La jueza desestima los recursos de los investigados por el 'caso Obras Públicas'

Finalmente, la magistrada deja fuera de la causa a Servicios y Obras del Norte (Senor), a su representante y a un trabajador de API Movilidad -como había planteado la Fiscalía-, y también varía la implicación de la hija menor del principal acusado, que pasa de estar investigada a ser considerada en la causa como partícipe a título lucrativo, tal y como había apuntado la Fiscalía.

En un auto hoy dado a conocer, la magistrada acuerda continuar el procedimiento por el trámite del jurado contra Miguel Ángel Diez, funcionario de Obras Públicas, su esposa Beatriz del Río y su hija mayor Cecilia Diez, y cinco responsables de mercantiles: los hermanos Secundino Vidal y Elías Celis (Rucecan); José Saiz (La Encina y Cannor), y José Luis Blanco y Sara Martínez (Api Movilidad). Además de contra las empresas Cannor, La Encina y Rucecan, todos ellos como investigados. A todos les cita el próximo 11 de septiembre para tomarles de nuevo declaración, con el fin de que puedan pronunciarse acerca de los hechos en los que se ha concretado la investigación.

El sobreseimiento respecto a Senor, a su representante y a un trabajador de API Movilidad, se fundamenta en el hecho de que ninguna de las acusaciones ha pedido que continúe el procedimiento para ellos, por lo que la juez, en virtud del principio acusatorio, ha archivado su causa respecto a ellos.

Las empresas API Movilidad, Imesapi, Bosques Ornamentales, Desarrollos Madenor, Lirmainor y Calafate Real Estate permanecen como responsables civiles subsidiarias.

Por otro lado, el auto deniega la investigación de hechos anteriores a 2015 y las diligencias reclamadas por Rucecan, al entender la magistrada que no es necesaria para decidir sobre la procedencia de la apertura de juicio oral.

Durante la instrucción de esa causa se abrió una pieza separada del caso, por presunto fraude en la contratación pública y cohecho, que lleva el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Santander. Entre los investigados en este segundo caso hay personal de la empresa Gesvican, dependiente de la misma Consejería del Gobierno regional.

El pasado 27 de junio, la Fiscalía y el resto de acusaciones –Gobierno de Cantabria y Asociación de Promotores y Constructores de Cantabria (APC)– concretaron los cargos que presentan para estos ocho investigados y ya dejaron fuera a los otros tres. Serán juzgados por un jurado popular, ya que los hechos investigados, según la instructora, «revisten los caracteres, salvo ulterior calificación, de presuntos delitos de falsedad documental, blanqueo de capitales, fraude en la contratación y cohecho». Según sostiene la jueza, «estos dos últimos se encuentran dentro de la relación de delitos del ámbito competencial del tribunal del jurado», y los delitos de falsedad documental y blanqueo de capitales también resultan de su competencia por ser «delitos conexos a los anteriores». Las tres acusaciones se basan en el informe definitivo de Vigilancia Aduanera y la UDEF y se dirigen especialmente contra Miguel Ángel Diez del que sostienen que «aprovechaba» sus capacidades de influencia «para dirigir y coordinar una trama organizada en la que, mediante actos concretos, favorecía a una serie de empresarios con los que previamente se había concertado para la obtención fraudulenta de licitaciones públicas en perjuicio de otros potenciales licitadores y de la propia administración pública».