Cantabria mantiene su decreto para regular las viviendas turísticas, a pesar de Competencia

Varios turistas entran en un portal particular para pasar sus vacaciones en un alojamiento turístico. /Inés Baucells
Varios turistas entran en un portal particular para pasar sus vacaciones en un alojamiento turístico. / Inés Baucells

La Comisión Nacional frena las normativas de Madrid, Bilbao y San Sebastián por «vulnerar el libre mercado», pero Turismo confía en su borrador: «Hemos evitado lo más polémico para que no pase aquí»

Marta San Miguel
MARTA SAN MIGUELSantander

Todo empezó con la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos por parte del Gobierno de España en 2013, cuando dejó los alquileres fuera de la finalidad turística. Desde entonces, esta forma de arrendamiento privado está en un limbo, engordado por las plataformas de alquiler a través de Internet, que ha puesto a propietarios en el punto de mira de las administraciones y al sector hostelero de uñas contra lo que consideran un intrusismo ilegal. Cantabria lleva tres años trabajando en un nuevo decreto que dé «amparo jurídico a este tipo de oferta turística», pero cuando el texto está en pleno trámite para su envío al Consejo de Estado, un informe de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia llevará al Tribunal Superior de Justicia los planes de tres ayuntamientos de legislar por su cuenta este tipo de establecimientos y amenaza con tumbarlos al considerar que «vulneran el libre mercado». ¿Entra en esta descripción el que está preparando Cantabria? Según la Dirección General de Turismo, no.

Ver más

«Tuvimos que ponernos en marcha tras la modificación de la ley en 2013», dice Eva Bartolomé, y para ello, se han mirado «en el espejo de otras comunidades autónomas para redactar el texto y evitar cuestiones que han sido polémicas y que han acabado tumbadas por Competencia», dice. Ese espejo servirá «para que no nos pase lo mismo que a otras regiones». ¿Dónde está la polémica? En el caso de Bilbao, en que sólo pueden ser viviendas de este tipo las plantas bajas o primeras de los inmuebles, salvo que tengan acceso independiente a la calle. Además, la ley exige autorización y registro para estos pisos. En el caso de San Sebastián, la normativa limita también las viviendas de uso turístico a las plantas bajas o primeras de los inmuebles, salvo que tengan acceso independiente a la calle. La normativa prohíbe también nuevas viviendas turísticas en algunas zonas del centro de la ciudad. En Madrid, la norma del Ayuntamiento exige una licencia para poder alquilar apartamentos y viviendas turísticas, además de establecer el periodo de un año hasta que se puedan otorgar de nuevo licencias en determinados distritos. Ante esto, la CNMC apela al libre mercado y ve estos casos contrarios «a la competencia y a los principios de regulación económica eficiente, que perjudica a los consumidores y usuarios», y por ello, presentará los recursos contencioso-administrativos ante los Tribunales Superiores de Justicia de sus respectivas comunidades autónomas.

«No debería haber problemas de esa índole en Cantabria», de hecho, asegura Bartolomé, el único punto en el que podría haber conflicto con el texto que plantea el Gobierno regional es con los estatutos de propiedad horizontal: «En las comunidades de vecinos en cuyos estatutos esté prohibido expresamente el uso turístico de los pisos, no los registraremos», dice. «Entiendo que es razonable que los propietarios del resto de las viviendas, si no quieren que algún vecino use el piso de su mismo edificio para tal fin, puedan decir algo al respecto». Por lo demás, dice, «el borrador es razonable y no entra en colisión con lo que propone la CNMC».

«Vamos a seguir con la tramitación para lograr el amparo jurídico a este tipo de alojamiento turístico» Eva Bartolomé Directora general de Turismo

¿Qué persigue la Ley que está elaborando el Gobierno de Cantabria? «No queremos restringir, sino regular », y así lo establece el borrador que a la espera de algunas alegaciones, aún tiene que llegar al Consejo de Estado para su visto bueno. El fin último es dinamizar el sector turístico liberándolo de cargas administrativas injustificadas, razón por la que se busca reducir los requisitos exigidos en la declaración responsable de apertura o cambio de titularidad de esta modalidad de alojamiento turístico que, según Bartolomé, «no es una competencia para hoteles y turismo rural, el usuario que busca Airbnb es porque quiere ir a ese alojamiento, y el que quiere ir a un camping, seguirá yendo a un camping». La prioridad del nuevo texto, que aún está en fase de borrador y por tanto sujeto a cambios, es facilitar los trámites para que el negocio sea legal. Sin embargo, ¿será suficiente para paliar el malestar de los profesionales? En Cantabria se está eludiendo todo aquello que pueda ser objeto de que la norma acabe en los tribunales como en las capitales anteriormente citadas. «Intentamos regular lo regulable, dentro del marco que permite la Comisión de Competencia porque, si lo tumban, el trabajo de estos tres años sería una pérdida».

«Que competencia diga lo que quiera; estamos a favor de los pisos legales y los que no lo están, fuera» Ángel Cuevas | Presidente Asociación Hostelería

Quienes entran en el sector y lo hacen de forma ilegal se enfrentan a multas de hasta 6.000 euros, y aunque desde el Gobierno avisan de que «no hay ningún interés en sancionar», dejan clara una advertencia: «Mientras este decreto no esté aprobado, el establecimiento que no esté legal, le abriremos expediente y sancionaremos», dice Bartolomé, «porque el objetivo final es que venga gente y con todas las de la ley», es decir, regular el turismo para que «los visitantes tenga dónde agarrarse a la hora de hacer una reclamación». Porque detrás de todas las normativas locales y autonómicas que están en marcha, lo que subyace son dos ideas clave: seguridad y economía saneada. En ese sentido, el sector hostelero no cambia su discurso. Desde la Asociación de Hostelería de Cantabria (AEHC) advierten de que la problemática «sigue siendo tan grande como el año pasado y las denuncias presentadas aún son escasas». «Que Competencia diga lo que quiera», dice Ángel Cuevas, su presidente. «Tenemos que competir con las mismas armas y no lo estamos haciendo, y hace muchísimo daño al sector», dice. «Nosotros estamos a favor de que los pisos están legalizados y los que no lo están, los queremos fuera», y subraya un lema que en su sector se ha convertido ya en un mantra: «No me canso de decir que economía colaborativa sí; economía sumergida, no».

«El papel de Hacienda es clave, falta una regulación como Dios manda para este tipo de alojamientos» Noelia Crespo | Propietaria de vivienda turística

Legislación o libre albedrío

Mientras Competencia lanza sus recursos al Tribunal Superior de las comunidades afectadas por una normativas considerada demasiado rígida, y asegura que este tipo de turismo no ha influido en el alza de los precios de alquiler, el Gobierno Central también ha dado un paso al frente, ante la maraña normativa actual sobre viviendas de uso turístico. Por ello, abordará la regulación del alquiler vacacional en septiembre con el grupo de trabajo acordado con las comunidades en la Conferencia Sectorial y en el que se dará voz a plataformas como Airbnb o HomeAway.

La normativa apela a la seguridad del turismo y una economía saneada, frente al alquiler ilegal

La titular de Turismo, Reyes Maroto, asegura que ya se está revisando toda la normativa existente sobre viviendas de uso turístico, tanto de los decretos autonómicos como de las leyes que habría que cambiar para «tratar de encajar la definición de vivienda turística», lo que conllevará además algunos cambios en la normativa estatal sobre arrendamiento. Entre tanto, los particulares hacen lo que pueden por adecuarse a una legislación de desigual cumplimiento: en ese sentido, «la pata de Hacienda es clave», dice Noelia Crespo, propietaria de una vivienda de alquiler en Suances. «Lo tenemos dado de alta como lo puede tener un hotel», dice, y reclama «una norma que ofrezca estándares de calidad actualizados, con una normativo ad hoc a la realidad creada por las nuevas plataformas».

Las cifras de un modelo de turismo al alza

El alquiler de inmuebles con fines turísticos generó 110 millones de viajes entre marzo de 2016 y marzo de 2018 y, de ellos, tres de cada cuatro (74%) fueron de extranjeros. Son datos de un barómetro realizado por profesores de la Universidad de Salamanca, y la experiencia desde Cantabria parece similar en cuanto al éxito. Desde el Gobierno regional hablan de aumento «brutal» de este recurso turístico, y no porque haya más establecimientos de este tipo, sino porque «los que hay, están registrados», lo que hace aún más necesaria su regulación.

Los datos de ocupación en apartamentos de la región hasta junio han crecido un 59% y las pernoctaciones un 30,6%, y si hablamos de extranjeros ha habido un crecimiento del 142,5%. «Esto no es porque les haya dado por quedarse en apartamentos, sino porque las sanciones han tenido un efecto llamada y cada vez más propietarios se dan de alta», dice Bartolomé. De hecho, si en 2015 había 210 apartamentos, bungalows o chalés dados de alta, en 2017 eran ya 343, y en la actualidad, 425, «sin contar con un centenar que carece de algún tipo de documentación, pero ha iniciado la actividad al haber presentado la declaración responsable».

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos