Vuelta a la fábrica a los 66 años de edad

El delegado de USO en Solvay retornó el pasado 1 de junio al complejo industrial como consecuencia de la retirada del crédito horario adicional para las organizaciones sindicales con más de un 10% de afiliación, que en el caso de la planta torrelaveguense suponía 130 horas al mes de liberación suplementaria para los sindicatos además de las 40 asignadas a cada miembro del comité de empresa.

Esta decisión, impulsada a instancias de UGT tal y como explican tanto la empresa como USO, ha derivado en un conflicto con la entidad afectada, que no se ha puesto de acuerdo con Solvay en la forma de acreditar fehacientemente que disponía de esa proporción de afiliados entre la plantilla. Como consecuencia, hace casi un mes que Vía volvió a la que ha sido la compañía de su vida, en un puesto que ya ni siquiera existe y que cuando se jubile quedará amortizado.

«Dejé la actividad sindical en Madrid y regresé a Santander con idea de retirarme. USO me pidió que esperara un poco y que ya, una vez cumplidos los 67 años en julio, se podía ir preparando la jubilación. En este tiempo es cuando ha sucedido el problema actual con la petición de UGT para cambiar una cuestión que se ha mantenido inalterable desde 1979», explica el afectado.

¿Dónde está el punto de fricción? Según Vía, «acreditamos con un certificado de la Secretaría General, como hacemos en todas las empresas de toda España, el número de afiliados que poseemos actualmente pero la compañía nos dijo que no servía. Presentamos un segundo documento advirtiendo de que no podemos divulgar la identidad de nuestros afiliados y que, por la Ley de Protección de Datos, debemos preservar sus nombres, por lo que entregamos una relación con los números de afiliado. Solvay nos dijo de nuevo que no, por lo que optamos por un acta de un notario, que se presentó en la sede del sindicato, para dar fe de nuestros afiliados en la compañía. A la Dirección tampoco le sirvió esto y nos retiró el crédito horario, por lo que me he reincorporado con normalidad».

Consultada por este periódico, Solvay precisa que ha propuesto a USO diversas fórmulas para demostrar que alcanza en Barreda el 10% de afiliación, desde la Inspección de Trabajo hasta un notario que coteje el listado del sindicato con el que obra en poder de Recursos Humanos, «pero se han negado». La química sostiene que no tiene mayor interés en eliminar el crédito horario de USO y que en cuanto pruebe que cuenta con el porcentaje que esgrime se le devolverán esas horas de liberación. Sólo quieren que lo ratifique un tercero neutral, manifiestan.

«Como no tengo ningún problema, vuelvo a mi puesto de trabajo. Eso sí, a un puesto que ya no existe y que cuando me marche será amortizado. Si estuviera quitando el hueco a un joven ya me hubiera ido», anota Vía, que amplía que ha llevado el asunto a los tribunales. En concreto, una demanda al Juzgado de lo Social por vulneración de principios fundamentales, entre ellos el de libertad sindical, «al habernos quitado el crédito horario sin justificación, a nuestro juicio».

Pero más importante aún. «El mecanismo utilizado por la empresa para comprobar los afiliados reposa en los pagos detraídos de las nóminas. Como CC OO y UGT tienen el porcentaje de afiliados por esta vía y USO no, entra por este camino. Sin embargo, los datos que se dan a una empresa para un fin concreto no pueden ser empleados para un objetivo diferente, por lo que en nuestra opinión se ha vulnerado la ley de protección de datos». De hecho, USO ha puesto una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos por estos hechos.