Álvaro García Ortiz, el acusador condenado

Fue así, con ese canto a su verdad, la que cinco de los siete magistrados que le juzgaban no se han creído, con la que Álvaro García Ortiz vino a resumir el cariz épico que siempre ha tratado de conferir a lo que hizo y no hizo en aquellas horas entre el 13 y el 14 de marzo de 2024 que se aprestan no solo a inhabilitarlo, sino a expulsarlo también de la carrera fiscal. El acusador trasvestido en acusado siempre reivindicó su inocencia y, también, que su única motivación para dar explicaciones públicas sobre la situación procesal de Alberto González Amador, encausado a su vez por fraude tributario, fue la de combatir un «bulo»: el lanzado al aire de las redes por Miguel Ángel Rodríguez, el muy curtido jefe de Gabinete de la presidencia madrileña que extendió la especie de que la Fiscalía había ofrecido un pacto de conformidad a la pareja de Ayuso, cuando era justamente al revés. El anzuelo, improvisado o premeditado, ha terminado con el fiscal general sentenciado. A la espera del contenido literal de la sentencia, lo que considera acreditado la mayoría de la sala enjuiciadora es que el bulo fue la versión de García Ortiz de unos hechos cuyas consecuencias van a marcar una línea roja indeleble en el Estado de Derecho.

El fiscal salmantino (Lumbrales, 1967) apenas había saltado a las páginas de los periódicos como el togado del Ministerio Público que llevó la causa en Galicia por desastre medioambiental provocado por el chapapote del 'Prestige' antes de que la retirada por problemas de salud de Dolores Delgado, su amiga y mentora, de la cúpula de la Fiscalía del Estado le abriera la puerta a ser él el promocionado por el Gobierno. Su elección, condicionada desde el inicio por dos factores -su cercanía a Delgado, envuelta en la polémica desde que Pedro Sánchez la pasara directamente de ser ministra de Justicia a fiscal general, y la falta de 'auctoritas' que le atribuye una parte notable de la carrera-, ya vino marcada por la acusación de proximidad al PSOE a raíz de unas imágenes en las que se le veía participando en un acto de los socialistas gallegos en 2019.

Sánchez, sobre el que siempre pesará aquella respuesta retórica en RNE referida a la persecución entonces de Carles Puigdemont -«¿De quién depende la Fiscalía?»- no ha contribuido a despejar la sombra de sospecha sobre García Ortiz tras defender la inocencia de «mi fiscal general». Tampoco lo han hecho las instantáneas de complicidad que García Ortiz ha prodigado con el propio presidente, su mujer -encausada también ante los tribunales- y otros integrantes del Gobierno. Y en estos tres años de mandato, el aludido se ha erigido en emblema -para mal- de las primeras veces. Desde este 20-N que ya será recordado por algo más que el aniversario de la muerte de Franco, García Ortiz es el primer jefe de la acusación pública española en ser condenado por la comisión de un delito por el Supremo en su condición de aforado. El veredicto representa el colofón a haber sido el primero, también, en ser investigado y en verse procesado.

Nunca antes, tampoco, una autoridad del Estado como la que aún ostenta había sido considerado «inidóneo» para desempeñar su responsabilidad por el Consejo General del Poder Judicial. Pese a ello, Sánchez lo confirmó en el cargo tras las generales del 23-J de 2023. El Senado, con mayoría absoluta del PP, lo reprobó después, mientras crecían las voces discordantes entre sus subordinados por su proceder. Y mientras empezaba a protagonizar un pulso con la Sala de lo Contencioso del Supremo, que frenó sus intentos de promocionar a fiscal de Sala a Dolores Delgado por desviación de poder; el eufemismo jurídico del enchufismo. Pulso que también libró, este en su propia casa, con los cuatro fiscales del 'procés', a los que impuso jerárquicamente su criterio favorable a aplicar la ley de amnistía a Puigdemont.

Con fiscales teniendo que declarar en el juicio abierto a su superior -desnudando la guerra intestina entre la cúpulas del Tribunal Superior de Madrid y la Audiencia Provincial- y con su número dos, María Ángeles Sánchez Conde, ejerciendo de defensora en vez de acusadora, el ya 'caso García Ortiz' ha dejado al descubierto la imposibilidad de remover de su puesto a la máxima autoridad del Ministerio Público ante semejante tesitura, salvo que fuera él mismo quien optara por apartarse; una salida que le ha exigido la oposición política y buena parte de la carrera fiscal, en vano.

Los legisladores de la Transición no previeron -cómo iban a hacerlo- que el jefe de los acusadores del Estado pudiera incurrir hipotéticamente en comportamientos delictivos. Y la Fiscalía ha encarado así un hito sin precedentes en una institución por cuya dirección han pasado 17 togados desde 1978 y sobre cuya independencia, resguardada por el espíritu constitucional, han planeado siempre las tormentas del intervencionismo político. En estos 47 años, los avatares del Ministerio Público han registrado cuatro dimitidos, un destituido e incluso un fallecido en pleno ejercicio del cargo. Jamás, hasta este 20-N, un relevo forzoso por una condena judicial. La que ha borrado la jovialidad del rostro casi siempre sonriente de Álvaro García Ortiz.