El Ministerio muestra su «buena predisposición» a transferir las competencias de Costas

Después de este primer paso dado por el Ejecutivo regional, que activa el mecanismo para esa transferencia, será el Gobierno central el que, una vez estudie en profundidad la propuesta, ponga fecha para los encuentros de una comisión bilateral que habrá de conformarse con representantes de la Administración cántabra y de los ministerios de Política Territorial y Transición Ecológica, los competentes en la negociación.

Será una serie de encuentros en la que se negociará el traspaso de trabajadores de la Administración central a la autonómica, así como la cesión de edificios e infraestructuras del Estado y también la aportación económica que asignará éste a Cantabria para la gestión de esta competencia. «Son competencias que ya tienen comunidades como Euskadi, Galicia, Andalucía, Baleares y Cataluña, y terminarán por transferirse a todas», apuntan desde Transición Ecológica.

«No se trata tanto de un tema de buena disposición como algo recoge nuestro Estatuto», matiza el consejero de Medio Ambiente, Roberto Media. «Esa competencia es nuestra, lo que pasa es que aunque hemos tenido muchos gobiernos que se decían regionalistas y autonomistas, nunca lo habían pedido. El Gobierno de la presidenta Buruaga es el primero que ha pedido las competencias en las aguas interiores y las competencias en Costas. Esa competencia vendrá asociada con personal, con infraestructuras y con un dinero para las futuras inversiones. Eso está establecido, cómo se tienen que identificar, cuántas cantidades de dinero tienen que venir y eso será lo que podamos discutir. Que las competencias las tengamos que asumir nosotros, eso no es discutible porque está aprobado en una ley que es nuestro Estatuto de Autonomía».

Según Media, la gestión autonómica de la costa se traducirá principalmente en «la agilización de los trámites administrativos». «No se van a rebajar los umbrales de lo que exigen las leyes nacionales, de obligado cumplimiento, pero, lógicamente, la gestión, cuando es más cercana, va a funcionar mejor».

Existen, no obstante, cuestiones en las que puede existir cierto margen de interpretación y aplicación, como la prórroga de las concesiones de los afectados por la Ley de Costas, con explotaciones ganaderas, industriales o turísticas –también hay casos de viviendas, los menos–, en áreas de dominio público. Si con los cambios introducidos en ella por el Gobierno de Rajoy, que contempla la posibilidad de prolongar la concesión por un periodo de 75 años, parecía conjurarse la amenaza de la extinción del permiso, el criterio restrictivo aplicado por el de Sánchez, que paralizó todas las solicitudes, obligando a iniciar la vía judicial a quienes se encuentran en esa situación, dejó sin zanjar la cuestión.

La forma de proceder del actual Ejecutivo es, para José Luis Thomas, portavoz del colectivo de afectados por la Ley de Costas en Cantabria, «una actuación arbitraria, que destruye el tejido productivo, ya que el medio ambiente está perfectamente protegido por la Ley de Costas reformada por el PP».

«La costa es un bien ambiental, pero también económico, que ayuda al desarrollo de regiones como la nuestra, generando riqueza», explica Thomas, quien añade que sólo en el pueblo de Carasa (Voto), hay setenta afectados, una cifra que se duplica en todo el entorno de la ría de Limpias. «Es mucho terreno, sobre todo praderas con explotaciones ganaderas, con terrenos muy fértiles que ayudan a producir alimento, generando empleo y contribuyendo a la viabilidad de los pueblos sin tener que depender exclusivamente del turismo. También afecta a empresas conserveras, cámpings, viviendas...».

Después del respaldo recibido del Parlamento a sus demandas (con el apoyo, en su día, de PP, PRC y Cs), Thomas confía en que el traspaso de competencias juegue a su favor. «La gestión de las competencias se desarrollaría desde la proximidad del Gobierno regional, que conoce mejor los problemas y dónde están las situaciones complicadas. Pensamos que esa transferencia sería muy positiva y evitaría muchas situaciones de conflicto y de descontrol que quiere imponer el Gobierno central aplicando de forma absurda esta Ley de Costas con la que nos tiene sometidos desde hace muchos años y contra la que estamos luchando».