Fallo sistémico

Los escándalos en el Partido Popular con sentencias sin precedentes provocaron un terremoto político aun más grave que el actual. Antes, la Administración de Felipe González también se vio afectada por escándalos semejantes. No es difícil concluir que la malversación en la vida política española constituye un problema que toca a más de una formación o a una sola época.

Evidentemente, la existencia de prácticas corruptas y de fraudes es un problema que no solo afecta a España, sino también a muchos otros países. Basta recordar, por ejemplo, que el presidente francés, Nicolas Sarkozy, fue condenado a tres años de prisión por cohecho o que la carrera del canciller alemán, Helmut Kohl, quedó en total descrédito tras las revelaciones sobre su participación en la financiación ilegal de su formación, la CDU. Quizás la tendencia tenga sus raíces en la naturaleza humana: quienes adquieren poder y riqueza pueden verse tentados a jugar con sus propias reglas. El reto para cualquier sociedad democrática es minimizar la posibilidad de la corrupción mediante la creación de sistemas que maximicen la transparencia para que los líderes puedan rendir cuentas de sus acciones.

Una forma de aumentar la transparencia de la vida política en España sería aumentar la responsabilidad individual de los representantes electos. Esto podría lograrse mediante una reforma del sistema electoral con listas abiertas o circunscripciones individuales. Un sistema como este no puede garantizar la ausencia de fraude ni corrupción. Sin embargo, puede ayudar a minimizar los casos y asegurar que se resuelvan con rapidez.

Hace 15 años, en Reino Unido, el Parlamento de Westminster se vio sacudido por un escándalo sobre las comidas reclamadas por los parlamentarios. La indignación pública fue enorme: en los casos más graves, los diputados fueron acusados de fraude y encarcelados, y más de 300, algunos muy afectados por la vergonzosa saga, no volvieron a presentarse a las siguientes elecciones.

El escándalo de los gastos manchó la legislatura británica y el daño a la reputación del Parlamento fue más que evidente.

Sin embargo, los acontecimientos también demostraron un punto fuerte del sistema. El mapa de Reino Unido está dividido en 650 circunscripciones electorales y cada una envía un diputado a la Cámara de los Comunes. En consecuencia, la dinámica del sistema británico es diferente a la del español. Para un diputado, la relación primordial es la que mantiene con los votantes de su circunscripción. La relación con la dirección y la burocracia de su formación es importante, pero, en última instancia, secundaria. La mayoría de los diputados pasan varios días en Westminster y regresan a su distrito electoral para una serie interminable de encuentros con los votantes.

Muchos celebran consultas a puerta abierta en las que cualquier elector puede reunirse con el diputado para tratar problemas particulares o asuntos de interés general. Las conversaciones son muy diversas, desde las más serias hasta las más estrafalarias, pero los diputados entienden que hay un voto detrás de cada una de ellas. La dinámica actual del sistema español es casi completamente opuesta.

Con las listas cerradas, el votante no tiene posibilidad de elegir a un candidato, ya que está obligado a votar por todos en la lista o por ninguno. Este sistema otorga un inmenso poder a la maquinaria de los partidos: la relación más importante para un diputado español no es con los votantes, sino con la dirección de su formación. A pesar de sus diferencias ideológicas, todas las formaciones comparten una estructura que parece casi estalinista.

Tras el escándalo en Reino Unido de los gastos, se reformó la ley y los votantes ya no necesitan esperar para sancionar a un diputado cuando su incumplimiento de las normas es grave. Los electores pueden exigir cuentas entre procesos electorales cuando, por ejemplo, un diputado es condenado por un delito penal como la malversación de fondos o es suspendido del Parlamento durante más de dos semanas. Si más del 10% de los electores firman una petición exigiendo una elección parcial, el diputado deberá dimitir o someterse a un nuevo comicio.

Ha llegado la hora de reformar la legislación también en España. No podemos permitir que continúen estas recurrentes crisis de corrupción. Un cambio de cara en La Moncloa no es suficiente. Los políticos de todo el espectro político tienen el deber de reconocer que el defecto reside en la propia estructura del proceso democrático y que, sin reformas, el problema seguirá siendo el mismo.

Parafraseando a lady Bracknell, el fracaso continuo no es simplemente un descuido, sino un acto de negligencia. Y el precio lo están pagando los votantes españoles.