Iberdrola encenderá las luces del Gobierno por 80 millones de euros

Conforme con el acta del informe de valoración de criterios objetivos y propuesta de adjudicación de la Mesa de Contratación -cuyos miembros se reunieron el 17 de noviembre para proceder a la apertura y examen de los sobres que contenían las ofertas de las cinco empresas licitadoras y el 24 del mismo mes para analizar los informes recibidos- Iberdrola encabeza la clasificación de las ofertas presentadas por las cinco compañías a la licitación de los dos lotes contemplados, el 1 (baja tensión) y el 2 (alta tensión).

En el lote 1, que tiene un presupuesto de 29.412.119,45 euros, la eléctrica vasca oferta un precio medio ponderado de 20,11 céntimos el kilowatio/hora (kWh), por debajo de todas sus competidoras (20,35 The Yellow Ener-gy, 20,79 Total Gas y 20,90 EDP). Y en el lote 2, que tiene un presupuesto de 50.777.535,96 euros, Iberdrola ofrece un precio medio ponderado de 17,85 céntimos el kilowatio/hora (kWh), también inferior al del resto de aspirantes (17,90 Endesa, 18,36 Total Gas, 18,89 The Yellow Ener-gy y 19,08 EDP).

20,11céntimos el kilowatio/hora es la oferta presentada por la eléctrica vasca.

17,85céntimos el kilowatio/hora es la oferta presentada por la compañía bilbaína.

Una vez abiertas y valoradas todas las ofertas presentadas, la Mesa de Contratación ha entendido que la mejor posicionada para adjudicarse el contrato es la eléctrica vasca Iberdrola, que en el momento en que formalice los trámites que se le exigirán -ahora deberá justificar su solvencia técnica y económica, lo cual no parece que vaya a suponer un obstáculo insalvable- pasará a hacerse cargo del suministro energético a la Administración General e Institucional de Cantabria.

Eso, en cualquier caso, no se producirá antes del 22 de marzo, fecha en la que expira el contrato prorrogado que el Gobierno de Cantabria tiene firmado con EDP, que es la actual prestataria de este servicio.

Tal y como se publicó en su día, ante su inminente vencimiento, el Ejecutivo consiguió prolongar con esta empresa el contrato marco de suministro de la luz que da cobertura a todos los edificios de la Administración General autonómica y su sector institucional manteniendo los precios de 2019, un acuerdo, este, con el que lograba ahorrar alrededor de 18 millones de euros.

Según informó en su momento la consejera de Presidencia y Justicia, Paula Fernández Viaña, «tardar unos meses en renovar este contrato nos ha permitido esquivar el alza de precios» derivada de la guerra en Ucrania, de un lado, y la inflación, de otro, «y reducir de forma extraordinaria el incremento del gasto corriente previsto inicialmente en el Ejecutivo regional y en los ayuntamientos adheridos al contrato marco».

Al hilo de esto, la consejera precisó que el Gobierno autonómico «ha conseguido que la histórica subida del mercado eléctrico a nivel nacional no haya in-crementado el gasto corriente», una circunstancia, subrayó, que «reporta beneficios económicos y poder trasladar este ahorro al capítulo de inversiones o en ayudas a los sectores más perjudicados por la crisis».

A las ventajosas condiciones del contrato prorrogado con EDP se han sumado otras medidas aplicadas durante meses por la Consejería que se han traducido en ahorros en el consumo eléctrico en sus edificios públicos, que alcanzaron el 42% en agosto respecto a la factura del mismo mes del año anterior.

En concreto, esos descensos correspondieron a las oficinas de la sede principal del Ejecutivo, ubicada en Peña Herbosa, junto a las instalaciones de la calle Bonifaz, Hernán Cortés y los Talleres e Imprenta Regional. Igualmente, en relación a julio, el consumo eléctrico en agosto descendió un 23% en el caso de la sede de los Talleres regionales, un 14% en Peña Herbosa, un 8,5% en las oficinas de Hernán Cortés y un 7% en las instalaciones de Bonifaz.

Habrá que ver el comportamiento de esos números con el nuevo contrato que, en breve, se cerrará con Iberdrola y al que podrán adherirse diferentes estamentos regionales.

Así, a ese nuevo convenio marco podrán incorporarse las entidades de derecho público o privado vinculadas o dependientes de la comunidad autónoma, excepto el Hospital Valdecilla, que tiene la factura energética incluida en el contrato de colaboración público-privada.

Ello, sin perjuicio de que luego se unan otras entidades que integran la Administración Local, incluidos los organismos autonómicos y otros entes públicos que dependen de ella, así como la Universidad de Cantabria (UC) y el resto de instituciones públicas. Para más decir, en el contrato en vigor figuran la UC, Mare, Cantur, la Fundación Cantabria para la Salud y el Bienestar Social, la Fundación Diagrama y 19 ayuntamientos.

Esto, en el capítulo energético. En lo tocante al combustible, el Gobierno de Cantabria aprobó a inicios de noviembre un acuerdo para centralizar la compra del suministro de gas natural y gasóleo C de calefacción para toda la Administración de la comunidad, así como para los organismos públicos y las entidades de derecho público o privado que estén vinculadas o sean dependientes de la misma.

Se prevé que el coste total ascienda a casi 23 millones de euros, incluyendo dos posibles prórrogas anuales, según precisó el vicepresidente, Pablo Zuloaga, para quien la fórmula supone un «instrumento idóneo de racionalización de la contratación del sector público» al licitarse un suministro común. Se logra así «un ahorro de costes de licitación, una mayor transparencia y agilidad de contratación» y, desde el punto de vista económico, «reduce costes».

En todo caso, el ahorro de combustible como el de la energía no depende sólo de los contratos, sino de la forma en la que se realiza el consumo.

«Más allá del contrato, estamos ante un cambio de costumbres. Los ahorros que se han conseguido tras el decreto del Estado sobre las medidas energéticas no son de un mes, es algo con lo que trabajamos hace tiempo». Se trata de racionalizar el uso de la calefacción y de ahorrar en el encendido de las luces.