Políticas Sociales quiere crear un complemento autonómico al ingreso mínimo vital del Estado
Además de mantener la renta básica para familias a las que les denieguen la prestación nacional, aumentará el importe de la ayuda para «erradicar la pobreza severa»
El ingreso mínimo vital que creó en junio de 2020 el Gobierno de España y que en la región llega ya a 3.756 hogares - ... alrededor del 25% de los que se calcula que tendrían derecho a la prestación- ha revolucionado el sistema de protección de las capas más desfavorecidas de la sociedad y ha obligado a las comunidades autónomas a repensar sus modelos asistenciales. En territorios como Cantabria, donde ya existía una prestación similar previamente, la administración trabaja en el trasvase de todos los usuarios de la ayuda regional a la del Estado. Lo que pasa es que mientras se completa ese lento proceso, la Consejería de Empleo y Políticas Sociales se sigue haciendo cargo de los pagos para que ningún cántabro en situación de vulnerabilidad pierda el soporte público por un asunto burocrático. Además, mantiene la renta social básica -esa es la denominación de la herramienta autonómica- a los hogares a los que les deniegan la nacional.
Ahora, el departamento que dirige la socialista Ana Belén Álvarez quiere dar un paso más con la creación de un complemento al ingreso mínimo vital del Estado. Una ayuda económica adicional a la del Ministerio que permitiría que ningún hogar de la comunidad autónoma tenga una renta anual inferior a la que marca el límite de la pobreza extrema. Es decir, poner en marcha una medida que logre en el medio plazo «erradicar» la pobreza severa en Cantabria.
En estos momentos, la Consejería está ya facilitando un complemento a aquellos usuarios que ya son beneficiarios del ingreso mínimo y que cobraban más cuando lo eran de la renta social básica para que no pierdan poder adquisitivo como consecuencia de esa transición. Lo que se pretende con este nuevo complemento, de salir adelante, es subir ese mínimo hasta el 60% de los ingresos medianos de los hogares de Cantabria, donde se sitúa actualmente la barrera de la pobreza severa. Con independencia de que la prestación principal venga del Estado o de la comunidad autónoma.
La Consejería introducirá este cambio en la nueva Ley de Derechos Sociales, que también actualizará la cartera de servicios
Todo ello requiere un cambio profundo de normativa que Álvarez quiere acometer con la redacción de una nueva Ley de Derechos Sociales, en la que también se establecerán mecanismos para que este tipo de prestaciones no sean un desincentivo para la contratación y que simplificará algunas exigencias para que los usuarios no renuncien a empleos temporales por miedo a perder la ayuda. «Es necesario hacer un nuevo desarrollo normativo de la renta básica, derivado de la creación del ingreso mínimo, como una prestación dirigida a prevenir la pobreza severa y la exclusión social de las personas que carecen de recursos básicos para cubrir sus necesidades más vitales», explicó ayer Álvarez sobre un anteproyecto que ya se encuentra sometido a consulta pública previa para recibir aportaciones.
El director general de Políticas Sociales, Julio Soto, apunta que la nueva norma también debería para clarificar y definir qué materias deben incluirse en la cartera de servicios. En su opinión, hay que aumentar los esfuerzos en «apoyar la falta de autonomía personal y los problemas de interacción social» de los usuarios mediante una mayor planificación y presencia sobre el territorio y a la vez derivar asuntos como la vivienda o el bono eléctrico a otros departamentos de la administración para una gestión más eficaz.
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