La justicia seguirá su curso; la política debe asumir el suyo

Lo sucedido no fue un error menor ni un simple desliz comunicativo: fue una intervención política, pública y consciente sobre un proceso judicial abierto, realizada en plena campaña electoral y desde la autoridad institucional que su cargo le otorga.

La semana de las elecciones municipales, el alcalde, como representante del PRC, adoptó una posición clara de respaldo al acusado, otorgándole legitimidad y cobertura social a una causa que debía transcurrir exclusivamente en el ámbito judicial.

Ese posicionamiento público no fue neutro: condicionó la percepción social, alentó la movilización vecinal, generó una colecta económica y contribuyó a situar a nuestra familia en el centro de un señalamiento injusto y profundamente doloroso. Hasta entonces éramos una familia respetada e integrada en Villaescusa. Fue a raíz de los mensajes, insinuaciones y comentarios surgidos desde su entorno cuando nuestra vida social se transformó.

Durante meses hemos convivido con miradas inquisitivas, silencios hirientes y dudas sobre nuestra credibilidad. Incluso se intentó influir en informes sociales relacionados con nuestra familia, lo que nos obligó a defendernos sin apoyo institucional.

Hoy el alcalde afirma que se sintió engañado. Sin embargo, esa afirmación parece buscar comprensión, no asumir responsabilidad. La potestad de los servicios jurídicos la ostenta el propio alcalde. Él tenía la obligación de apartar al monitor acusado al existir una orden de alejamiento, cuya ruptura desencadenó una condena posterior.

Mientras él intenta justificar su actuación a través de artículos de prensa, hay dos menores que han sido expuestas sin medidas ni protección real; dos padres cuestionados; una familia cuyo nombre nunca debió salir del ámbito judicial. La protección de la infancia no admite cálculos electorales, ni titulares oportunos, ni rectificaciones condicionadas por los acontecimientos presentes.

La reparación exige responsabilidad pública, reconocimiento del daño causado y garantías de que nada parecido volverá a suceder a ninguna familia. Por todo lo expuesto, solicito públicamente la dimisión inmediata del alcalde de Villaescusa. No por venganza, sino por dignidad institucional. Porque quien utilizó su cargo para influir en la opinión pública sobre una causa judicial abierta, quien participó en un señalamiento social injusto y quien, con sus actos, contribuyó a la desprotección de una menor, no puede seguir ocupando ni representando la máxima responsabilidad municipal.