La devolución del impuesto de las hipotecas costaría 5.000 millones a las arcas autonómicas

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. /EFE
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. / EFE

Hacienda tiene preparado un plan por si el Supremo establece la retroactividad fiscal de cuatro años, hasta que reclamen ese dinero a las entidades financieras

José María Camarero
JOSÉ MARÍA CAMAREROMadrid

Si el Tribunal Supremo establece definitivamente hoy el criterio de que son los bancos los que tienen que pagar a partir de ahora el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) y, a la vez, de que se establece una retroactividad tributaria de cuatro años para los clientes que hayan abonado ese tributo al formalizar sus créditos, el primer impacto será para las arcas de las comunidades autónomas. Las regiones son los organismos encargados de recaudar ese impuesto, que ahora tendrían que reintegrar a quienes lo soliciten por un valor estimado en unos 5.000 millones de euros. Ese es el cálculo que maneja la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el caso de que el alto tribunal opte por esa solución al conflicto generado entre la Sala de lo Contencioso-Administrativo y la de lo Civil, con sentencias opuestas.

Montero ha anticipado que su departamento tiene preparado un «plan» en caso de que la sentencia sea favorable a los compradores de vivienda, y que pasaría por una coordinación entre las comunidades autónomas y la banca. La ministra ha avisado de que las administraciones territoriales reclamarían ese dinero a las entidades financieras, al establecerse que son el sujeto pasivo del AJD no solo a partir de ahora, sino, al menos fiscalmente hablando, desde octubre de 2014, el plazo máximo de prescripción tributaria establecido en España por el que se pueden realizar reclamaciones de esta índole.

El plan de Hacienda también estima que estas devoluciones, aunque sean temporales, afecten al déficit público. Sería un periodo en el que coincida con la reclamación a las entidades financieras para que el déficit no lo tengan que soportar las cuentas públicas. «Si eso ocurriera», ha afirmado, supondría un incremento de cuatro o cinco décimas en el objetivo de déficit, lo que «pondría en riesgo la salida del procedimiento del déficit excesivo».

A través del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, las comunidades autónomas vienen recaudando una media de unos 1.500 millones de euros en los dos últimos años. Hasta 2015, según los últimos datos proporcionados por el REAF, las regiones que más dinero han ingresado por esta figura tributaria han sido Cataluña (casi 360 millones de euros), Andalucía (335 millones) y la Comunidad de Madrid (290 millones). Al mismo tiempo, las regiones donde se dan mayores incrementos, como consecuencia de la recuperación económica e inmobiliaria -una actividad muy ligada al AJD- son Comunidad Valenciana (un 27,5% más) o Baleares (un 35%).

Módulos de los autónomos

La ministra de Hacienda también ha anticipado durante un foro público que ha tenido lugar esta mañana la intención del Gobierno de prorrogar el umbral para que los autónomos puedan acogerse a la tributación simplificada o por módulos, que no se modificará como estaba previsto. Montero ha explicado que el Ejecutivo de Rajoy quería rebajar el umbral para acogerse a esta tributación simplificada, que iba a entrar en vigor en 2019. Se trata de una medida, criticada por las organizaciones de trabajadores por cuenta propia, sobre la que el Gobierno actual ha decidido prorrogar los límites actuales, según ha explicado la ministra.

Además, ha cifrado entre 1.100 y 1.200 millones de euros el impacto de las devoluciones derivadas de la decisión del Tribunal Supremo de dictaminar que las prestaciones de maternidad están exentas del pago del IRPF. La ministra ha avanzado que la herramienta para reclamar esta devolución -también en los cuatro últimos años- «estará disponible en unos días» a través de la Agencia Tributaria.

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