El Gobierno da un ultimátum de seis meses para destruir todas las 'narcolanchas'

Persecución de una 'narcolancha'. /Guardia Civil
Persecución de una 'narcolancha'. / Guardia Civil

El decreto que prohíbe las simirrígidas fija hasta cinco años de cárcel para los dueños de las neumáticas que sigan operativas en abril

Melchor Sáiz-Pardo
MELCHOR SÁIZ-PARDOMadrid

«Es un ultimátum en toda regla», afirman los mandos de la Guardia Civil del Estrecho, hartos, dicen, de que «los narcos se rían» en su cara. La letra pequeña del real decreto que el Gobierno aprobó el pasado 26 de octubre para declarar «género prohibido» las 'narcolanchas' va mucho más allá de las medidas que el Ejecutivo detalló en un primer término. La batalla a estas semirrígidas -desvela el texto ya oficial- será total. El decreto, muy exhaustivo y en cuya redacción han participado los principales expertos de Guardia Civil, Policía y Vigilancia Aduanera, amenaza con cárcel la mera modificación de barcas de serie para darles más velocidad.

La amenaza, esta vez, es real. El simple hecho de poseer una 'narcolancha', aunque no haya indicios de que jamás haya salido al mar, esta vez no tendrá una simple sanción. Puede suponer el ingreso en prisión, ya que el Ejecutivo ha incluido finalmente a estas embarcaciones como un «género prohibido» más de la Ley de Represión del Contrabando de 1995, que castiga con entre uno y cinco años tener en propiedad esos artículos ilegales.

El Ejecutivo tiene prisas. Según el texto, en el plazo de seis meses, que expira el 27 de abril de 2019, cualquier persona que tenga una lancha de este tipo tiene que haberla destruido o haberla inscrito en el recién creado Registro de Operadores de Embarcaciones Neumáticas y Semirrígidas de Alta Velocidad, dependiente de la Agencia Tributaria. No hacerlo, será directamente persiguible, como ya avisa el Ejecutivo, en el propio real decreto, en el que anticipa que la nueva regulación «permitirá incautarlas (las 'narcolanchas') incluso en tierra y sin carga ilícita».

«Indicios racionales»

Los mandos de la seguridad del Estado de Cádiz destacan especialmente que la propia definición en el decreto de lo que se considerará una semirrígida es tan amplia, que será difícil que los narcos encuentren trucos para burlar la nueva normativa. 'Narcolanchas' no serán únicamente las embarcaciones con una eslora menor o igual de ocho metros con una potencia igual o superior de 150 kilovatios (200 caballos).

La Administración se deja manga muy ancha para actuar. Lo hace bajo el epígrafe de «indicios racionales», que le potesta para prohibir cualquier tipo de embarcación por la mera sospecha de que podría dedicarse al tráfico de drogas o personas. Y ahí, según los expertos, radica la «potencia» de este decreto. Serán 'narcolanchas' las barcas que no se registren o matriculen; las que sean «modificadas de forma significativa» respecto al «proyecto de construcción original», especialmente si es para darles más potencia o para incluir «tanques adicionales» de combustible; o las que tengan dobles fondos.

Pasan igualmente a ser barcas proscritas las que tengan la más mínima manipulación en los sistemas visuales, acústicos o radioeléctricos de posicionamiento; las que naveguen sin exhibir las luces reglamentarias; las lanchas con «navegación errática a rumbos diversos»; las que estén patroneadas por capitanes con «incongruencias» entre la derrota declarada y la actividad a realizar; o las que estén equipadas con materiales que dificulten la detección, tales como pinturas antirradar.

La nueva legislación amenaza con las mismas penas al comercio de este tipo de lanchas. El carácter de género prohibido se extenderá a la «fabricación, reparación, reforma, circulación, tenencia o comercio» de estos navíos.

Otro de los puntos fuertes de la nueva legislación -y que agrada particularmente a los investigadores- es que el Registro Operadores de Embarcaciones de Alta Velocidad, en el que deberán inscribirse los poseedores de estas barcas que aspiren a seguir usándolas, se va a convertir en una verdadera base de datos policial. El decreto da luz verde a que la Agencia Tributaria «ceda sin consentimiento del interesado» toda la información de este fichero a Aduanas, a las fuerzas de seguridad «con competencias en la investigación de los delitos de terrorismo, crimen organizado y contrabando» o al CNI.

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