¿Dónde está el derecho a una vivienda digna?

En nuestra región hay cientos de personas viviendo en alojamiento inseguros, bajo amenaza de desahucio o violencia, en infraviviendas, habitaciones o espacios hacinados. Nosotros acompañamos y defendemos a estas personas, para las que hacer frente al alquiler y a los suministros básicos supone no solo una imposibilidad a nivel económico, sino también una angustia continua que repercute directamente sobre su salud.

Vemos cada día que, sin una vivienda digna, es muy difícil acceder y, sobre todo, mantener otros derechos fundamentales como la educación, la sanidad o el trabajo. Y al hablar de vivienda digna no nos estamos refiriendo a pisos compartidos, albergues o alojamientos provisionales desde donde resulta francamente imposible conseguir cualquier tipo de estabilidad para generar un cambio o acceder a nuevas oportunidades. Un albergue puede solucionar el problema de los que duermen al raso, pero no se puede considerar una vivienda digna. Lo que necesitamos son hogares donde las personas puedan realizarse, retomar las riendas de su vida, rehacerse, vivir, convivir y crear redes. Nuestra experiencia nos dice que esa es la única forma de salir adelante.

Cuando más del 40% de los ingresos de una familia van destinados al pago de su vivienda, al hablar de rentas mínimas y salarios derivados de empleos precarios, lo que eso supone es un empobrecimiento en todos los sentidos. La igualdad de oportunidades se convierte en una utopía. Pensemos en esa situación y tratemos de responder ciertas preguntas. ¿Será de calidad la educación de esos niños? ¿Contarán con medios suficientes para hacer frente a sus demandas educativas? ¿Podrán disfrutar las personas y familias de una buena salud cuando no es posible pagar los suministros de esa vivienda? ¿Participarán en las actividades de ocio que propone la comunidad?

Los interrogantes podrían continuar porque cuando la prioridad es el pago del alquiler y el temor al desahucio está tan presente, la angustia lo paraliza todo.

La pandemia no ha hecho otra cosa que poner al descubierto la vulnerabilidad de este derecho. No es lo mismo pasar el confinamiento en una casa con espacios generosos y un pequeño jardín o balcón que hacerlo en una habitación de un piso y, por tanto, los problemas derivados de ese encierro no afectan por igual a todos.

En los últimos 40 años, las políticas que garantizan el acceso a la vivienda han brillado por su ausencia. Durante todo este tiempo, sólo se ha tenido en cuenta la vivienda como un bien económico y de inversión, pero no se ha valorado la necesidad de satisfacer las necesidades básicas de las personas y creemos que ha llegado el momento de replantearse esta cuestión. Confiamos en que la futura ley contemple la vivienda como un derecho humano, como un bien inclusivo, accesible, universal y sostenible. Sabemos que el hogar es el elemento imprescindible para poder vivir con dignidad. Sin un espacio físico para cobijar a los más desfavorecidos, resulta muy difícil crecer como persona, y poder ejercer otros derechos fundamentales como el empleo, la educación, la participación, la salud o la protección social.

Desde el Gobierno regional ya han avanzado que un objetivo de la futura ley que se está tramitando es el de multiplicar por diez la oferta púbica de alquiler asequible, alcanzando una cifra de 3.000 viviendas públicas para el año 2030.

Y, sinceramente, nos parece un objetivo ambicioso, pero desde Cáritas creemos que, no es tan importante levantar edificios de nueva construcción, como lo es el poner en marcha un proceso de captación de vivienda ya existente y vacía. Es evidente que para las personas con rentas sociales o salarios mínimos derivados de empleos precarios (trabajadores pobres) no es sencillo acceder a una vivienda de alquiler. Por eso ponemos en valor la fórmula que ya funciona en otras comunidades autónomas donde es el propio gobierno el que alquila a los propietarios para ofrecer después esas viviendas a los más vulnerables cubriendo la diferencia entre lo que pueden pagar, que no debería superar el 30% de sus ingresos incluyendo los suministros básicos, y el precio de mercado pactado con el arrendatario.

Con esta fórmula, ya inventada y probada, lo que se consigue es facilitar la integración real de las personas. Hablamos de viviendas diseminadas por barrios desde donde resulta más fácil rehacerse que cuando se concentra a la población vulnerable en un bloque de nueva construcción a las afueras de los núcleos urbanos o en entornos alejados de oportunidades reales. Estamos convencidos de que ha llegado el momento de dejar a un lado los beneficios económicos asociados tradicionalmente al concepto vivienda. No podemos seguir considerándolo únicamente un bien de inversión y consumo. Es necesario anteponer los derechos sociales. Las personas tienen que ser los principales destinatarias de las políticas que han de centrarse en los derechos humanos. Esto no es algo que se nos ha ocurrido a nosotros. Desde Cáritas pedimos a los poderes públicos que cumplan el mandato de la Constitución, a la que tanto recurren en otras cuestiones, para construir una sociedad más justa y digna.