Vecinos de Soba reclaman la propiedad del monte Hazana, en Espinosa de los Monteros

Cecilio García, en el centro, junto a Gregorio Galdós (a la izquierda) y Vicente Ortiz frente a la ladera del monte Hazana cuya cantabricidad reclaman./Alberto Aja
Cecilio García, en el centro, junto a Gregorio Galdós (a la izquierda) y Vicente Ortiz frente a la ladera del monte Hazana cuya cantabricidad reclaman. / Alberto Aja

El centenar de peticionarios se basa en una sentencia de 1734, pero el Gobierno y el Ayuntamiento dicen que el deslinde pactado en el año 1924 es «prácticamente inamovible»

CONSUELO DE LA PEÑA SANTANDER.

Se trata de un bocado de 3,8 kilómetros cuadrados. Tres campos y medio de fútbol arracimados en el monte Lusa, Bustarejo y Hazana, que divide los municipios de Soba (Cantabria) y Espinosa de los Monteros (Burgos), y que reclaman para sí un centenar de vecinos sobanos, dispuestos a reabrir la disputa territorial por esta franja de terreno.

Con Cecilio García Galdós liderando el movimiento, han desempolvado inveterados documentos cartográficos y sentencias de hace tres siglos, custodiadas en el archivo de la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid, para justificar su posición y recuperar esa cuña de terreno, hoy poblada de helechos y brezo, pero también de lucrativas hayas que sus antepasados utilizaron para todo tipo de usos.

Se trata de una tarea titánica para emprenderla sin respaldo institucional y, por eso, reclaman que el alcalde de Soba, el regionalista Julián Fuentecilla, y el Ejecutivo regional tomen cartas en el asunto o, cuando menos, los escuchen y comprueben la información que han atesorado en los últimos años. «Si el Gobierno defendió a Guriezo frente a Trucíos, que nos defienda también a nosotros», reivindica García Galdós, que, ya jubilado, no ceja en su empeño de exigir la cantabricidad del monte. «Lo defendieron mis antepasados, mi bisabuelo y mi abuelo, y lo sigo defendiendo yo, y conmigo, otras cien personas. La tierra es nuestra, ¿por qué nos la van a quitar?», deja en el aire.

Desde el Gobierno, el director general de Administración Local, Pedro Jesús García Carmona, se muestra escéptico y cree que «va a ser difícil modificar el deslinde que existe», porque esa línea divisoria entre Soba y Espinosa, trazada en 1924 por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), fue aceptada de conformidad por ambos municipios. El alcalde Fuentecilla también reconoce la dificultad, si bien ambos representantes institucionales están dispuestos a analizar el caso con los sobanos. «El Gobierno no va a renunciar a nada de antemano a lo que pudiéramos tener derecho y estamos dispuestos a valorarlo», refiere García Carmona.

La disputa vecinal entre Soba y Espinosa de los Monteros en esta zona fronteriza con el norte de Burgos se ha transmitido de generación en generación y hay constancia de apeos y deslindes desde el año 1415.

Cecilio García y el centenar de firmantes que lo acompañan basan su posición en la ejecutoria de un pleito seguido ante la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid (órgano judicial establecido por Enrique II de Castilla en 1371, con competencias sobre todo el territorio de la Corona de Castilla) entre vecinos de los valles de Soba y Espinosa de los Monteros por el aprovechamiento de pastos, aguas y leña, que duró una década y terminó en 1734. Aquella sentencia establecía los terrenos privativos de Soba frente al municipio burgalés, y trazaba una línea divisoria desde el Portillo de la Hoz, Las Brenillas, monte Hazana y la Vuelta El Carro, una amplia franja que se deslizaba monte abajo y no aguas vertientes. A falta de otros medios, se encargó a un pintor que levantara el plano y dibujo del deslinde, que consta en la sentencia, cuya copia los sobanos han obtenido en el Archivo de la Real Chancillería, con sede en Valladolid, y dependiente del Ministerio de Cultura de España. Además, «tenemos una escritura de todos esos terrenos hecha en 1887, que dice que el monte Hazana es propietadad de la Junta Vecinal de Cañedo y Quintana de Soba», asegura Cecilio García.

Desde entonces se sucedió algún que otro deslinde, más o menos conflictivo, y escaramuzas vecinales fronterizas por el aprovechamiento de la leña del monte Hazana, hasta llegar a 1924, año en que el Instituto Geográfico Nacional (IGN) trazó una nueva línea divisoria con 28 mojones entre Soba y Espinosa de los Monteros, que obtuvo la conformidad de las comisiones de ambos municipios.

De este modo «se pretendió zanjar la divergencia manifestada por ambos ayuntamientos con el deslinde jurisdiccional practicado en 1889», subraya el catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Cantabria, Juan Baró Pazos, en un informe realizado en 2009 a petición del Gobierno regional. Según aquel documento de principios del siglo XX, la línea que separa ambos municipios discurre por la cumbre del monte, aguas vertientes, con lo que toda la ladera pasó a ser propiedad de Espinosa de los Monteros. Aun así, los sobanos «siguieron aprovechando los pastos y la leña del monte Hazana». Incluso en la década de los 60 la Junta Vecinal de Cañedo vendió las hayas maderables al alcalde de Solórzano, Luis Gómez de la Sota, apodado 'el Peligroso', que fue el responsable municipal con más tiempo a cargo de un ayuntamiento en España -desde 1962 hasta 2007, cuando falleció-. «¿Si era de Espinosa, cómo pudo venderlo Soba?», se pregunta Cecilio García.

Intereses económicos

«Las discrepancias siempre vienen cuando ha habido intereses económicos», tercia el alcalde de Soba, Julián Fuentecilla (PRC). Y es que el conflicto fronterizo permaneció silente hasta que la empresa Boreas Eólica comenzó a levantar el parque eólico de La Sía en la parte burgalesa y el Ayuntamiento de Soba sospechó que se estaba invadiendo su territorio. «Pedimos ayuda al Gobierno de Cantabria, que contrató al catedrático Juan Baró para realizar un informe de la línea divisoria entre Soba y Espinosa», recuerda el regionalista. El catedrático es un experto en deslindes territoriales. Sus estudios histórico-jurídicos sobre los límites entre Trucíos y Guriezo, y entre Ontón y Muskiz fueron decisorios en los pronunciamientos judiciales a favor de las pretensiones cántabras.

Baró manejó gran cantidad de documentación conservada respecto a esta línea fronteriza. Entre 1415 y 1924 se cuentan hasta once deslindes o apeos. Pero, a su juicio, el de 1924, con 28 mojones colocados, resulta «decisivo» porque es el que define «de modo más minucioso y completo la línea divisoria». Además, el experto destaca que el acta levantada entonces «fue aceptada de conformidad por las comisiones de ambos ayuntamientos», lo que le otorga «un valor incuestionable para la fijación de los límites entre ambos términos municipales». De este modo, el catedrático consideraba que el deslinde de 1924 es el válido para trazar la frontera entre ambos municipios.

Fue entonces, en abril de 2011, cuando el Ayuntamiento de Soba instó a Espinosa de los Monteros a fijar con precisión la línea divisoria entre ambos términos con el Instituto Geográfico Nacional como testigo muy cualificado. Ese mes se reunieron en El Portillo de la Sía las comisiones de deslinde. La de Soba incluía representantes del Gobierno de Cantabria (un letrado de los Servicios Jurídicos y un topógrafo de la Dirección General de Montes), además del alcalde, concejales y presidentes de las juntas vecinales. Espinosa de los Monteros, por su parte, estuvo representada por su alcalde y concejales y técnicos de la Diputación Provincial de Burgos y de la comunidad autonóma de Castilla y León. Tras unas primeras discrepancias de carácter técnico por la ubicación de los mojones del 3 al 10, finalmente, en enero de 2012, se alcanzó un acuerdo por ambas partes, refrendado en sesión plenaria por ambos municipios, y se establecieron las coordenadas del tramo litigioso.

El informe del profesor Baró sirvió al Ayuntamiento de Soba para hacer valer sus pretensiones, ya que las aspas de los molinos del parque eólico «mordían» el territorio cántabro. Gracias a aquel procedimiento, las juntas vecinales afectadas por el parque eólico (Villar, Valceba y Bustancillos) perciben 40.000 euros anuales de la empresa que lo explota, y el Ayuntamiento de Soba, 4.500 euros del Impuesto de Bienes Inmuebles, unos ingresos muy jugosos para las arcas locales.

Pero cuando los burgaleses comenzaron a abrir pistas forestales en el monte Hazana, los sobanos se llevaron las manos a la cabeza y comenzaron a recopilar documentos para reivindicar la propiedad. «Vamos a llegar a donde sea necesario, incluso al Supremo», enfatiza Cecilio García.

Evitar el ridículo

«No discuto que tengan razón, pero no podemos entrar en guerras absurdas sin tener datos concretos porque podemos hacer el ridículo. Pero si encontramos unos indicios sólidos de que ese terreno es de Soba, lo reclamaremos hasta donde tengamos derecho», asegura Fuentecilla. El Ayuntamiento «da por buena» la fijación de los mojones del 1 al 10, reconocida en 2012, porque el resto no se ha realizado todavía. «Lo que falta habrá que solucionarlo en su momento y, si se demuestra que ocupan nuestro territorio, reclamaremos», avisa. Fuentecilla no esconde que «institucionalmente no ha habido buenas relaciones con Espinosa de los Monteros», municipio burgalés con que el que se enfrentó también a consecuencia del deslinde del Picón del Fraile y los terrenos donde se ubicó la base militar. «En principio, Espinosa cobró toda la licencia. Soba reclamó e intervino de nuevo el IGN y se comprobó que una mayor parte de la base militar estaba en nuestro municipio».

En el Gobierno, García Carmona no tiene constancia alguna de la sentencia de 1734, pero la experiencia le dice que «cuando hay un acuerdo entre dos términos municipales y es homologado por el IGN, es prácticamente inamovible. Si hubo una sentencia en 1734, alguien tenía que haberla aportado cuando se hizo el deslinde de 1924. Nadie lo hizo y todo el mundo lo ratificó. Tampoco nadie dijo nada cuando se revisaron los límites con ocasión de la instalación militar o de los parques eólicos. Pero el Gobierno estaría dispuesto a analizar el caso», dice, dejando abierta la puerta a escuchar a los sobanos.

 

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