La asociación de viviendas turísticas de Cantabria recurre el decreto que las regula

Esto último es el principal caballo de batalla de la organización que preside Jaime Paino de Pedro. Los propietarios no están de acuerdo en que la nueva norma incluya también a los establecimientos turísticos de este tipo que ya estaban en funcionamiento cumpliendo todas las obligaciones legales, así como las que se encontraban en vías de conseguirlo.

El citado decreto, entre otros aspectos, exige a los propietarios un certificado de compatibilidad de la actividad, un permiso que debe emitir cada ayuntamiento. Y aquí viene el principal punto de fricción sobre el que se fundamenta el recurso planteado por Avutcan. Esta última condición deberá ser cumplida tanto por las nuevas viviendas que pretendan salir al mercado como por las que ya están funcionamiento. Para ponerse al día, el decreto otorga un plazo máximo de ocho meses. Acabado ese tiempo, las que no cumplan los requisitos aprobados por cada municipio perderán la legalidad.

«Este carácter retroactivo es ilegal y supone un grave perjuicio para los propietarios de las más de 6.500 viviendas de uso turístico legales o en proceso de legalización en Cantabria», considera Avutcan.

Los propietarios han sido contundentes en sus valoraciones, pues afirman con rotundidad que la norma diseñada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte que dirige Luis Martínez Abad «persigue la extinción de esta modalidad alojativa».

El colectivo considera que estas explotaciones turísticas «permiten a muchas familias de la región obtener ingresos con los que subsistir, a otras muchas disfrutar de unas vacaciones asequibles, a empresas alojar a sus trabajadores en condiciones competitivas y a familiares visitar con mayor frecuencias a personas hospitalizadas o estudiantes desplazados». Por ello, continúa, «la entrada en vigor del decreto tendrá un impacto muy negativo en la economía regional, no sólo para los pequeños propietarios, sino que también para el tejido empresarial del que depende esta actividad».

El hecho de que sea responsabilidad de cada ayuntamiento establecer los requisitos para otorgar el uso turístico a una vivienda –además de cumplir los que con carácter general determina la propia Comunidad Autónoma– también ha provocado desconcierto en los consistorios. El consejero trató sin éxito de disipar las dudas citándolos a todos a una reunión que se celebró a principios de agosto, pero el encuentro terminó igual que comenzó. Los ayuntamientos más críticos se quejaron ante el consejero de que el Gobierno regional les había pasado «la patata caliente».

Ahora el Ejecutivo se enfrenta a este recurso, aunque Avutcan reitera su disposición «al diálogo». No obstante, advierte de que defenderá «con firmeza los derechos adquiridos por los propietarios», a la par que insta a la creación de «un marco normativo justo, seguro y proporcionado».