Diez autonomías firman un manifiesto contra la protección del lobo ibérico

«Hoy ha quedado claro que una grandísima parte del Estado español está en desacuerdo con la inclusión del lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial», dijo al término de ese encuentro el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, el regionalista Guillermo Blanco, muy satisfecho por la contundente respuesta que ha recibido el manifiesto de parte de las regiones españolas a las que el problema del lobo no afecta o afecta poco.

A su juicio, ese documento es «una llamada unánime a la paralización del expediente con el que el Gobierno de España pretende aumentar el nivel de protección del lobo ibérico» a la que el departamento de Teresa Ribera «no puede hacer oídos sordos». No, añadió el consejero, porque «ya somos muchos los que creemos que no se pueden tomar decisiones sin contar con los territorios a los que esas decisiones más afectan».

Además de consensuar ese manifiesto, que ya va camino del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, los representantes institucionales de Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León participantes en este nuevo encuentro virtual tocaron otro de los puntos que consideran fundamentales, como, por ejemplo, la petición de una convocatoria de la Conferencia Sectorial que han solicitado a Ribera y que la ministra todavía no ha atendido.

Sustentado sobre once puntos, el manifiesto lleva las rúbricas de Cantabria, Asturias, Galicia, Castilla y León, País Vasco, Aragón, Murcia, Madrid, Andalucía y la ciudad autónoma de Ceuta -además de las de los colectivos agrarios Asaja, UPA y COAG-, que «apoyamos la gestión del lobo ibérico en el marco legal establecido por la Directiva de Hábitats de la Unión Europea y el Convenio de Berna».

Además, los firmantes del escrito, ya remitido, «rechazamos que se reduzca el marco competencial y de actuación de las comunidades autónomas para gestionar la especie».

Dejando claro que todos ellos respetan la independencia del Comité Científico y de las personas que desde esa esfera abogan por la inclusión del lobo ibérico en el Lespre, con esa rotundidad «exigimos respeto al trabajo que desde hace años vienen realizando los técnicos de las diferentes comunidades autónomas, que a su formación académica añaden la experiencia en la gestión cotidiana de la especie en un mundo real en el que, además de las consideraciones ecológicas, deben tenerse en cuenta las sociales y económicas».

En este sentido, los firmantes «negamos que la consideración de los indudables valores culturales, científicos o ecológicos del lobo sea incompatible con su actual estatus legal».

También, quienes han estampado sus rúbricas en esa carta «damos la bienvenida al Gobierno de España a la realidad de la gestión del lobo, pero rechazamos tajantemente que su anuncio de apoyar al sector ganadero y a las comunidades autónomas -que llevamos años cargando en solitario con las derivas sociales y económicas que esa gestión lleva implícita-, suponga aceptar que la especie sea incluida en el Lespre».

Y, por supuesto, los firmantes «mostramos nuestro apoyo incondicional a la ganadería extensiva, fundamental en la economía de las zonas rurales, y que precisa en las zonas loberas de un modelo de coexistencia basado en las medidas ya contempladas en los planes de gestión de sus comunidades autónomas para reducir los daños y cobrar las indemnizaciones».