El Puerto de Santander no vetará las escalas de barcos con armas al «cumplir la legalidad»

El Parlamento de Cantabria ya tiene la respuesta de la Autoridad Portuaria de Santander (APS) a la resolución de la Cámara autonómica en la que se instaba al Puerto y al Gobierno de España a denegar, suspender o revocar «todas las autorizaciones para el tráfico de material bélico a países donde se violan los derechos fundamentales, o que vayan a ser utilizados en terceros Estados contribuyendo a mantener latente o recrudecer conflictos donde se están cometiendo verdaderas atrocidades». La entidad que dirige Jaime González, sin embargo, ha notificado a los diputados que su organización no puede impedir que estos buques atraquen en los muelles del puerto «mientras cumplan con la legislación establecida», algo que, hasta el momento, así ha ocurrido.

La APS trató el tema en su Consejo de Administración de mayo, después de recibir la resolución parlamentaria por parte de la Consejería de Industria toda vez que fue el titular de este departamento, Francisco Martín, quien avanzó en el hemiciclo que el Ejecutivo trasladaría al Puerto el rechazo por albergar a buques como el saudí 'Bahri Hofuf', que ha acabado en la rada cántabra después de meses cargando armas y explosivos en Bilbao para la guerra de Yemen. El Consejo volvió a reunirse el martes y concluyó que nada puede hacerse hasta el momento.

¿El argumentario? Principalmente que, como servicio público, una Autoridad Portuaria no puede denegar el atraque de un barco «si se ajusta a la Ley y no se le puede reprochar actuación ilegal alguna por ello». De hecho, desde la APS se ha tenido especial celo para verificar que el carguero saudí no contravenía ninguna normativa, por lo que hasta la fecha no hay motivos legales para expulsarlo de Santander. En Bilbao este rechazo se debió a que los estibadores echaron mano de la objeción de conciencia para no trabajar con este tipo de tráficos.

Las conclusiones del Consejo se sustentan sobre la idea de que no se pueden dar prevalencia a convicciones morales, éticas o políticas, con independencia de la solidez de las mismas o el fundamento que tengan, por encima de la Ley que debe regir la actividad de un servicio público como el portuario.

El Puerto, que ha trasladado al Parlamento que comparte las consideraciones morales puestas de manifiesto en el antiguo Hospital San Rafael, sí que ha precisado que, a nivel competencial, el ámbito de decisión sobre esta materia se debe desenvolver en exclusiva a nivel estatal, ya sea en las Cortes Generales o en el propio Gobierno central.

La APS igualmente invita a poner el mismo celo en toda la cadena de distribución y traslado de este tipo de mercancías y recuerda que el Puerto sólo es «un punto más» de ese engranaje, por lo que «no se puede focalizar» todo el descontento ciudadano en las dársenas santanderinas.

El propio Martín ya avanzó en la tribuna del Parlamento que la resolución de la Cámara no era «garantía de nada» al corresponder la autorización a Capitanía Marítima y basarse esta, una vez más, en el cumplimiento de la legislación.