«El problema de Cataluña no lo arreglamos con el Derecho Penal»

– Pregunta de actualidad: Juana Rivas y sus hijos. ¿Se ha topado con un juez desalmado?

– No es así. Está prevaleciendo el sentimiento sobre el análisis riguroso de la ley. Hasta hace unos cuantos años, el desorden en materia de custodia en el ámbito internacional era considerable. Después de llegar a una regulación se exige que las cosas sean de una determinada manera, lo que significa confiar en las autoridades judiciales, también del otro país, y que se siga el procedimiento y se ejecute. Lo que se ve es que aquí hay poco rigor en las críticas, especialmente reseñable en el caso de los políticos, que se tiran a la piscina sin mirar primero si hay agua: los derechos de la mujer son tan defendibles como los del marido, y en cada caso lo tiene que establecer la autoridad judicial con los procedimientos que correspondan. La crítica hay que dirigirla también a los grupos feministas que han dado por sentado que el esposo es un maltratador, que no merece protección judicial, y que los sentimientos, a veces muy poco mezclados con conocimientos, se tienen que imponer por encima de la ley. Hay que tener la cabeza más fría, no dejarse llevar por el calentón y respetar un poco lo que dicen los órganos judiciales. Me parece bien que se critiquen las resoluciones, pero primero hay que enterarse.

– Muchas veces se duda de que todos seamos iguales ante la ley. Explíqueme por qué la Pantoja va a la cárcel y Urdangarin está en la playa.

– Hay que distinguir: Urdangarin todavía no tiene sentencia firme y la Pantoja sí la tenía, esa es una diferencia importante. A mí no me escandaliza que una persona que no tiene sentencia firme –siempre y cuando no haya peligro de huida o de destrucción de pruebas–, esté en libertad. Estos adelantamientos del cumplimiento de la pena de prisión preventiva solo deben ser utilizados en determinados casos. Que Urdangarin siga disfrutando de la playa; eso sí, en cuanto se le sentencie –y yo espero que se revise al alza la condena–, en ese momento hay que mirar qué ocurre, no vaya a ser que suceda algo con las concesiones de indulto. Hay una sobrerrepresentación de indultos en delitos contra la Administración Pública, y eso es una vergüenza. Tenemos una ley de indultos de 1870, muy vieja, pero esa ley tenía una serie de garantías, exigía que el indulto estuviese motivado. Se modificó en los 80, con el PSOE en el poder, y se rebajaron los niveles de control; a partir de ahí ha sido una merienda de negros. Un informe del Grupo de Estudios de Política Criminal refleja que, en los primeros años de este siglo XXI, los delitos contra la Administración Pública son los más indultados. ¿Por qué hay más indultos en casos de corrupción? En alguno se jugaba con argumentos del tipo que no robó para sí, sino para el partido, como si eso supusiera menos robo. Hay que poner el acento también en el régimen de cumplimiento de la pena, en el tratamiento penitenciario, en si se les concede el tercer grado...

– Un clásico: ¿hasta qué punto es independiente la Justicia en España?

– Los partidos no respetan las instituciones –no es de ahora–, y sin embargo sus líderes reclaman a los ciudadanos que las respeten. Si echas una ojeada al Tribunal de Cuentas, encuentras gente de partidos, incluso en procedimiento, como Martínez Pujalte, por poner un ejemplo. A la hora de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional hay verdadera alarma en los ámbitos jurídicos por cómo se ha nombrado a este o a aquel magistrado del Constitucional, cuando deberían ir los mejores juristas españoles. Esa era la sensación que se tenía en el nacimiento del TC, cuando contaba con juristas magníficos e indiscutibles, fueran más o menos progresistas –Garrido Falla, Rubio Llorente,...–. Cuando se nombra a cualquiera se deja de respetar a la institución. Son los propios partidos los que ensucian las instituciones. ¿Se dice que la Justicia no es independiente? Pues claro, son los propios partidos los que atentan contra la independencia.

– Esto es sobre otro tipo de independencia. ¿Hay herramientas legales para solucionar el problema catalán?

– Lo que hay es un problema esencialmente político en el fondo, que se tiene que resolver hablando, intentando llegar a un acuerdo y no echar en manos de los tribunales este problema. ¿Vamos a ir con la artillería? ¿Meter a Puigdemont en prisión y crear un problema de orden público importante? Todo eso tendrá consecuencias para el futuro. Todavía estamos a tiempo de intentar mantener una conversación inteligente entre políticos, pero eso exige políticos de altura, con altitud de miras, y eso no siempre está ahí. Lo que está claro es que esto no lo arreglamos con el Derecho Penal.