Media reunirá a los alcaldes afectados por el tren a Bilbao para acordar las alegaciones al trazado

Desde la Delegación del Gobierno, su responsable, Pedro Casares, se está reuniendo con los alcaldes de las localidades para ver una a una las consecuencias. Ayer mismo, el socialista se reunió con la regidora de Medio Cudeyo, María Higuera.

Y de una vez lo hará el consejero de Fomento, Roberto Media, que el próximo lunes ha convocado a los alcaldes para intercambiar impresiones, buscar posibles soluciones y consensuar las alegaciones que presentarán ante el Ministerio de Transportes. «La preocupación es evidente y normal. Hay ciertas zonas en las que, con ese trazado, se causarían auténticos destrozos», asegura el popular, que en las últimas semanas ya ha mantenido conversaciones informales con un buen puñado de regidores en relación a este asunto.

Las alegaciones que enviará Cantabria tienen que ver con el trazado, pero también con la propia concepción del proyecto. Ante el estudio del Ministerio que elevaba la inversión del tren entre Santander y Bilbao hasta los 4.000 millones de euros, cuestionaba la rentabilidad económica, social y ambiental de la actuación y apostaba por priorizar la conexión Castro-Bilbao, la Consejería enviará un análisis alternativo que está ultimando la Universidad de Cantabria (UC) y que despejaría cualquier duda sobre la viabilidad del tren. Completo, entre las dos capitales.

Hay margen de actuación en cuanto a la redefinición del trazado, pero mucho menos ante el otro problema que ya sufren los vecinos, el de la paralización de permisos. La normativa nacional es clara y apunta que cuando se lanza el estudio informativo de una carretera, una vía ferroviaria o cualquier obra pública, esos permisos se paralizan. No solo a nivel municipal. Por ejemplo, si un particular pide a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu) un permiso para levantar una vivienda en suelo rústico, este expediente quedará en 'stand by'.

Ahí poco puede hacer el delegado del Gobierno, que ayer confirmó que trabaja «desde ya» para que la afección del tren en el territorio regional sea «la menor posible». Aseguró que el Ejecutivo central va a ser «sensible» con todas las alegaciones que se presenten. En este sentido, trasladó un mensaje «de tranquilidad y de confianza» a los vecinos afectados. Casares compartió dicha «preocupación» tras escuchar ya las reivindicaciones de algunos alcaldes.

En cualquier caso, subrayó que el proyecto se encuentra en «una fase muy temprana», en la que hay dos alternativas sobre las que se va a trabajar y, por tanto, «ni siquiera está definida cuál será la alternativa que finalmente se ejecute». «Estamos en una fase muy inicial y, por supuesto, el Gobierno de España va a ser sensible con todas las alegaciones que se presenten. Estamos en una fase muy preliminar, puede variar una vez que se produzcan todos los procedimientos y finalmente vaya a ejecutarse esa obra», concluyó.