El 'cupo' catalán tensionará un sistema que sostiene el 71% del presupuesto cántabro

Hay que tener en cuenta que de ese dinero del Estado que llega cada año a la comunidad, 853 millones, un 32% del total, salen del Fondo de Suficiencia y Convergencia, es decir, de la solidaridad de las regiones para igualar la financiación entre ellas. Un principio que puede quebrarse ahora con el pacto catalán, como temen la mayoría de comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el PSOE.

Pero al contrario que otros barones de su partido, el líder de los socialistas cántabros, Pedro Casares, salió en defensa del modelo impuesto por Pedro Sánchez. «La revisión supone una oportunidad para tener más recursos, más autogobierno y más corresponsabilidad fiscal», dijo, aunque también quiso dejar muy claro que «siempre va a defender que Cantabria reciba más recursos». «No vamos a aceptar ningún modelo de financiación autonómica que represente menos recursos para Cantabria, algo que seguro que el Gobierno de España también va a hacer», subrayó.

De aprobarse finalmente una aportación a la solidaridad territorial con el nuevo criterio, las autonomías más beneficiadas serán donde más se recauda en relación con la financiación que reciben: es decir, y por este orden, Madrid, Baleares y Cataluña. Por el contrario, las más perjudicadas serán las que reciben más dinero del Fondo de Suficiencia y Convergencia en relación con la recaudación en dichos territorios, como Cantabria, Extremadura, Canarias o Asturias.

La despoblación, la orografía, la población flotante o el coste real de los servicios desaparecerían de la ecuación en favor de la población ajustada y de lo que cada comunidad mete en la hucha. Es decir, el acuerdo, de sólo seis páginas, se basa en los ingresos de las comunidades autónomas y no en el gasto como hasta ahora, y muy especialmente, busca que Cataluña ingrese el IRPF, lo más desarrollado del texto, pero no detalla la parte de financiación del sistema, esto es, cuál será el cupo y la supuesta contribución solidaria que sostiene que dará, ni cómo ni cuándo se hará.

Este cambio dejaría a la comunidad malherida y con un agujero anual de 400 millones de euros, aproximadamente, según las estimaciones de la Consejería de Economía del Gobierno cántabro. El varapalo para las arcas de Cantabria si esta propuesta sale adelante será fortísimo. Si tenemos en cuenta el año 2022 –el último del que se conoce la liquidación oficial–, el recorte sería de 364 millones de euros. Pero si la previsión la hacemos teniendo en cuenta el año 2023 –cuando Cantabria recibió unos fondos complementarios– el tijeretazo alcanzará esos 400 millones. Es decir, casi un 11% del presupuesto anual que maneja el Gobierno regional. Esto provocaría profundos recortes para poder costear los servicios públicos de la comunidad.

Por esa razón, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, criticó por segundo día consecutivo el plan de Sánchez. «Haremos frente común con las comunidades de todo signo político que defienden la España de las autonomías y los principios constitucionales de igualdad y solidaridad, y nos opondremos con uñas y dientes a que estos acuerdos se materialicen utilizando todos los medios a nuestro alcance para parar a Sánchez y su deriva delirante», destacó la líder del PP.

La frase «con todos los medios a nuestro alcance» deja la puerta abierta a presentar un recurso de inconstitucionalidad, tal y como se plantean las regiones gobernadas por el PP, algunos ayuntamientos, como el de Valencia, e incluso la dirección nacional del partido. Pero solo lo harán, claro, si se consuma y se aprueba en el Congreso, algo que tampoco está tan claro que suceda. Hoy por hoy, no hay una mayoría parlamentaria para impulsar la reforma, pero sí la hay en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde basta con el voto del Ministerio de Hacienda más el de una comunidad (Cataluña, que es la única que está a favor) para aprobar la propuesta.

Esta oposición frontal del Gobierno cántabro también descarta que se vaya a pedir la autogestión de tributos hasta ahora dependientes del Estado, tal y como se recoge como novedad en el acuerdo. Sin embargo, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) cree que, aunque en un primer momento buena parte de las comunidades no querrán las nuevas competencias, en un futuro las asumirán como en su día hicieron con la gestión y recaudación de los impuestos de Sucesiones y donaciones, Transmisiones, Patrimonio y Juego.

«Los cántabros no vamos a pagar con un solo euro las facturas de Sánchez y yo no voy a tolerar un solo agravio a Cantabria. Pretende saltarse el principio de que todos los españoles somos iguales, vivamos donde vivamos, y dinamitar el estado de las autonomías por su supervivencia política. Es lo mismo de siempre, pero más a la desesperada. Cada día más débil y acorralado por la corrupción, ha pactado con el independentismo romper la caja común de todos los españoles a cambio de mantenerse en el poder, con un acuerdo de imprevisibles y nefastas consecuencias para la financiación de los servicios públicos y la solidaridad entre territorios, porque todo lo que suceda a Cataluña será en detrimento de los demás», señaló Buruaga, en la misma línea de lo expresado por otros barones del PP no solo ayer, sino durante todo este año, sobre todo tras la Conferencia de Presidentes de Santander, cuando ya se dejó entrever un acuerdo con Cataluña de estas dimensiones.