Según el diputado de la formación morada Alberto Bolado, que cita fuentes del Ministerio de Interior, desde que la Ley entró en vigor, se han tramitado en Cantabria 3.320 sanciones, que han derivado en 551 multas por cada 100.000 habitantes, lo que significa que esta comunidad sanciona 61 veces más que Madrid o 110 veces más que Cataluña.

Durante su intervención en la Comisión de Presidencia y Justicia del Parlamento, que ha decidido esta mañana sobre su solicitud, Bolado ha opinado que la 'Ley Mordaza' se basa en la máxima de "a más seguridad, menos libertad" y supone un claro recorte de las libertades públicas.

El diputado de la formación de Pablo Iglesias ha dicho que el PP se quedó "solo contra todos" para aprobar una ley que supone un "atentado contra el Estado de Derechos y limita libertades públicas y muchos de los derechos conquistados. Al aprobar esta ley, el Gobierno del PP ha pretendido, a su juicio, "acallar las protestas y la contestación social" y dejar a los ciudadanos "sin voz" ante un "recorte sin precedentes".

Todos los grupos parlamentarios han respaldado "por transparencia" la solicitud de comparecencia del delegado del Gobierno, salvo el PP, que considera que la única finalidad de esta petición es abrir un debate político contra una ley del Estado.

La diputada del PP Isabel Urrutia ha subrayado que esta solicitud no se sustenta ni en el ordenamiento jurídico, ni en el marco constitucional, ni en Estatuto de Autonomía y "mucho menos" en el Reglamento de la Cámara, y ha advertido de que a pesar de lo que algunos intentan, instituciones como el Parlamento no son "ni lugares de enfrentamiento, ni la pista de un circo, ni el escenario de una comedia".

Urrutia: "Podemos le echa teatro todos los días"

Urrutia ha contrapuesto la actitud de Podemos, cuyo líder equipara "la libertad de expresión con el teatro" y sus parlamentarios regionales -ha dicho- "le echan teatro todos los días", con los partidos que entiende "serios" y que, a su juicio, dejan "perplejos" con sus decisiones y "sus bandazos" por el "qué dirán".

La finalidad del Parlamento no es controlar la acción del Gobierno de España, ha dicho y se ha preguntado por qué los grupos no llaman al lehendakari o al presidente del Gobierno de Asturias o de la Diputación de Burgos, puesto que las decisiones de las comunidades vecinas también afectan a Cantabria. La parlamentaria popular ha sugerido a Podemos que canalice este tipo de peticiones de información a través del Congreso de los Diputados, donde tiene grupo propio.

Hernando: "Su comparecencia es razonable"

El diputado del PRC Pedro Hernando ha opinado que las dinámica de las comisiones debería ser más común, porque son un instrumento para que los parlamentarios obtengan información directa, en este caso sobre la aplicación de una ley que arroja "datos llamativos y bastante graves".

Bajo su punto de vista, aunque el delegado del Gobierno no está obligado, sería razonable que compareciera para que explique el por qué de los datos y los grupos puedan hacer una valoración.

Socialistas y Ciudadanos, a favor

La socialista Silvia Abascal ha opinado que la crisis ha sido la excusa para sustituir la protesta y la huelga por autoritarismo y ha opinado que la Ley Mordaza recorta libertades y rompe el espíritu de la Constitución, mientras que Rubén Gómez, de Ciudadanos, ha votado a favor por transparencia, aunque también ha reconocido que no es una función del Parlamento autonómico controlar al Gobierno de España.

La Comisión ha acordado por consenso crear una ponencia para eliminar los aforamientos mediante la modificación de los artículos 11 y 20 del Estatuto de Autonomía.