La Policía atribuye a un hacker canario de 19 años la filtración de datos de Sánchez y de ministros

Junto a Yoel fue detenido su amigo Cristian Ezequiel S.M., quien según fuentes de la investigación era conocedor de las actividades del hacker y participaba de alguna forma en ellas. Ambos están siendo investigados por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, amenazas terroristas y terrorismo informático con finalidad de desestabilización, coacción a las instituciones del Estado e intimidación a colectivos relevantes desde el punto de vista de la estabilidad institucional como políticos y periodistas.

Ambos detenidos fueron trasladados este mismo martes a Madrid para que presten declaración por estos hechos el jueves en la Audiencia Nacional. Según las pesquisas, estas personas participaron en dos chats de Telegram (canal de mensajería instantánea) en los que se filtraron los datos personales del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ministros, presidentes de comunidades autonómicas, cargos de relevancia pública, periodistas y militantes de partidos de izquierda.

El magistrado de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge es el encargado de estas diligencias que provocaron una gran alarma entre los vecinos de Arinaga, debido al importante dispositivo policial desplegado para llevar a cabo estas dos detenciones. Por una parte, Yoel no respondía inicialmente al perfil de hacker profesional, según los agentes responsables de la investigación, aunque pudieron seguirle el rastro hasta conseguir su identificación y posterior arresto en una causa que permanece secreta.

La Policía Nacional procedió a su captura y, por orden de la autoridad judicial, llevaron a cabo una entrada y registro en su domicilio en la que practicaron varias diligencias como la intervención de numerosos dispositivos electrónicos. Ahora, tendrán que acceder a las sesiones de usuario de estos elementos para examinar todo tipo de aplicaciones de almacenamiento de datos, tanto locales como remotas, incluidas plataformas de mensajería como Telegram, WhatsApp, redes cifradas como TOR, I2P o Freenet, cuentas de correo electrónico, almacenamiento en la nube, así como redes sociales y servicios de comunicación por voz, texto y vídeo, según la autorización decretada por la autoridad judicial.

También el magistrado accedió expresamente al análisis de conversaciones o elementos que contengan indicios de interés para la causa, así como la verificación de conexiones remotas, cifrado y posibles mecanismos de acceso restringido. En el supuesto de que hallaran cuentas activas en redes sociales o aplicaciones de mensajería, como Discord, Facebook, Twitter, YouTube, Telegram, Skype u otras análogas, también interesó el acceso a sus contenidos, así como a publicaciones, mensajes directos, vídeos o cualquier otro material que se almacene en dichas plataformas.

El juzgado acordó, además, la aprehensión e intervención de todos los dispositivos susceptibles de contener datos relevantes, como tarjetas SIM, unidades USB, discos duros, tarjetas SD, así como cualquier otro soporte conectado a los sistemas intervenidos.

En relación con posibles instrumentos financieros, la autoridad judicial autorizó la localización e incautación de dinero en efectivo, así como de tarjetas bancarias u otros medios de pago que pudieran estar vinculados al delito o a otros hechos conexos, como fraudes. También permitió la localización de monederos electrónicos y servicios de gestión de criptomonedas, autorizando expresamente la incautación in situ de activos digitales en caso de detectarse operaciones o fondos asociados al caso investigado.

Estas actuaciones también se ejecutaron contra el otro investigado, Cristian Ezequiel S.M., que aunque nació en Puerto del Rosario, vivía también con su familia en Playa de Arinaga y trabajaba en un negocio junto a sus progenitores. Los agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional tratan ahora de determinar el grado de participación de este segundo joven en los hechos, aunque según sostuvo a este periódico su abogado Raúl Curbelo Gómez, no tuvo «nada que ver» en estos hechos.

Entre otros asuntos, los investigadores están analizando el hackeo de un documento de unas 500 páginas con información reservada del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, la presidenta de Extremadura, María Guardiola, o la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau. En el caso concreto de Sánchez, se ha filtrado su DNI, fecha de nacimiento y dirección de su domicilio particular, pero no su teléfono móvil.

También se han publicado datos personales que afectan a nueve ministros, entre ellos María Jesús Montero, Félix Bolaños, Óscar Puente, Yolanda Díaz o Fernando Grande-Marlaska, así como de la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, el del Senado, el popular Pedro Rollán, el presidente catalán Salvador Illa o la líder de Podemos Ione Belarra.