El Gobierno reparte culpas por el apagón entre Red Eléctrica y las grandes energéticas

Sin citar nombres propios, el Ejecutivo apunta a que el pasado 28 de abril no hubo «suficiente control de tensión» del sistema eléctrico y las centrales de generación convencional «no estaban preparadas para controlar esa tensión». Reparte así culpas entre Red Eléctrica Española (REE) y las grandes energéticas en su explicación sobre qué ocasionó el mayor cero energético en Europa en este siglo.

Con esta postura, Moncloa evita depurar responsabilidades y pasa la patata caliente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como supervisor del sector y a la Audiencia Nacional, que son los órganos competentes que tendrán que dirimir quién es el responsable de pagar las indemnizaciones a las empresas y particulares afectados por el apagón.

La información facilitada es confidencial a petición de las empresas para «proteger los procedimientos que se derivan de estos hechos», detalló Aagesen, en referencia a futuros procedimientos judiciales.

Esta misma semana la ministra comparecerá en la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados del Congreso -la popularmente conocida como de 'secretos oficiales'- para abordar todos aquellos elementos que, por cuestiones de Seguridad Nacional, se han omitido o anonimizado en el informe.

El Gobierno, que ha acelerado en la última semana las pesquisas de su comité de expertos -coincidiendo con la publicación de las grabaciones que incriminan al último secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en un caso de corrupción- subraya que el informe «no es un examen judicial», sino que se trata de llegar a un diagnóstico para que no vuelva a producirse.

«Había parque de generación suficiente para responder», aseguró Aagesen. Según sus explicaciones en un relato milimétrico, el día anterior al apagón Red Eléctrica programó inicialmente diez centrales térmicas. Y unas horas después, una de ellas se declaró indisponible. El operador «decidió no reemplazar esa central en las horas centrales del día», detalló la ministra. Y, en consecuencia, el sistema eléctrico operó el día 28 de abril con «menor potencia reactiva que en cualquier otro día del año».

El Gobierno infiere que algunas de las medidas que activó el operador agravaron la subida de tensión, en lugar de amortiguarla. Aunque en todo momento ha puntualizado que Red Eléctrica cumplió con lo establecido en los protocolos de operación, cuya revisión y actualización dependen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y del propio Ministerio.

En lo que concierne a las eléctricas, el informe señala que las centrales convencionales disponibles para controlar esa tensión -gas, nucleares o carbón- y que son esencialmente propiedad de Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, «no estaban regulando la tensión según lo previsto en la normativa». En concreto, ninguna de las nueve centrales convencionales respondieron como se esperaba. Por lo que, aunque todas las centrales que debían aportar este colchón de seguridad reaccionaron de forma insuficiente, contribuyeron a añadir más «sobretensión».

Esta suma de factores provocó que unos minutos antes del apagón la tensión fuera muy elevada y sostenida, provocando desconexiones de las generadoras. En concreto, empezaron a desconectar por las provincias de Granada, Badajoz, Segovia, Huelva y Cáceres. Si bien algunos de esos «disparos», en argot técnico, se produjeron por seguridad, otras saltaron «de manera indebida y a su vez contribuyeron a este fenómeno de escalada de tensión»», recalcó Aagesen, deslizando un segundo argumento de responsabilidad sobre las grandes eléctricas.

El documento concluye que «no existe evidencia de ciberincidente o ciberataque» como causa de la crisis, como descartó la propia Red Eléctrica el mismo día del apagón. Aagesen, no obstante, apuntó a que sí se han detectado «vulnerabilidades» que podrían «exponer las redes o los sistemas a potenciales riesgos futuros».