Apagar el fuego cruzado
La labor callada para extinguir la veintena de incendios aún activos contrasta con el ruido de los reproches entre administraciones
Cuatro provincias, Ourense, León, Zamora y Cáceres, se adentran en la segunda semana de incendios catastróficos con la esperanza de que el cambio en las ... condiciones meteorológicas ayude a encauzar un episodio trágico que ha devorado solo en agosto unas 345.000 hectáreas de superficie arbolada y monte bajo. La combinación de una gestión forestal a todas luces insuficiente con los registros de récord de la última ola de calor, propiciada por la crisis climática, abonó el terreno para unos fuegos en los que han fallecido cuatro personas y otras catorce han resultado heridas. La valoración de los daños materiales está todavía pendiente de la definitiva extinción de los siniestros, cuando miles de afectados comuniquen a aseguradoras y autoridades una factura que se teme multimillonaria.
Aunque las temperaturas vuelven a acomodarse a la estación, persisten los fuertes vientos que dificultan la lucha contra la veintena de grandes incendios todavía activos en Galicia, Castilla y León y Extremadura. Un combate que concentra sin tregua a 3.200 militares –con la UME desplegada al completo– y a cientos de bomberos de los territorios afectados, de otras ocho comunidades autónomas y siete países del resto de Europa, con sus correspondientes dotaciones de medios materiales. Un trabajo ejemplar en el que profesionales y voluntarios arriesgan la salud y hasta la vida, en un silencio que contrasta con el ruido ensordecedor de reproches que el mundo de la política introduce en lo más urgente, apagar los fuegos para permitir que miles de evacuados vuelvan a sus localidades; y en lo aún más exigente que está por venir, la reconstrucción de lo dañado y el análisis de fallos y carencias de los que seguramente no se libra institución alguna.
El pacto de Estado para afrontar el cambio climático propuesto por Pedro Sánchez debería servir de punto de encuentro para que las administraciones –desde sus respectivos ámbitos competenciales– reflexionen sobre los escasos 100 millones al año que se dedican a gestión forestal; sobre la despoblación y el envejecimiento del mundo rural, la desaparición de cultivos y cuidados que los fuegos de estos días ponen de relieve. La adhesión de la Unión de Agricultores y Ganaderos a este debate imprescindible marca la senda por la que ahora debe transitar una clase política a la que los ciudadanos exigen que salga del lodazal del fuego cruzado y trabaje unida.
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