Los vecinos afectados por la subida catastral no pagarán las reclamaciones de 2010

El Ayuntamiento de Laredo aseguró este martes que los contribuyentes laredanos que se han visto afectados por la reciente regularización del valor catastral de sus propiedades evitarán el pago de las cantidades reclamadas relativas al año 2010. Según añaden, "esta exención es fruto de las gestiones impulsadas por el alcalde, Ángel Vega, ante el Ministerio de Hacienda para evitar la retroactividad de la actualización catastral".

En base a este planteamiento, se considera prescrita la deuda correspondiente al año 2010. En la práctica ello supone que cada uno de los vecinos afectados recibirá próximamente en sus casas una carta explicándoles esta medida, que supondrá un ahorro aproximado del 20% de las cantidades pendientes de regularización.

Y en el caso de aquellos que ya hayan abonado dicho pago, éstos deberán reclamar en el propio Ayuntamiento su devolución, que se hará de manera inmediata. Finalmente, señalan las mismas fuentes que el caso de que no se haya abonado aún dicha tasa, directamente su pago quedará anulado.

El argumento que ha esgrimido el alcalde para evitar este cobro a los ciudadanos es contemplar la comunicación individual -producida durante el presente ejercicio- como fecha de referencia para calcular la retroactividad de cuatro años que establece la ley.

A diferencia de este planteamiento, desde Hacienda se tomaba como referencia el año 2013, que fue cuando se publicó la normativa que anunciaba de manera genérica la revisión catastral.

Ángel Vega se ha mostrado "razonablemente satisfecho porque hemos apurado hasta donde la legalidad nos lo ha permitido para evitar en lo posible el impacto de esta regularización".

Conflicto

La recepción de las misivas que recibieron los vecinos afectados por la regularización catastral, con carácter retroactivo, motivó el rechazo de la medida que trasladaron de forma directa al alcalde. La sorpresa y, para muchos, la indignación, fue de las que hacen época. De hecho, hace unas semanas, previo al Pleno que trató del asunto, el regidor municipal se reunió con los afectados en el propio salón de plenos y se comprometió a hacer "todo lo humana y legalmente posible" para evitar la aplicación con carácter retroactivo de la actualización del valor catastral impuesta por el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General del Catastro. Incluso aseguró que en caso de que por imperativo legal se tuviera que mantener dicha retroactividad, "el equipo de gobierno propondría al Pleno de la Corporación el pago aplazado, sin intereses, de las cantidades adeudadas, hasta un máximo de 10 años".

Con respeto a la revalorización del catastro, cabe añadir que, en algunos pasos, suponen incrementos de hasta el 800%. Ahora, con la exención del año 2010, en la circular que recibirán los vecinos se incluirá información relativa a la posibilidad de acogerse al fraccionamiento en el pago que contempla la ordenanza municipal, hasta un máximo de 18 meses.

En aquellos casos excepcionales que requieran un fraccionamiento mayor al establecido, deberá ser la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Contratación la que estudie individualmente cada caso y haga la propuesta de resolución correspondiente. Pero en ningún caso dicho pago aplazado será sin intereses, porque dicha fórmula resultaría ilegal, al incurrir en una situación de agravio respecto a situaciones análogas acaecidas en el pasado.