Cantabria necesita 500 plazas para desatascar la lista de espera de las residencias de mayores

No obstante, desde la Administración siempre aclaran que en esa relación de nombres también figura gente que ha denegado alguna de las ofertas que se le han hecho, bien porque la residencia que se le ofrece está emplazada en un entorno alejado de la familia o porque prefieren esperar hasta que se haga hueco en un centro concreto. En cualquier caso, ese medio millar de mayores no son los únicos que aspiran a una habitación en una residencia, puesto que en las estadísticas del Icass se cuentan otros 1.131 expedientes pendientes de resolver. Esto es, solicitantes de la ayuda a la dependencia que aún están en tramitación. Y en ese saco se sobreentiende que habrá de todo: quienes han pedido una prestación económica para el cuidado en el entorno familiar, ayuda para la atención domiciliaria, plaza en centro de día y, claro está, en residencias de mayores.

Una demanda en el aire a la que hay que añadir los usuarios que ya ocupan una plaza residencial, pero que han solicitado su traslado a otra -hay familias que, por sus circunstancias personales, no pueden permitirse la espera voluntaria hasta que llega la plaza deseada o el pago de una privada mientras avanza la lista para llegar a una concertada-. De ahí que cuando se analizan los datos globales de la situación de la dependencia en Cantabria, el propio Icass eleva esa lista de espera a cerca del millar. Así consta en el informe que el equipo directivo del órgano dependiente de Política Social ha elaborado para dar cuenta a sus sucesores.

Y ese dato casa con la estimación que se realiza desde la Federación Empresarial de la Dependencia (FED Cantabria). Su presidente, Rubén Otero, recuerda que «llevamos años pidiendo una planificación de lo que va a hacer falta y de lo que va a costar, cosa que no se ha hecho. Debido a ello, nos encontramos con un déficit de más de 1.000 plazas en la actualidad, teniendo mucha demanda en unas zonas y nada en otras. Desgraciadamente, algún centro acabará cerrando por permitir nuevas construcciones en municipios donde no hacían falta». Y «lo peor», advierte, es que «no hay infraestructuras preparadas». «Teniendo en cuenta que un centro de 100 plazas se tarda en construir un año más otro de permisos, en los próximos dos años no creo que se puedan abrir más de 250 plazas que son las que se están construyendo o ya tienen iniciado la petición de permisos en la región». Para entonces, augura, «el déficit estará más cerca de las 2.000 plazas», porque el envejecimiento poblacional es imparable.

A esa cada vez mayor carencia de plazas en residencias de mayores se refirió también el último informe del Defensor del Pueblo, donde se daba un tirón de orejas a Cantabria por el retraso acumulado desde que se reconoce la situación de dependencia al solicitante hasta que se aprueba un Programa Individual de Atención (PIA), en el que se concreta el tipo de prestación a la que tiene derecho. Y es que ahí la región se encuentra entre las que salen peor paradas (junto con Andalucía, Canarias, Cataluña y La Rioja ), al registrar un porcentaje de casos en esa circunstancia superior a la media nacional, que es del 19,17%. Precisamente, la actualización de la orden que regula el procedimiento para acceder a las ayudas de la dependencia, aprobada por el Gobierno regional en la recta final de la legislatura y que no se había renovado desde que se implantó el sistema hace doce años, busca revertir esa estadística y agilizar los trámites. Así, desde el 1 de julio, toda la documentación requerida para valorar el grado y la prestación asignada se presenta de una vez.

Pese a las buenas intenciones por este lado, cabe recordar también que el Icass cierra etapa enfrentado al sector de la dependencia y al de la discapacidad, que han impugnado en los tribunales las normativas aprobadas para implantar un cambio de modelo «centrado en la persona», con el que todos se muestran de acuerdo. Otra cosa son las «condiciones impuestas» para conseguirlo, «basado en estudios económicos que no se corresponden con la realidad», critica la patronal. «No quiero suspender a mi propia comunidad, pero en los últimos años hemos pasado de ser la mejor en materia de dependencia a ocupar los puestos medios/bajos», subraya Otero. Y la crítica es compartida por otros empresarios de la dependencia, que no han dudado en calificar la última legislatura de «vergüenza».

Las tres asociaciones empresariales (FED, PAD y Lares) llevaban meses advirtiendo de que «la situación era insostenible». Pese a que el aumento en los precios públicos y en las ratios de personal, aprobados por la Consejería meses atrás, les ha da dado «un leve respiro», insisten en que «el problema de fondo sigue intacto». Y por eso durante la campaña electoral se encargaron de trasladar a los partidos la situación que atraviesa el sector, «con la esperanza de que en esta nueva legislatura nos escuchen y se busquen soluciones urgentes», apunta Otero. Así, por ejemplo, entre sus propuestas reclaman «un estudio económico serio con análisis de necesidades de recursos de atención reales y una normativa de consenso con el propio sector y con los partidos de la oposición». Lo que se persigue con ello es «no estar modificando o aprobando normativas nuevas cada poco tiempo con la inseguridad que ello provoca», expone el sector.

Asimismo, pide «exigir las mismas reglas a todos los centros de nueva construcción», «una actualización de precios conforme al incremento anual de los costes» y «una revisión de las ratios de personal». Los empresarios admiten las dificultades que tienen para cubrir los puestos vacantes, dado que los perfiles son compartidos con la sanidad pública, donde «las condiciones económicas son mejores».