La mitad de las 50 solicitudes de parques eólicos en Cantabria han sido rechazadas o han caducado
El Gobierno regional retrasa hasta 2026 el inicio de las obras de los seis proyectos que iban a arrancar este año y mantiene en estudio otros veinte expedientes | La comunidad, que sigue sin tener un Plan de Ordenación del Territorio, busca agilizar las iniciativas que ya han sido autorizadas y mira con lupa las que siguen en tramitación
El Gobierno de María José Sáenz de Buruaga se marcó al inicio de la legislatura dos objetivos prioritarios en relación al desarrollo eólico de ... Cantabria. En primer lugar, impulsar la creación de nuevos parques después de diecisiete años sin la instalación de ni un solo molino en el territorio por la lentitud de los trámites administrativos y los reveses judiciales. Y en segundo lugar, pero en paralelo, aclarar el mapa de proyectos ante la proliferación de solicitudes de autorización -muchas de ellas inviables por motivos técnicos y ambientales- que habían surgido en la última década impulsadas por la rentabilidad y el auge del negocio de la energía renovable. Un aluvión de iniciativas empresariales de muy distinta naturaleza que salpicaron todo el interior de la comunidad autónoma y que estaban levantando una importante respuesta social en los municipios afectados. Eran casi las mismas metas que en el pasado se marcó el bipartito PRC-PSOE -también prometieron eso de que habría nuevos molinos- y que, por distintas vicisitudes, no alcanzó. Al menos tal y como se había propuesto.
Transcurrido más de la mitad del mandado de los populares, hay algunos avances, pero también tropiezos. Por ejemplo, ya está en construcción El Escudo, el más importante de los parques proyectados en la región, con la promesa de que entre en funcionamiento el año que viene. En marzo, concretamente. En el PRC recuerdan que si el PP ha podido dar los últimos permisos es porque sus consejeros, entre 2019 y 2023, avanzaron con el trabajo en los despachos. También están definitivamente descartados hasta 24 polígonos energéticos de diferente tamaño y en diferentes comarcas que se plantearon en algún momento.
Todos ellos ya son historia. Algunos porque han sido rechazados por el Ministerio para la Transición Ecológica o el Gobierno de Cantabria al no superar la declaración de impacto ambiental; otros porque los permisos iniciales que habían conseguido han caducado sin que el promotor volviera a mover más papeles y, la mayoría de ellos, porque la propias empresas que dieron el primer paso han desistido. Porque no estaban suficientemente maduros, porque en el lugar donde se querían colocar los generadores otra empresa consiguió antes la autorización, después de comprobar el rechazo de los colectivos vecinales...
Como aparece en la tabla que acompaña esta información, actualmente hay otros veinte proyectos que se encuentran en estudio, cada uno de ellos en una fase del proceso distinta. Algunos recién recepcionados por la Administración -y que a medida que empiezan a conocerse levantan ampollas en las juntas vecinales propietarias de los montes- y otros a punto de resolverse. Algunos que está tramitando el Ejecutivo autonómico -los de menor tamaño, los que suman menos de 50 megavatios (MW) de potencia- y otros de tramitación estatal. Incluso algunos como Ventura, Benavieja o Piruquito que tienen muchas dificultades de seguir avanzando tras el primer pronunciamiento negativo de la Dirección General de Medio Ambiente. ¿Cuáles tienen más posibilidades y cuáles no? Si estuviera ya aprobado el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT), que fijará las zonas de exclusión, habría más pistas.
El Gobierno de Cantabria, como está obligado a hacer con cualquier iniciativa empresarial que lo pida, tramita todos ellos siguiendo los procedimientos habituales, pero mirará con lupa su impacto ambiental antes de darles el visto bueno. O dicho de otra forma: aunque no es descartable que algunos puedan pasar el filtro, el verdadero interés está en impulsar los seis proyectos (cinco regionales, los de Somaloma, Alsa, Cuesta Mayor, Campo Alto y La Costana, y uno estatal, el de Bustatur) que ya tienen todas las autorizaciones ambientales y urbanísticas para salir adelante. Ahí las consejerías involucradas, las de Industria y Fomento, sí han intentado pisar el acelerador para que las aspas empiecen a girar lo antes posible.
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La 'promesa' del Ejecutivo era que las obras en la mayoría de ellos arrancarían a lo largo de este 2025. Ahora, desde Industria confirman a este periódico que ese calendario ya no sirve y que esas obras no comenzarán al menos hasta 2026. Puede que sin contratiempos las máquinas no hubieran estado tampoco sobre el terreno este año, pero es que, además, sí los ha habido.
Y han venido desde los juzgados, que anularon este año la autorización de los parques de Alsa, Campo Alto, La Costana y Somaloma al considerar que, cuando se modificaron los proyectos, el Gobierno de Cantabria durante la anterior legislatura y los promotores tenían que haberlos vuelto a sacar a información pública. Industria ha presentado recursos contra esta decisión, pero también ha empezado a corregir los errores porque repetir los trámites anulados puede ser más rápido que esperar la decisión final de la Justicia. El Escudo también se encontró piedras en el camino de tipo judicial, especialmente las que puso el Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo, pero ya están resueltas gracias a un acuerdo que benefició a ambas partes.
El desarrollo eólico en Cantabria es una «realidad imparable», afirmó Buruaga en una visita a estas obras, donde aseguró que se está haciendo «con orden, racionalidad y sentido común» con el objetivo de llegar al máximo legal de 700 MW fijado para 2030, frente a los 35,5 actuales en Soba y el molino experimental de Vestas en Cañoneras. Con los seis parques autorizados y el que está en obras se rondarán ya los 300 MW.
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