«El fiscal general tenía que haber activado los mecanismos para saber quién filtró»

Durante su ponencia, que se enmarca dentro del ciclo 'Ideas y Maestros' que organiza la Consejería de Cultura a través de la Dirección General de Cultura, Guadalupe Sánchez, hizo un somero repaso a los «problemas» que acechan a los poderes e instituciones del Estado.

En primer lugar, se refirió al poder legislativo, que considera que está «deslegitimado» porque «ni siquiera cumple con la obligación que marca la Constitución de aprobar un presupuesto anualmente». «El Parlamento no sirve ni para saber la opinión del Gobierno sobre las diferentes polémicas, ya que no responden a lo que se les pregunta», aseveró.

Igual de deslegitimado está, en opinión de esta prestigiosa abogada, el Poder Judicial, como consecuencia de su «politización». Según denunció, desde hace años se ha buscado que «personas sin mérito y capacidad entraran por la puerta de atrás a la carrera judicial». Una circunstancia que ahora se puede «agravar» si sale adelante la 'ley Bolaños', que, según explicó, refuerza la entrada de «jueces a dedo (por el cuarto turno), cambia la metodología de los exámenes pasando a tener criterios de puntuación más subjetivos, y consolida a los interinos, aquellos que sin tener la carrera de Derecho pueden acabar poniendo sentencias».

Sánchez también se refirió al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y aseguró que «llevamos sumidos en una inconstitucionalidad constante en lo que afecta a este «órgano político», puesto que su composición es «un copia exacta del reparto de fuerzas en el Parlamento».

En su opinión, la solución pasa por «despolitizar este órgano para acabar con la pésima imagen que se traslada a la ciudadanía». ¿Cómo? «Reformando la Constitución para que no quede ningún matiz interpretativo».

Otro de los problemas que mencionó la abogada del emérito –que no hizo ninguna referencia al pleito que mantiene con Revilla–, fue el papel del Tribunal Constitucional, «que se ha convertido en un tribunal VIP». ¿Por qué? Pues en vista de las últimas polémicas resoluciones como el caso de los ERE de Andalucía o la amnistía. Respecto al primer asunto, Sánchez explicó que la sentencia del TC fue «inédita», ya que «cuestionó la valoración probatoria que hizo la Audiencia Provincial y la corrigió, casó la sentencia y corrigió la pena y acusó al Supremo de desconocer la separación de poderes».

En el caso de la amnistía, la letrada consideró que «la sentencia es una enmienda a la totalidad de los principios de la Constitución». «La amnistía supone que el poder político decide quién se sienta delante de un juez, y Sánchez evita que gente como Puigdemont sea detenido y permite que pueda presentarse de nuevo a unas elecciones. Es una reforma encubierta de la Constitución», aseveró, al tiempo que dijo que la solución pasa por «impedir que acceda gente tan politizada al Constitucional».

Por último, Sánchez también hizo una referencia a la situación de la Fiscalía, que, en su opinión, requiere una serie de cambios. «El presidente de España no debería elegir al fiscal general del Estado y el mandato de este último no debería coincidir en el tiempo con el gobierno de turno. Además, es necesaria una reforma de la ley para que el fiscal general pueda ser suspendido y se garantice la autonomía de los fiscales de a pie».